Todos los días, en los medios de comunicación, el primer lugar de las noticias lo tiene el Derecho; un “derecho” que da lugar a constantes controversias y al que, por paradoja, se lo burla y se lo manipula. Un “derecho” que no es DERECHO.
Ese primer plano lo tiene el Derecho -siempre controvertido y normalmente discutible-, bien porque un gobierno pierde un referendo o un plebiscito –Inglaterra, Colombia, Italia, en 2016-; bien porque, contrariando las encuestas, gana las elecciones el candidato que el establecimiento daba por “derrotado”, aunque, por exigencia del Derecho, ha de juramentar; bien porque, ante el auge del terrorismo -que en dos días de 2017 ha cobrado ya más de 150 muertos y numerosos heridos- es necesario que los Estados respondan con fuerza, pero sin quebrantar -es la teoría- los Derechos Humanos, los Tratados Internacionales, las libertades públicas, ni las instituciones-; o porque se aplica el “Impeachment” contra el elegido popularmente; o porque una Corte Constitucional decide aceptar que la refrendación popular no necesariamente tiene que provenir del pueblo, y que es válido que un Congreso -no obstante sus límites constitucionales expresos- se auto modifique las exigencias que para reformar la Constitución le había impuesto el Constituyente; o porque, muerto el esposo, se controvierten los derechos pensionales de una mujer no cónyuge con la cual convivió, y los derechos herenciales de los hijos; porque una pareja de homosexuales quiere adoptar, o porque queda en libertad, pese a solicitud bien fundamentada de medida de aseguramiento, un incriminado por delitos graves, o camina libre por las calles un señalado responsable de masacres, o agresiones a menores; o porque un medio de comunicación acusa sin pruebas, o, a la inversa, se compromete a favorecer a determinado procesado, “lavando su imagen” ante la opinión pública.
Tampoco porque asesinan a líderes sociales y de derechos humanos o a miembros de la Fuerza Pública; o porque prosiguen los delitos de secuestro y extorsión; o porque, mediante sorpresivas decisiones gubernamentales, “ajustan” el salario mínimo sin garantizar, al menos, la conservación del poder adquisitivo de la moneda; o por los muchos actos de corrupción.
Apenas unos ejemplos. Pero lo cierto es que, al menos en Colombia, tenemos que reivindicar, y de manera urgente, el papel del Derecho en la sociedad, y –creemos- el concepto mismo de lo que es y significa el Derecho. Ya que se ha relativizado tanto que hoy nadie sabe qué pensar en ningún caso.
El Derecho, por el contario, no es “utilizable” para beneficio del poderoso o pudiente. Es independiente; es por definición, imparcial. Es el encuadramiento de los fenómenos sociales, económicos y políticos que tienen lugar en una sociedad, para organizarlos de conformidad con la idea de justicia; para regirlos; para aplicar a los hechos y a los actos unas consecuencias que procuren realizar valores, principios y normas que la misma sociedad se ha impuesto; para deducir con carácter objetivo responsabilidades.
El Derecho no es cualquier cosa, ni “teoría que obstaculiza”, como muchos creen. Obliga a todos porque la comunidad lo necesita. La política, la economía, y todo cuanto en el seno de ella se desarrolla está supeditado al Derecho. Lo contrario es caos y desgreño.