Fueron prendidas las alarmas por el senador  Guillermo García Realpe sobre lo que sería un inminente recorte presupuestal en los subsidios de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para usuarios de estratos 1 y 2 de los departamentos de Nariño, Caquetá y Putumayo.

Actualmente se cuenta con un presupuesto de $47 mil millones para tal fin, sin embargo según explicó el Parlamentario liberal para el presente año éste rubro se reduce ostensiblemente quedando en tan sólo $17 mil millones. Lo que afectaría a 400 mil familias campesinas del sur del país.

El Senador liberal advierte que desde el pasado 4 de enero el Ministerio de Minas y Energía emitió la Resolución 40005 firmada por el ministro Germán Arce Zapata, la cual  en uno de sus artículos hace referencia a la limitación que hoy existe en el rubro presupuestal para atender los subsidios de estos tres departamentos del sur del país circundantes del Macizo Colombiano.

Para García Realpe "el objetivo siempre de sostener estos subsidios se hizo con el fin de sustituir la leña y el carbón para preservar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de miles de familias campesinas por un combustible barato como lo es el GLP distribuido en cilindros, y es preocupante que hoy desde el Ministerio de Minas se pretenda recortar el número de usuarios en Nariño, Caquetá y Putumayo".

Los subsidios del GLP fue una iniciativa liderada por el senador nariñense desde hace tres años, razón por la cual instó a los usuarios del gas licuado de petróleo, a líderes cívicos y sociales, a las corporaciones públicas como Asambleas y Concejos a emprender una cruzada nacional por la defensa de los subsidios.

"Convocamos a que nos movilicemos para que defendamos esta conquista que hemos llevado a cabo durante los últimos tres años y que el mismo Presidente de la República avaló en su momento mediante decreto, y que hoy por caprichos del Ministro de Minas se pretenda recortar", sostuvo García Realpe.

Así mismo, el dirigente nariñense cuestionó que dentro de las discusiones del Presupuesto General de la Nación para el presente año, realizadas durante octubre y noviembre pasado, no se hubiera dado la posibilidad de abrir la discusión en la plenaria del Senado, debido a que las comisiones económicas de Cámara y Senado fueron las que tuvieron la última palabra.