* Casos crecieron un 48 % en primer trimestre

* Hay mucha legislación, pero poca eficiencia

En un país en donde gran parte de la preocupación está centrada en el grave deterioro de la situación de orden público y seguridad ciudadana, hay otros fenómenos delictivos que también prenden alarmas. Uno de ellos es el incremento sustancial de los casos de violencia intrafamiliar. Según el reporte del Ministerio de Defensa en el primer trimestre de 2024 se presentaron 36 383 casos, un aumento del 48 % frente al mismo lapso del año pasado.

Es un hecho que debe llamar a la máxima reflexión al Gobierno, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, comisarías de Familia y todo el aparato institucional del orden nacional, departamental y municipal de protección a la familia y los menores de edad, esos 36 383 casos constituyen el registro más alto en la última década para enero, febrero y marzo. Es más, mientras en todo 2023 hubo 119 478 casos, en solo tres meses de este año ya se produjo un 30 % de ese global.

Se trata, entonces, de una circunstancia de extrema gravedad que ha debido dar lugar a un debate de alto calado con miras a establecer qué es lo que está llevando a una multiplicación tan grave de los casos de maltrato físico, sicológico o sexual a cualquier miembro de su núcleo familiar, según lo tipifica el Código Penal.

Es imperativo, en esa dirección, que el ministro de Justicia, la directora del Instituto de Bienestar Familiar, las titulares de la Fiscalía y la Procuraduría, así como el defensor del Pueblo, entre otros altos funcionarios, evalúen dentro de sus respectivas competencias y jurisdicciones que hay detrás del incremento del 48 % en los casos de violencia intrafamiliar. Por un lado, porque es apenas lógico que no estamos frente a una variación estadística menor. Y, de otro, porque la mayoría de las víctimas tienden a ser las mujeres y los niños y adolescentes, precisamente las categorías poblacionales sobre las que más se han agravado las penas a los agresores en la última década.

Ese diagnóstico resulta aún más urgente de cara a la fase final de la Comisión de Expertos para una reforma a la justicia que convocó el Gobierno a comienzos de este año. Una reforma en la que, según el ministro del ramo y varios de sus cuarenta integrantes de distintas disciplinarias y sectores, una de las prioridades es, precisamente, acercar el aparato judicial a la detección temprana o castigo ágil y eficiente de los delitos de mayor impacto en la ciudadanía.

Asimismo, en momentos en que se está lanzando una nueva estrategia y plan de acción de la Policía, en el marco de la cual la prioridad es que el modelo de vigilancia sea menos enfocado en lo militar y más en la preservación de la seguridad y convivencia ciudadana, es clave que se ahonde en los mecanismos para poder conocer a tiempo los casos de conflictividad, agresión y victimización al interior de los hogares.

Lamentablemente, en lo corrido del año la opinión pública se ha visto impactada por múltiples casos de feminicidios cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas, homicidios de niños en los que los principales sospechosos son sus padres u otros familiares, así como casos de violencia sexual en los que progenitores u otros allegados son los encargados de contactar a los pedófilos a cambio de dinero…

Hemos insistido en estas páginas que Colombia tiene una de las legislaciones más robustas del subcontinente en materia de protección a la mujer, la infancia y la adolescencia. El problema, entonces, no es ese. Los indicadores de la Fiscalía −al tenor del corte de cuentas que entregó en febrero el ahora extitular del ente acusador− señalan un aumento en la eficiencia y castigo a este tipo de delincuentes. Así las cosas, la deficiencia más grave continúa estando en la debilidad de las rutas y sistemas de atención y reacción institucional, tanto en el aspecto preventivo como en el correctivo.

Aunque se entiende que es muy complicado para las autoridades actuar de puertas para adentro en los hogares, también ha quedado en evidencia que en no pocos casos las potenciales víctimas habían denunciado su situación de riesgo, pero las instituciones actuaron de manera lenta para ofrecer la protección adecuada. Igual ocurre con algunas situaciones de explotación sexual, como las recientemente denunciadas en Medellín. El sistema de Comisarías de Familia presenta evidentes debilidades financieras y operativas, al igual que los mecanismos para detectar a tiempo casos de desnutrición y trabajo infantiles o la instrumentalización de menores para cometer ilícitos.

Se supone que para hacer frente a todo este tipo de problemáticas en el Plan de Desarrollo se aprobó la creación del Sistema Nacional de Justicia Familiar, sin embargo, su implementación va a mitad de camino, casi a un ritmo paquidérmico. Vista la forma en que se dispararon los casos de violencia intrafamiliar es urgente acelerar en este flanco.