El defensor del Pueblo, Carlos Negret, expresó su preocupación. Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que les garantizará su protección.

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A siete ascendió el número de líderes sociales que han sido asesinados en lo que va corrido del presente año, mientras que según cifras de la Defensoría del Pueblo, durante 2017 las víctimas mortales fueron 206.

El hecho más reciente lo denunciaron miembros del comité del paro cívico de Buenaventura, quienes pudieron de presente que Temístocles Machado, reconocido líder social de la región, fue ultimado.

De acuerdo con el Sistema de Información del Área de Tierras de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento, Codhes, durante los primeros 28 días del año han sido asesinados siete líderes sociales y 131 personas han sido amenazadas junto a 22 organizaciones sociales, lo que según ellos incrementó ocho veces con respecto a 2017.

“Hasta que no se reconozca qué hay sistematicidad territorial no se diseñará una respuesta integral. No ha habido una respuesta del estado y esto se viene advirtiendo hace un año y medio, en este mes de enero se han acentuado las amenazas en contra de los líderes sociales”, dijo Paola Hurtado, coordinadora de Codhes.

Los asesinatos a líderes este año se han dado en los departamentos de Cauca, Córdoba, Antioquia y Valle del Cauca.

Del caso de Temístocles Machado se conoce que fue asesinado por hombres armados que le dispararon cuando se encontraba en un negocio de su propiedad. Sobre ese caso la Comisión de Derechos Humanos de la ONU rechazó lo sucedido y dijo que realizan seguimiento al caso. “Trabajábamos con él; nos solidarizamos con su familia y amigos, y hacemos seguimiento en terreno”.

Cifras en 2018

En Colombia, durante el 2017, han sido asesinados 206 líderes sociales y defensores de DD. HH., denunció el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.

De acuerdo con las estimaciones del Sistema de Alertas Tempranas y del mecanismo de monitoreo de la entidad, el Gobierno trata de proteger a los líderes, pero en Colombia son tantos que “la capacidad del Estado no alcanza a darles medidas de seguridad”.

La violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos se intensificó desde 2016 y continuó durante 2017, estableció el Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.

Ese instituto agrega que “a pesar de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, de la puesta en marcha de la fase pública de los diálogos con el Eln, de las denuncias e informes que han publicado organizaciones sociales y de derechos humanos y de la elaboración de un Informe de Riesgo por parte del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, no se perciben avances en términos de disminución de agresiones, ni de garantías de seguridad para la labor de líderes sociales y defensores de derechos humanos; por el contrario, la situación empeora”.

“Los años 2016 y 2017, fueron quizás, los años más violentos y difíciles para los defensores/as de derechos humanos y líderes/as sociales en Colombia, durante los cuales fueron víctimas de diversas agresiones que atentaron contra su vida, integridad y seguridad personal. En un contexto de disparidad de cifras y bases de datos institucionales y de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, frente a las agresiones denunciadas por las organizaciones sociales, considero necesario arrojar elementos a fin de establecer si las violaciones al derecho a la vida de 283 seres humanos son hechos aislados o al azar, o por el contrario en nuestro país se está configurando una situación de asesinatos generalizados o sistemáticos en contra de líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos”, según Indepaz.

Ayer el ministro del Interior, Guillermo Rivera, recordó que “en el mes de diciembre se expidió un decreto que señala que la protección de líderes sociales será una prioridad que deberán adelantar los gobernadores, en su condición de agentes de orden público del Presidente de la República”.

Por lo tanto, los gobernadores “deberán participar del diseño de planes de protección para los líderes sociales y para los defensores de DD.HH. Esto es una responsabilidad del Estado en su conjunto”.

El Ministro aclaró que las autoridades territoriales no tendrán que “financiar esquemas de protección, sino participar en el diseño de planes de protección para líderes sociales y defensores de DD.HH. en sus respectivos territorios”, por lo que explicó que no debe haber “preocupaciones de carácter fiscal”.

Lo que señala el decreto “es que ellos se involucren en estas decisiones y le ofrezcan al Gobierno nacional su punto de vista para garantizarle protección a líderes sociales. Lo que se busca es un involucramiento de las autoridades territoriales para que participen de la confección de planes de protección”.