Siendo el sistema de atención en salud una de las preocupaciones mayores de la sociedad colombiana, en todo arranque de año el panorama de este sector genera mucha expectativa. Este 2017 no apunta a ser la excepción, sobre todo por tres hechos muy puntuales.

En primer lugar, es claro que impactaron a la opinión pública algunos de los argumentos centrales del Gobierno para tramitar y hacer aprobar la reforma tributaria que, tras ser sancionada a última hora de 2016, empezó a regir este domingo. Los ministros de Hacienda y Salud insistieron en que dos de las bondades del polémico proyecto impositivo tenían que ver con el impuesto a los cigarrillos y la destinación de medio punto del aumento del IVA a la salud. Sobre el primero, la calculadora oficial da cuenta de que permitirá un recaudo de medio billón de pesos adicionales para este sector, además de evitar unas 2.300 muertes a partir de 2018 por enfermedades asociadas al tabaquismo. Y, sobre lo segundo, se recalcó en que de los tres puntos en que se incrementó el IVA (que pasó del 16 al 19 por ciento en su tarifa general), medio punto significará más de 1,3 billones de pesos que serán dirigidos al fortalecimiento del aseguramiento, específicamente a la ampliación de la cobertura en el Régimen Subsidiado y el pago por servicios no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud en el Régimen Contributivo.

En otras palabras, según el Ministerio del ramo “el sector encuentra así dos vías para cerrar el déficit de 2 billones de pesos inicialmente calculado para 2017”. Incluso se agregó que si llegaran a faltar recursos para el cierre financiero del aseguramiento en salud, la ley prevé que la Nación, vía impuestos generales, cubrirá este faltante, por lo que en ningún caso se reducirán beneficios a los cuales tienen derecho los afiliados al sistema A ello se sumó que la misma reforma tributaria también mantuvo la exención del IVA para algunos medicamentos e insumos contenidos en el Plan de Beneficios en Salud.

Sin embargo, en la otra orilla del sistema, es decir aquella en la que están las clínicas y hospitales, así como las Empresas Promotoras de Salud (EPS), si bien se celebró que se hubieran encontrado estas dos nuevas fuentes de recursos, todavía se considera que el riesgo de una crisis financiera en el sistema es muy alto. Las primeras insisten, por ejemplo, en que las segundas les adeudan ya más de 7 billones de pesos y que muchos centros asistenciales de distinta complejidad están al borde de la quiebra y el cese de servicios. Y las segundas continúan advirtiendo que más allá de las reformas y salvavidas financieros que se han aplicado en los últimos años, la crisis continúa siendo estructural y no será superada de un día para otro ni con medidas de corto y mediano plazos.

Un tercer hecho puntual sobre las perspectivas de la salud este año en Colombia se refiere a los estudios y opiniones expertas que señalan que más allá de las críticas que se hacen a las clínicas y hospitales por los altibajos en la calidad del servicio que prestan a los pacientes, así como la polémica por el manejo financiero y administrativo de las EPS, que ya generó la liquidación y quiebra de varias, en tanto otras arrastran un déficit billonario, con contadas excepciones, hay nuevos fenómenos que la legislación marco del sector no está sopesando en forma objetiva, incluso desbordando los alcances de la reforma estatutaria a la salud, que entró en vigencia hace poco tiempo. Fenómenos que tendrían que ver con evoluciones demográficas, una población más adulta, variaciones epidemiológicas y de morbilidad, el costo de la inversión en nuevas tecnologías y tratamientos, las erogaciones adicionales por los fallos puntuales y jurisprudencias de las altas Cortes, la transición hacia el posconflicto, un perfil de usuario más demandante y proactivo en materia de atención en salud y el impacto de las coyunturas económicas sobre la columna financiera del sistema, entre otros aspectos.

¿Será necesaria otra reforma estructural a la salud? Esa es la gran pregunta con que arranca 2017. No hay coincidencia al respecto entre los distintos actores del sistema, e incluso aquellos que la exigen lo hacen por intereses muy sectoriales. Sin embargo, es claro que el debate debe darse de una vez por todas, de forma pública y, realista y, sobre todo, enfocado en que la prioridad no es otra que la calidad, prontitud y eficiencia en la prestación del derecho fundamental a la salud de todos los colombianos.