Los campanazos en torno al turbio ambiente que está profundizando la dictadura venezolana en la recta final de la campaña con miras a las elecciones presidenciales de julio 28 no cesan.

El turno ahora le correspondió a un grupo de expertas de la ONU que denunció una situación de extrema gravedad: desde diciembre pasado se ha registrado un alarmante aumento en las desapariciones forzadas en Venezuela.

Las víctimas son, principalmente, integrantes del principal partido político de la oposición e incluso militares. A todas ellas se les ha constreñido su derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público.

Las integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias no dudan en señalar que “(…), estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente”.

En ese orden de ideas, señalaron al régimen autoritario chavista de aplicar de forma sistemática “(…), detenciones prolongadas y en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas. Las mismas parecen seguir un patrón según el cual las personas son privadas de libertad por las autoridades estatales, llevadas a centros de detención reconocidos y ahí privadas de sus derechos fundamentales como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia letrada”.

Aunque para algunos sectores este tipo de circunstancias solo equivale a un encarcelamiento ilegal, lo cierto es que raya en un delito de lesa humanidad, que es castigado de forma drástica por entidades judiciales globales como la Corte Penal Internacional, en donde ya Nicolás Maduro tiene procesos en curso por la multiplicidad de crímenes que ha cometido y ordenado su gobierno con tal de mantenerse en el poder a como dé lugar.

De hecho, la instancia de la ONU es clara en advertir que “privar a una persona de su libertad, seguido de la negativa a reconocer su detención u ocultar su suerte o paradero, la sitúa fuera de la protección de la ley. Esto constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración de dicha privación de libertad u ocultación”.

La denuncia es más grave, aun porque en las semanas recientes partidos como los de María Corina Machado y Henrique Capriles han alertado de la captura de dirigentes y activistas de sus movimientos por parte de las autoridades chavistas, imputados falsamente de complots y traición a la Patria.

Una vez más es necesario llamar a la comunidad internacional a no dar tregua en las sanciones políticas y económicas contra la dictadura, ya que permanecer pasivos ante esta clase de crímenes graves pone en mayor peligro a la oposición y ciudadanía venezolana.