Con algunos cambios en el texto fue puesto nuevamente para estudio del Congreso el proyecto que hace ajustes a la Ley de Víctimas en su componente de restitución de tierras, pues según su autor la manera como quedó diseñada la norma no tuvo suficientemente en cuenta a los segundos ocupantes. Por ello se busca introducir algunas garantías procesales para las personas que en medio del conflicto y obrando de buena fe adquirieron predios que hoy día son reclamados al interior de un proceso de restitución.

El senador Antonio Guerra de la Espriella (Cambio Radical) radicó en marzo pasado una primera iniciativa en este sentido en el Congreso de la República. No obstante el proyecto fue archivado en junio pasado por tránsito de legislatura sin que recibiera trámite alguno.

En esa oportunidad el senador y entonces  presidente de la Comisión Primera, Manuel Enríquez Rosero, explicó a EL NUEVO SIGLO que ese “proyecto tiene mucha controversia: primero el Gobierno no está de acuerdo con eso. Ni el Ministerio del Interior ni  el Ministerio de Agricultura, ni el Director de Restitución de Tierras, ni el Consejo Superior de la Judicatura”.

No obstante el 13 de diciembre pasado, el senador Guerra de la Espriella radicó nuevamente el proyecto de ley con el objeto que sea estudiado a partir de marzo próximo por la Comisión Primera del Senado de la República, para lo cual ya tiene ponente: el senador Manuel Enríquez Rosero.

Guerra de la Espriella indicó que es necesario hacer ajustes en materia de los segundos ocupantes por los problemas que se están presentando en la restitución de tierras, por medio de la cual se pretende devolver a los campesinos cerca de 6 millones de hectáreas que fueron arrebatadas por los grupos paramilitares y guerrillas en el marco del conflicto armado.

El Parlamentario de Cambio Radical expresó a este Diario sobre el nuevo texto del proyecto que puso a consideración del Legislativo que “es totalmente distinto, recoge algunas cosas pero es más profundo”.

Guerra hizo referencia a algunos de los ajustes que hizo, por ejemplo, “insistí en la necesidad de reconocer la figura de los segundos ocupantes, especialmente cuando han tomado propiedad de un predio de buena fe exenta de culpa, y la necesidad pues de que también se les reconozca la posibilidad de que se les reubique cuando se restituye la tierra o que se les indemnice”.

Añadió que también “se establece la posibilidad de que se revisen algunos casos de los primeros que se vieron afectados por el programa de restitución de tierras. También se introducen unas facultades para la Unidad de Restitución”. 

Reparos

A pesar de que la restitución de tierras se viene adelantando en el país desde el año 2012 y aunque ya se había escuchado algunos reparos por segundos ocupantes que dijeron ser afectados en los fallos emitidos por los jueces de esta jurisdicción, fue el año pasado cuando el tema pasó de castaño a oscuro porque en algunas regiones de la costa Norte, poseedores de predios se organizaron para defender sus derechos que consideraron estaban siendo conculcados en este proceso.

Los supuestos vacíos en el componente de restitución de tierras de la Ley de Víctimas, especialmente en lo que tiene que ver con los poseedores de buena fe,  fueron motivo de duros reparos por parte del entonces procurador Alejandro Ordóñez, el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, y el Partido Centro Democrático, entre otros.

El por esos días procurador Ordóñez dijo que  “el diseño de la Ley no respondió o desconoció unas realidades. Si bien es cierto que lo que la Ley pretendió es algo sano -quitarles la tierra a los despojadores-, lo que se ha encontrado en muchos casos no es los despojadores, sino terceros ocupantes de buena fe”.

La restitución de tierras generó una serie de herramientas, como la creación de una jurisdicción especial, y el otorgamiento de garantías particulares a las víctimas, las cuales van desde la inversión de la carga de la prueba a su favor, hasta el establecimiento de un conjunto de presunciones tendientes a despejar las circunstancias propias del proceso a favor de la víctima del despojo.

En ese sentido, el senador Guerra ha señalado que invertir la carga de la prueba y trasladarla al opositor o comprador de buena fe “significa que será el demandado u opositor quien tendrá que demostrar que sus actuaciones durante la negociación fueron llevadas a cabo bajo el concepto de buena fe exenta de culpa, so pena de que sea declarada la nulidad de los actos llevados a cabo en la negociación y se proceda a ordenar la correspondiente restitución del bien, sin que exista a su favor derecho a compensación alguna”.