El arranque de 2017 ha sorprendido porque en cuatro ciudades capitales se inscribieron ante las autoridades electorales sendos comités con el objetivo de recoger firmas para promover la revocatoria del mandato de los respectivos alcaldes. Se trata de Bogotá, Bucaramanga, Neiva y Pereira. Las motivaciones que exponen los promotores de estas iniciativas coinciden en señalar que los burgomaestres no cumplieron con lo que habían prometido en campaña o que su primer año de gestión fue deficiente en materia de resultados, incurrieron en fallas garrafales o aplicaron medidas que, en su particular concepto, lesionaron los intereses de la ciudadanía y el erario. Y las reacciones de las administraciones señaladas, o al menos de sus defensores políticos, también coinciden en que no hay móviles válidos para dichas convocatorias y que, en realidad, los promotores de estas pertenecen a los grupos políticos derrotados hace menos de 15 meses en las urnas o a quienes simple y llanamente no comparten las decisiones de los mandatarios o se vieron afectados en sus intereses particulares por las mismas.

No en pocas ocasiones hemos defendido desde estas páginas la validez de los mecanismos de participación ciudadana, al ser instrumentos de democracia directa que encarnan el principio constitucional de que la soberanía reside en el pueblo. Como también hemos insistido en que el dictamen de las urnas debe respetarse porque lo determina el constituyente primario, razón por la cual, como ocurrió con el resultado del plebiscito refrendatorio del acuerdo de paz votado el 2 de octubre pasado, buscar esguinces para no cumplir con ese mandato popular atenta contra la democracia misma.

Desde ese punto de vista la inscripción de los comités que promueven estos cuatro intentos de revocatoria del mandato hace parte del ejercicio de tales prerrogativas constitucionales y, en modo alguno, se les puede reprochar.  Otra cosa es que, como denuncian algunos críticos en esas respectivas ciudades, se pueda estar utilizando estas campañas simplemente para sentar las bases de futuras candidaturas al Congreso o como una simple estrategia de revanchismo político de quienes perdieron en las urnas en octubre de 2015 y no se resignan a que el favor popular no estuvo de parte de sus ideas. También desdice mucho de la seriedad y representatividad de estas sorpresivas iniciativas que la mayoría de los partidos políticos en cada una de esas cuatro ciudades no las esté avalando o que, como ocurre en la capital del país, sean cuatro los comités inscritos, evidenciando que no hay unidad de acción entre los críticos de la administración Distrital.

Afortunadamente la misma ley 134 de 1994 y sus posteriores ajustes -que regula el procedimiento para la convocatoria de los mecanismos de participación popular-, es exigente en cuanto a los requisitos para las revocatorias del mandato. Se ordena, en primer lugar, que para pedir la convocatoria a las urnas se deben presentar las firmas de un número de ciudadanos no inferior al 40 por ciento del total de votos válidos emitidos en la elección del respectivo mandatario. A ello se agrega que sólo podrán solicitar la revocatoria quienes participaron en esos comicios específicos. En segundo lugar, la legislación establece que el mandatario saldrá del cargo sólo si así lo determina un número de votos no inferior al 60 por ciento de quienes acuden a las urnas ese día, pero siempre el número de sufragios no sea inferior al 60 por ciento de la votación registrada el día en que se eligió al alcalde cuestionado.

Como se ve no es nada fácil que un ejercicio de revocatoria del mandato salga adelante. Prueba de ello es que de más de 80 procesos que se han intentado en los últimos años, apenas 37 llegaron a las urnas y allí ninguno prosperó.

Por lo pronto habrá que esperar cómo avanzan las recolecciones de firmas en esas ciudades, pues allí es donde se verá si la opinión pública está a favor o en contra de remover a alcaldes que apenas si llevan doce meses en el cargo, no solo encontrando los presupuestos amarrados y, como se dice popularmente, la ‘olla raspada’, sino que tuvieron que dedicar gran parte del tiempo a inventariar y ordenar la casa dejada por su antecesor y hacer aprobar su respectivo Plan de Desarrollo, que marcará el verdadero rumbo de su gestión a partir de este segundo año.

Lo importante es que estos procesos no distraigan el ritmo de las administraciones ni lleve a que gobiernos locales y opositores se trancen en una nueva campaña política, frenando la solución urgente de muchas problemáticas coyunturales y estructurales.