El primer asunto que tratará el Congreso de la República en este nuevo año es la Jurisdicción Especial para la Paz. Dentro del paquete legislativo a tramitar, en virtud del Acuerdo con las Farc, tal vez lo más preocupante sea lo relativo al nuevo tribunal de justicia. Será el encargado de juzgar a los responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad de esa guerrilla, pero también juzgará a civiles, miembros de la fuerza pública, funcionarios y empresarios que hayan estado involucrados en algún delito relacionado con el “conflicto”.

Antes de que finalizara el 2016, en sesiones extraordinarias de media noche, el Gobierno hizo pupitrear la Ley de Amnistía e Indulto para los miembros de la guerrilla de las Farc. Una ley exclusiva para ellos, que les garantiza impunidad y olvido a todos sus crímenes sin contra prestación alguna, incluso para delitos como el narcotráfico, el homicidio y el secuestro extorsivo. En dicha ley, garantizaron a las Farc que sus delitos y los responsables, gozarán de absoluta confidencialidad bajo el amparo del Habeas data, como si existiera el derecho del criminal indultado a que nunca se sepa lo que pasó, como si no fuera un derecho de las víctimas y de la sociedad conocer la verdad.

Otorgar semejantes beneficios no fue motivo suficiente para que el Gobierno Santos exigiera la entrega inmediata de todos los niños reclutados que permanecen en las filas guerrilleras, ni para que pidieran la liberación de todos los secuestrados en manos de las Farc. Ahí no se escuchó la voz de todos esos “defensores de los derechos humanos”, ni se aplicó el repetido estribillo: “las víctimas son el centro de este proceso”. Ni los secuestrados, ni los niños reclutados parece ser una prioridad para nuestro Premio Nobel de la Paz, ni habiéndolo ganado buscó merecerlo.

Ahora se viene la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde lo menos grave será la posibilidad de sustraer a criminales de lesa humanidad de las Farc de su responsabilidad penal. Dicho tribunal tendrá competencia sobre todos los ciudadanos y estará por encima de todas las Cortes. Podrá investigar, juzgar y condenar a cualquiera, sin importar si contaba con un fuero especial, desconociendo el principio del juez natural. Ese tribunal tendrá facultades para revisar sentencias, irrespetando el principio de la cosa juzgada. Principios y derechos fundamentales que atentan contra los cimientos del Estado de Derecho.

La JEP será el tribunal de guerra de las Farc, un tribunal de la inquisición, donde militares, funcionarios y empresarios tendrán que confesar delitos, incluso que no cometieron, sometidos a la amenaza de venganza de sus victimarios, a quienes alguna vez combatieron desde la legalidad. Lo lógico habría sido que, si el Indulto y la Amnistía son exclusivos para las Farc, el nuevo tribunal también, pero no, ahí todos tendremos que responder.

@SHOYOS