Las protestas sociales pueden y deben ser una alternativa válida para que las comunidades se manifiesten en múltiples sentidos, opción que el gobierno debe recibir evaluando y analizando los motivos, incomodidades, desagrados o molestias ciudadanas, a la vez que construye acercamientos generadores de soluciones al descontento. Es decir, debemos encontrarnos ante una herramienta que facilitará el diálogo frente a situaciones fastidiosas para la sociedad, muchas veces ignoradas, olvidadas o desconocidas por el gobierno.
Pero desafortunadamente en estas manifestaciones, salvo contadas excepciones, se presentan los agitadores profesionales dedicados al saboteo del acto mediante la alteración del orden público, dando al traste con el resultado esperado.
Estos personajes tienen un comportamiento bien singular con matices originales, porque en medio del fragor que con su presencia y actitud generan, desarrollan actividades dantescas y riesgosas, hasta el punto de poner en vilo su propia vida. No son pocas las oportunidades que al utilizar sus recursos violentos los conducen a ser víctimas mortales con armas destructivas, de fabricación casera, artesanal y nula seguridad, como bombas explosivas, botellas incendiarias, papas bombas y un sinnúmero de recursos más que demandan cuidado y experiencia en su manejo. Esto, sin tener en cuenta el porte de máscaras y capuchas donde esconden su identidad, pues así como muchos provienen de la subversión y agitación profesional, los hay pertenecientes a las empresas, movimientos o planteles educativos.
Por lo anterior seria de suma ayuda que los directivos de las entidades referidas, se manifestaran criticando, a toda voz, estas peligrosas prácticas tan riesgosas para los revoltosos como para la ciudadanía y la fuerza pública, que en últimas es la victima preferida de estos desadaptados irracionales.
En los últimos días estas actividades se han exacerbado especialmente en las universidades, al punto que la sociedad acuña varias inquietudes como ¿Por qué en los campus universitarios se presenta la manipulación y elaboración de estos artefactos, sin descubrir o identificar aquellos personajes que los fabrican, reparten y utilizan? ¿Quién financia los insumos necesarios para su fabricación? ¿Hasta dónde llegará la prohibición que la fuerza pública ingrese a las instalaciones educativas capturando, inmovilizando, conduciendo e identificando plenamente a estos personajes?
Será que la situación nos está conduciendo al punto de inflexión de condenar la pasividad de los directivos en las diferentes universidades, donde diariamente se presentan protestas, alteraciones del orden público, bloqueo de vías, agresiones y actuaciones vandálicas contra el mobiliario ciudadano y donde la fuerza pública, ”policía en especial”, debe asistir como convidados de piedra al espectáculo donde los revoltosos, salen, agreden y luego se cobijan al interior universitario sin que ninguna autoridad docente proteste y, en cambio, sean renuentes al operativo de la fuerza pública para restablecer el orden.