“El monstruo de la corrupción en Colombia es muy grande, la monstruosidad está en todos los sectores, en todas las regiones. La corrupción la hemos estimado en 40 o 50 billones de pesos, un alto porcentaje del presupuesto nacional”, manifestó el contralor general de la República, Edgardo Maya.

En diálogo con este diario, sostuvo que para enfrentar ese “monstruo” no se requieren más normas, sino que “lo que se necesitan son decisiones y acciones contundentes de los órganos de control y de la justicia contra la corrupción hasta derrotarla”.

Sobre las responsabilidades, expresó que “no hay ninguna actividad del servidor público que no tenga el concurso del sector privado, alguien propone y alguien dispone”.

De otra parte, el contralor Maya indicó que la corrupción en la alimentación escolar “no se limita al departamento de La Guajira. En 24 departamentos las irregularidades con incidencia fiscal totalizan 62.000 millones de pesos”.

 

Por todas partes

 EL NUEVO SIGLO: ¿Se está perdiendo la guerra contra la corrupción?

EDGARDO MAYA: La corrupción es un tema estructural en Colombia. Está en todas nuestras instituciones a lo largo y ancho del país. En salud pública, en alimentación escolar, en construcción de vías, construcción de instalaciones educativas, en todo el Estado. La elección de alcaldes y gobernadores está incidiendo fuertemente en esta situación. Para nadie es un secreto que un gobernador necesita 20 o 30.000 millones de pesos para ser elegido. Por lo tanto no es sorpresa que haya un desfalco de 20.000 millones en la contratación en La Guajira, y eso lo vamos viendo en toda la institucionalidad colombiana. De La Guajira hasta Nariño, desde Antioquia hasta Amazonas.

ENS: Hay quienes creen que los corruptos saben que se arriesgan a la cárcel, sanciones disciplinarias y fiscales si los descubren, pero no así a la devolución de lo que le roban al erario, porque esconden los dineros y acuden a testaferros ¿Esa percepción no incentiva la corrupción?

EM: Lo hemos dicho con toda claridad: a los que se insolventen a sabiendas de que deben devolver recursos al Estado, les caerá todo el peso de la ley y las sanciones penales del caso. En eso estamos trabajando en estrecha colaboración con la Fiscalía General de la Nación.

ENS: Los colombianos están a la espera de lo que va a suceder con los escándalos de Reficar. ¿Es ese el mayor detrimento contra una empresa estatal? ¿Van a ser procesados los responsables? ¿Cuándo se conocerá el segundo informe de auditoría?

EM: En la empresa más grande que se ha pensado en Colombia, Reficar, un proyecto de una cuantía total de 8.000 millones de dólares, los sobrecostos alcanzaron 4.000 millones de dólares. La Contraloría Delegada de Minas y Energía ya dio traslado a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de 24 hallazgos y le estamos imprimiendo toda la celeridad posible a este trámite para que, observando todas las garantías procesales y acudiendo a todos los recursos legales de que dispone la CGR, se inicien los respectivos Procesos de Responsabilidad Fiscal en este primer semestre de 2017.

 

 Odebrecht

ENS: ¿Qué va pasar con el escándalo de Odebrecht que al parecer manejó recursos públicos, como es el caso de préstamos que le otorgó el Banco Agrario para el proyecto del rio Magdalena?

EM: Ya adelantamos una auditoría en el contrato de APP para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena con el consorcio Navelena S.A., que implica una inversión superior a los 2.000 millones de dólares, donde encontramos varios hallazgos en la etapa de preconstrucción del proyecto, entre ellos el cierre financiero. Estamos estudiando ese tema detenidamente.

ENS: ¿Qué se necesita para sacar de Colombia empresas que como la multinacional brasileña pagan sobornos?

EM: En cada caso que se compruebe que hubo sobornos hay que solicitar y decretar la nulidad del contrato por objeto ilícito como ha sucedido con el tramo 2 de la Ruta del Sol. Si bien en este y otros casos de multinacionales deben aplicarse todas las sanciones disciplinarias, fiscales y penales hasta llegar a sus últimas consecuencias, nos engañamos creyendo que el problema se limita a sobornos de multinacionales.

El monstruo de la corrupción en Colombia es muy grande, la monstruosidad está en todos los sectores, en todas las regiones. La corrupción la hemos estimado en 40 o 50 billones de pesos, un alto porcentaje del presupuesto nacional.

El costo de las campañas políticas y la recuperación de esos dineros que se invierten financiándolas, salen de la contratación del Estado. Eso está a la luz pública en todo el país y debe ser finiquitado en nuestra sociedad, porque poco a poco nos vamos corrompiendo y terminamos buscando chivos expiatorios. Así se debilita nuestra democracia, lo cual se traduce en baja participación en las elecciones. Hay una parte de la sociedad que siente asco por esas conductas. La abstención electoral es un rechazo de la sociedad y tenemos que enfrentar la situación.

ENS: ¿A la luz de lo ocurrido, es viable asegurar que el Estatuto de Contratación y el Estatuto Anticorrupción tienen muchos vacíos?

EM: No más normas. Lo que se necesita son decisiones y acciones contundentes de los órganos de control y de la justicia contra la corrupción hasta derrotarla.

No hay ninguna actividad del servidor público que no tenga el concurso del sector privado, alguien propone y alguien dispone. Es muy claro que hay una responsabilidad del sector privado vinculado al Estado en los contratos de construcción, de suministro y demás, que buscan llevar a esas posiciones de elección popular a determinadas personas, para gozar del privilegio de la contratación. Nuestra legislación está casi diseñada para privilegiar la trampa. Quizás haya llegado el momento de aprovechar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para abaratar los costos de la comunicación política y repensar cómo funciona nuestra democracia. En esta materia -nos guste o no- la elección de Donald Trump en los Estados Unidos y el papel que jugaron las redes sociales tienen lecciones importantes que enseñarnos.

ENS: ¿Qué va pasar con el mal manejo de recursos en Bioenergy?

EM: En el transcurso del 2017 adelantaremos una auditoría al proyecto, que muestra algunas situaciones que también se identificaron en el estudio técnico que hacemos en el proyecto Reficar. Por ejemplo en cuanto a que en Bionenergy fue más importante el desarrollo de la estructuración societaria y los gestores y promotores del proyecto que los beneficios reportados. Mientras muchas destilerías en el país aprovecharon la política pública de exigir biocombustibles en las gasolinas comercializadas en grandes ciudades con modelos de negocios exitosos, Ecopetrol desde su vinculación al proyecto en 2007 hasta hoy no ha producido un solo litro de etanol a pesar de tener un mercado cautivo de consumo en Bogotá.

 

Alimentación escolar

ENS: El escándalo por el irresponsable manejo de recursos por la alimentación para niños en La Guajira no cesa, ¿qué se está haciendo para encarcelar a los responsables?

EM: Desafortunadamente el problema no se limita al departamento de La Guajira. En 24 departamentos las irregularidades con incidencia fiscal totalizan 62.000 millones de pesos. Hemos alertado al Gobierno nacional y específicamente a la ministra de Educación, Yaneth Giha, con respecto a la Actuación Especial realizada en La Guajira donde se evidenciaron hallazgos fiscales por 16.982 millones de pesos. En este departamento, junto a Cesar y Magdalena, se ha evidenciado un entramado de contratación alrededor del PAE, particularmente de dos personas que han oficiado como representantes legales de operadores de PAE. No puedo adelantarme, pero pronto tendremos anuncios a este respecto.

 

ENS: ¿Hasta dónde llegan las irregularidades descubiertas por la Contraloría sobre el Programa de Alimentación Escolar, PAE?

EM: En 17 departamentos que auditamos en el segundo semestre de 2016, encontramos hallazgos fiscales por 32.943 millones de pesos.

Santander, Huila, Cesar, Casanare y Norte de Santander concentran los hallazgos de mayor cuantía. Estamos hablando del uso y abuso criminal de los recursos públicos más importantes, los que están destinados a los niños más vulnerables, que son el futuro del país.

ENS: El hecho que el Ministerio de Justicia registrara en sus estados contables de 2015 recursos por 4,4 billones de pesos de propiedad de la Rama Judicial, ¿es grave para el sector de la justicia?

EM: Es grave, pues la indefinición de la titularidad de esos recursos en cabeza de la Rama Judicial llevó a que se perdiera un año de gestión de cobro, aumentando el riesgo de prescripción. Esta situación se puede agravar en la medida que la Rama tampoco haya recibido estos activos en el 2016, pues ya serían 2 años menos de gestión de cobro, para recaudar fondos requeridos por la administración de justicia.

ENS: Sobrecostos en las obras de Transmilenio por 174.996 millones de pesos, adjudicables al exalcalde Samuel Moreno y otros fueron confirmados por la Contraloría. ¿Cómo se van a recuperar esos dineros?

EM: El fallo con responsabilidad fiscal en este caso fue por 174.996 millones de pesos contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno y los ex directores y funcionarios del IDU, las firmas contratistas, así como los integrantes del llamado Grupo Nule.

En 2016 los recursos recuperados con la Jurisdicción Coactiva ascendieron a 134.506 millones de pesos, cifra que en 2015 fue de 68.832 millones de pesos en favor del patrimonio estatal. Así que los resultados en recuperación de dineros son positivos y en aumento.

 

Procesos

ENS: Los entes de control generalmente anuncian medidas y hallazgos fiscales sobre detrimento patrimonial. Pero al ciudadano del común le gustaría saber ¿qué pasa luego con esas denuncias? ¿Se procesan los responsables y se les sanciona?

EM: Durante 2016, la CGR tramitó 5.341 Procesos de Responsabilidad Fiscal con valor total de 12 billones de pesos. Hay señales positivas en la decisión reciente de redoblar la coordinación de labores por parte de los tres órganos de control: Procuraduría, Fiscalía y Contraloría. Sin embargo esto no es suficiente. Es necesario materializar un compromiso planteado en días pasados por el Presidente de la República, por parte del Poder Ejecutivo, de la Rama de la Justicia, el Congreso y por supuesto los órganos de control.

ENS: ¿Para cuándo se va conformar el Tribunal de Cuentas que ha promovido la Contraloría?

EM: Este es tema que está en manos del Congreso. Ojalá los medios de comunicación y la opinión pública estén muy pendientes de lo que allí sucede. Nosotros hemos propuesto que se eliminen las contralorías territoriales y que se cree una Contraloría única, que abarque todas las contralorías regionales y que se cree un Tribunal de Cuentas que se encargue del juicio de responsabilidad fiscal para que haya garantías procesales, pues hoy la Contraloría es juez y parte: investiga y juzga.

Además quiero resaltar que cualquier reforma sobre el control fiscal debe proteger el talento humano que hace parte de las contralorías porque se debe evitar una “masacre laboral”. En estas entidades hay funcionarios muy preparados y con toda la experiencia en el ejercicio del control fiscal. En todo caso creo que hay una crisis en el control fiscal

ENS: Se va acabar este gobierno, pero no se ha hecho mayor cosa con los contralores departamentales que parecen ir por su propio camino. ¿Por qué no se ha podido modificar su papel?

EM: Hemos hecho énfasis en ese tema. Hay que hacer reformas sustanciales y así lo hemos planteado ante el Poder Legislativo.

Las reglas de juego son fundamentales, pero la sociedad tiene un papel preponderante en la lucha contra la corrupción. Que la gente denuncie, que proteste. Estoy seguro de que la próxima campaña política va a estar enmarcada por el tema de la corrupción. Quien lleve esta bandera y convenza va a ganar la Presidencia.

La lucha contra la corrupción tiene que ser una política de Estado, que se asuma como sistema la lucha permanente contra la corrupción, no solo las normas y los órganos de control. Tiene que ser un compromiso de Estado, con el Presidente a la cabeza, en unión con todas las ramas del poder público, el sector privado y toda la sociedad.

 

Regalías

ENS: Cada vez aumentan las denuncias sobre irregularidades con el manejo de las regalías. ¿Tiene la Contraloría las herramientas para sancionar o suspender a políticos y privados que se han repartido ilegalmente esos recursos?

EM: Hemos logrado un gran total de 496.849 millones de pesos en hallazgos con presunta incidencia fiscal en el tema de la inversión de regalías durante los 2 años de mi administración. Pero no hay duda alguna que el despojo del Control de Advertencia por parte de la Corte fue un verdadero desacierto que tuvo incidencia a todo, pero especialmente en el manejo de las regalías. A nivel nacional éstas se distribuyeron en 32 departamentos y en los 32 departamentos hemos encontrado irregularidades en los 18 billones de pesos repartidos. A donde hemos ido a investigar, hemos encontrado malos manejos. Por ejemplo, en la salud pública con hemofilia en pacientes que no la padecen en Córdoba, o en Sucre los enfermos mentales que no existen.

En cuanto a los tipos específicos de la contratación, somos partidarios del llamado pliego tipo. Es fundamental que haya un solo pliego para evitar los “pliegos de sastrería”. Vemos que en las pequeñas y en las grandes obras los procesos licitatorios se hacen a la medida del contratista, que ya llevan un destinatario específico.

Además hay una gran preocupación con relación en materia de derecho disciplinario. Se ha aprobado un nuevo Código Único que es objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional. Se está bajando la guardia, se están reduciendo las sanciones y revocando automáticamente sanciones que ya se habían impuesto. Personas que tenían una sanción de destitución e inhabilidad de 15 años se benefician del nuevo Código, donde desaparece la sanción. Es muy grave. Todavía estamos a tiempo para salvar al país de una permisividad total de las conductas disciplinarias. Ojalá la Corte Constitucional analice este tema detenidamente.