* Riesgosa propuesta de flexibilizar la Regla Fiscal
* Gobierno ineficiente y con afán desmedido de gasto
El anuncio del Ministerio de Hacienda en torno a presentar un proyecto de ley para modificar la Regla Fiscal, que es un mecanismo creado en 2011 para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, estableciendo un tope a la deuda oficial como porcentaje del PIB, resulta, a todas luces, una mala noticia para el país.
Con una economía en descolgada, que creció apenas 0,6 % el año pasado y en este las proyecciones no van más allá de 1,5 %, plantear la posibilidad de flexibilizar la norma que permite mantener en cintura el endeudamiento del Gobierno Nacional Central, de forma tal que no se desborden los déficits fiscal y de cuenta corriente (ya de por sí en límites preocupantes), no hace más que profundizar la incertidumbre e inseguridad que están lastrando el aparato productivo, ya sea por el efecto regresivo de la accidentada política económica de esta Administración o por el temor a los alcances de los cuestionados proyectos de reforma pensional, laboral y de salud, entre otros.
Resulta casi contraevidente que un gobierno al que en su primer semestre se le aprobó la reforma tributaria más alta de la historia (con una proyección cuatrienal de ingresos de 80 billones de pesos), ahora esté buscando por todos los medios posibles cómo aumentar el techo de la deuda pública.
Y es que este proyecto de reforma a la Regla Fiscal es apenas uno de los flancos del afán gubernamental por subir el gasto. Ya radicó en el Congreso un proyecto para incrementar el cupo de endeudamiento, al tiempo que se inventó una norma que le permite una especie de ‘peaje’ a las vigencias futuras presupuestales, con el fin de autorizar casi que caprichosamente los desembolsos para las obras de infraestructura de alto calado.
De igual manera, ha ido restringiendo el margen de acción para iniciar o prorrogar las concesiones viales y las Alianzas Público Privadas (APP). Incluso, en los proyectos de reforma pensional y de salud hay un claro, anacrónico y disfuncional objetivo de reducir la participación del sector privado y estatizar lo más posible el manejo de los recursos… Hasta de una nueva reforma tributaria y de una tasa de inversión forzosa del sector financiero se habla ahora, esto como parte de un amorfo e improvisado plan de reactivación económica con un enfoque claramente fiscalista, muy lejos de la estrategia estructural y objetiva que han pedido los sectores productivos.
A todo lo anterior, hay que sumar la delirante propuesta presidencial en torno a plantearle al Fondo Monetario Internacional aplazar el pago de la deuda de corto plazo. Afortunadamente fue tal el alud de campanazos sobre la alta inconveniencia de ese planteamiento, que el Ejecutivo se vio forzado a engavetarlo. No obstante, la sola intención de la Casa de Nariño prendió las alertas en los gremios, firmas calificadoras de riesgo, inversionistas y otras instancias, puesto que implicaba afectar el perfil de buen pagador del Estado colombiano, factor clave para asegurar el flujo permanente de recursos de la banca multilateral, con tasas aceptables y cupos de contingencia disponibles para afrontar cualquier contingencia, como ocurrió con la crisis pandémica, que demandó billonarios recursos.
Otra paradoja que pone de presente los vacíos de la política económica del gobierno Petro es que mientras busca afanosamente aumentar el gasto público, tuvo el año pasado y en el primer trimestre de 2024 los peores índices de ejecución presupuestal. Todo un contrasentido, pero que evidencia su deficiente gestión.
A ello habría que sumar que el propio Comité Autónomo de Regla Fiscal ha advertido que en la pospandemia ya se flexibilizó este mecanismo, esto como resultado lógico de un lapso de transición normal para aterrizar los ajustes macroeconómicos derivados del alto costo de la contingencia sanitaria. Sin embargo, llegó el momento de volver por el sendero de la disciplina fiscal y contener el crecimiento del nivel de deuda como porcentaje del PIB.
El problema es que el Ejecutivo decidió apostar en la dirección contraria. En lugar de hacer más eficiente el gasto público, acelerar la ejecución presupuestal, frenar el festín burocrático y contractual en muchas entidades y combatir eficientemente los focos de corrupción y despilfarro del erario que se han enquistado en muchos ministerios e instituciones adscritas, acude a un expediente facilista, pero, a la vez, riesgoso e irresponsable: solicitar más cupo de endeudamiento a sabiendas que no hay espacio fiscal para ello, encarecerá las tasas de préstamos al país, alejará la posibilidad de recuperar el grado de inversión, impactará negativamente las notas de las calificadoras de riesgo, profundizará la incertidumbre económica y el clima de negocios recesivo, con desempleo al alza, mayor caída del recaudo tributario, presiones inflacionarias y pobre proyección del PIB… En fin, una receta para el desastre.