Lo que ha dicho el secretario de la ONU, Antonio Guterres, a su llegada al país es más o menos lo que todo el mundo sabe: en Colombia falta Estado.

Esta frase es la manifestación más precisa de lo que está ocurriendo luego de que las Farc desalojaran los territorios en los que predominaban. Está claro que en muchos de ellos hoy no existe la soberanía nacional, en términos constitucionales, sino que pululan los grupos irregulares encabezados por el ELN, las llamadas Bacrim y porciones no desmovilizadas de las Farc.

Es, desde luego, lamentable que eso esté sucediendo. Precisamente el proceso de paz se trataba de que el Estado pudiera recuperar los territorios subversivos y declararlos totalmente libres y cubiertos por las instituciones colombianas.

Por eso es tarea ingente del próximo Gobierno volver por los fueros institucionales de hacer de la prevalencia de la autoridad estatal una gran política. Resulta pasmoso que no se hubieran tenido precauciones al respecto. El denominado postconflicto no es, pues, el escenario que se pretendía, sino el mortero de un conflicto nuevo. Es decir, uno en el que simplemente las Farc han dejado de ser actoras, pero que sigue su marcha de barbarie y de violencia en cabeza de las demás agrupaciones.

Las disidencias de las Farc, por ejemplo, debieron ser contenidas en medio del proceso de paz. No es aceptable, bajo ninguna justificación, que el Secretariado de esa agrupación subversiva y la mesa de negociación de La Habana se hubieran contentado con dejar el fenómeno vigente y no producir una desactivación integral. Hoy en día las disidencias de Las Farc han superado los 1.500 combatientes, según ONG expertas en la materia, y mantienen un ritmo vertiginoso de reclutamiento y enganche para sus fines delincuenciales. Eso es claro en Nariño, pero también en otros lugares del país, donde la voz cantante la llevan esos miembros no desmovilizados de las Farc.

Solo hasta ahora la Fuerza Pública ha puesto en marcha la Operación Hércules para conquistar el territorio nariñense, donde hay sembradas más de 42.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Eso debió suceder  hace mucho tiempo y la acción tardía del Estado ha permitido el avance de la violencia y la fractura de la soberanía.

Por su parte, el ELN ha venido actuando en ascenso y en busca de consolidar los territorios de su influencia. Mientras el Gobierno estuvo dedicado, por años, a las transacciones con las Farc, la otra agrupación subversiva ganó terreno. De hecho, el Comando Central del ELN se mantiene intacto y se sabe, por igual, que esta agrupación es mucho más cercana al gobierno venezolano de Nicolás Maduro de lo que fueron las Farc. Por lo general el ELN suele actuar en época electoral y no está claro, ciertamente, que se vaya a firmar un cese el fuego para las elecciones parlamentarias y presidenciales.

Así mismo, sí hace falta Estado para imponer la autoridad en todo el territorio nacional, en cambio sobra Estado en muchas entidades inoperantes del país. Es ahí donde, naturalmente, hay que hacer un reajuste de los organismos estatales a fin de lograr un equilibrio frente a la demanda de más otras regiones.

Es una lástima, por su puesto, haber perdido la oportunidad del proceso de paz para conseguir los fines últimos que se pretendían con éste. El primero de ellos, claro está, la recuperación de la soberanía y la posibilidad de afianzar las instituciones y crear una política social real en los sitios donde preponderaba la ley del más fuerte.

La política hacia el futuro, pues, tiene que ser la de un Estado fuerte, con base en unas instituciones sólidas. De resto, el proceso de paz habrá servido simplemente para cambiar de protagonistas violentos. Ello, desde luego, se constituiría en el peor reproche de todos. La recuperación de la autoridad es, entonces, el eje central para volver a hacer de Colombia un país viable con propósitos nacionales definidos y concertados.