- El caso de Semana
- La justicia rectifica
Algunos piensan que contra la libertad de prensa apenas atentan los cancerberos de las dictaduras, pero resulta que en el sistema democrático también asoman las orejas de los que conspiran y atentan contra ella. Colombia no es la excepción. Pese a que la Carta Política y la tradición consagran el respeto a la libertad de opinar, aquí se han cometido terribles crímenes contra los más valiosos voceros del periodismo. Son numerosos a los que han eliminado por defender los valores de la sociedad o la causa del orden, como en el caso de Álvaro Gómez Hurtado.
No es menos grave que desde los estrados judiciales una magistrada malinterprete la ley y con el apoyo de varios de sus colegas, pretenda que los periodistas de la revista Semana revelen el nombre de sus fuentes. La “fuente” es clave para penetrar el laberinto de la corrupción y de casos oscuros que busca develar el periodismo investigativo, con todo el riesgo que ello implica tanto para el comunicador como para su informante. El periodista se “juega” desde su credibilidad, base de su prestigio y confiabilidad como profesional, hasta su vida denunciando casos de corrupción o delitos, que de no ser destapados por los medios de comunicación seguirían en la oscuridad e impunidad. Este tipo de periodista comprometido y valiente le presta un valiosísimo servicio a la sociedad y a la democracia, dando a conocer sus investigaciones. Eliminar el secreto de las fuentes sería atentar directamente contra las personas que se atreven a denunciar las componendas de quienes, a la sombra de la sociedad, deslizan su garra abusiva sobre el Tesoro Público y cometen toda suerte de ilícitos al amparo del dinero, incluso sobornar jueces.
La democracia misma no subsistiría sin la libertad de expresión, fundamental para que los gobernantes conozcan la otra verdad de lo que pasa en las altas y bajas esferas del gobierno. En los hechos políticos y administrativos que atañen a los gobiernos pasa lo mismo que con la luna, siempre queda una cara que no se ve. Esa es la situación que el periodismo investigativo rescata, con la mayor responsabilidad y respeto de sus fuentes, así como de los actores que se ven incursos en la delicada información.
Sin periodismo investigativo y sutil, capaz de penetrar la sofisticada e intrincada maraña de la corrupción, el saqueo a las arcas del Estado sería la vena rota del sistema. En democracia, las denuncias de la prensa se investigan y en caso que un periodista incumpla con el código de ética de su profesión, caben las demandas y pertinentes sanciones. En la dictadura, los jueces responden a las órdenes del Ejecutivo, por lo que suelen ser cómplices del régimen. Es así como de manera silenciosa, sin que aparezcan en las noticias, se multiplica y centuplica el desfalco de las agentes oficiales y los particulares que rondan las arcas oficiales.
La justicia en democracia tiene el deber de proteger la libertad de expresión, de facilitar que el pueblo colombiano conozca lo que pasa en el país. La sociedad, a su vez, tiene el deber de trasmitir a los profesionales de la prensa sus inquietudes y conocimiento de hechos punibles que atentan contra la buena administración. Es esa sociedad respetable la que contribuye a restañar las heridas de la democracia, enferma por cuenta del asalto de elementos sin escrúpulos quienes, desde cargos de confianza y de elección popular, pretender desviar para su provecho las partidas oficiales.
Es de suponer que la magistratura se equivocó de buena fe en el sonado caso de la revista Semana, donde su director, Alejandro Santos Rubino, desde muy joven cuando trabajaba en la unidad investigativa de El Tiempo, se destacó por su valiente investigación y denuncia de escalofriantes casos de corrupción y crimen en Barranquilla. Como era apenas lógico, el director de dicha publicación se negó a suministrar la información confidencial de las fuentes de sus periodistas. Por fortuna, otros magistrados de la Corte Constitucional, como de la Corte Suprema han salido en defensa de la libertad de expresión y del ejercicio profesional del periodismo. Esa solidaridad debe ser un ejemplo de la voluntad de servir a la sociedad, la que también debe animar a quienes ejercen la más noble de las profesiones.