Con la orden de liquidación de la EPS Coomeva S.A., se abren distintos interrogantes y, sobre todo, algunas problemáticas que hacen necesario replantear el estado actual del sistema de salud colombiano, así como la seguridad en la asistencia para millones de personas que deberán cambiar de prestador de salud, y la capacidad de las EPS para recibir una gran cantidad de afiliados y pacientes a sus filas.

En efecto, la liquidación de Coomeva afecta a 1,6 millones de usuarios y, con ello, cerca de ocho millones de colombianos han tenido que cambiar de EPS por esta situación de las prestadoras de salud en los últimos tres años

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, con Coomeva se han ordenado 14 medidas de liquidación, o de revocatoria (total o parcial), que han terminado en el retiro definitivo de 11 EPS del sistema de salud.

Entre las principales causales están la desviación de recursos, inviabilidad financiera, carencia de redes, negación de autorizaciones de servicios, demoras injustificadas en el suministro de medicamentos y barreras de todo tipo para la prestación de tratamientos vitales, que después de acciones definidas y compromisos establecidos, la mayoría de las EPS no pudieron mejorar.

El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, se refirió al tema: “La última EPS liquidada empezó a tener un deterioro en los indicadores de salud muy importantes, no atendían con oportunidad a la población, especialmente a la protegida, pacientes con cáncer, con sida, con hemofilia. Además, el deterioro de sus indicadores financieros. Cuando una EPS no tiene capacidad de pago, le empieza a pasar lo que le estaba pasando a Coomeva. Teníamos que tomar ya esa decisión para proteger la vida de los colombianos”.

Según el comunicado emitido por la entidad encargada de la vigilancia, los usuarios tendrán derecho a la prestación de la totalidad de los servicios de salud, urgencias, tratamientos de enfermedades crónicas y tratamientos oncológicos, que deben ser garantizados por las IPS adscritas a la red de Coomeva EPS hasta el 31 de enero de 2022.

Además, el traslado y distribución de usuarios afiliados a Coomeva EPS se realizará conforme a lo establecido por ley; procedimiento que le corresponde y será notificado por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, indicó el comunicado.

Frente a esa situación, el Superintendente dijo: “Hablemos algo claro, van a ser trasladados a otra EPS que les va a garantizar la continuidad y el acceso real a los servicios de salud. Van a tener acceso a los medicamentos, porque venían padeciendo las inclemencias de una EPS que no tenía capacidad de pago”.

Dado el caso, si los usuarios de la EPS en liquidación necesitan una cita prioritaria para los próximos días, el superintendente aclaró que Coomeva seguirá respondiendo por los trámites mientras el Ministerio de Salud realiza ese proceso, el cual deberá darse en no más de cinco días hábiles.

Asimismo, se indicó que hasta el momento se han contratado firmas especializadas para garantizar a las personas que el traslado hacia la nueva entidad de salud sea exitoso. Además, que se les darán beneficios con los que no contaban anteriormente, “las firmas nos han dicho que el 93% de ciudadanos que hemos trasladado están felices con el servicio que les brindan en medicina general, medicina especializada y en la entrega de medicamentos que les da la otra EPS”.

El superintendente fue contundente al afirmar que es un hombre de acciones, “Mientras yo sea superintendente y el presidente me tenga acá, seguiré tomando decisiones. EPS que no les cumpla a los colombianos hay que apartarla. Tengo que proteger la vida de todos los colombianos”, puntualizó.

Respuesta

Frente a esta situación, Coomeva respondió en un comunicado: “El Grupo Coomeva se permite comunicar que ha sido informado de dicha decisión, la cual ha sido adoptada, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados durante los últimos años por el Grupo para mantener la prestación de los servicios en medio de complejidades estructurales del sistema de salud y de la permanente colaboración con el agente especial de la Superintendencia durante la última etapa de intervención”, expresa la misiva.

De acuerdo con la Superintendencia de Salud, la EPS tiene pasivos cercanos a los 1,7 billones de pesos, lo que significa que posee un nivel de endeudamiento de 1,6 veces sobre el valor del activo y ya se acumulan pérdidas por más de 1 billón de pesos.

Ante esta situación, Aristizábal se refirió en Bloomberg Línea, en principio acerca de los recobros que le debe el Estado a la entidad: “No creo que sea el causante. Siempre hay unos recobros que las EPS tienen que justificar, cuando usted le recobra al Estado tiene que demostrarle qué le está recobrando, cuando las EPS no son capaces de eso, pues lo que le están recobrando al Estado no es tan cierto. Ellos tienen unos recobros en el Adres, pero ahí también tienen unas glosas y unas devoluciones que no han podido justificar, por eso puede no ser tan cierto que el Estado hoy les deba la cantidad de dinero que ellos creen. A partir de esa información que tenemos, que nos suministra Coomeva y la del Adres, es que nosotros verificamos cómo es el comportamiento de los indicadores financieros y por eso tomamos las decisiones”.

Supersalud indicó qué sucederá con los hospitales y centros de salud a los que Coomeva EPS les adeuda dinero: “Ya lo hemos advertido en todas las liquidaciones. El liquidador graduará acreencias y pagará hasta donde tenga capacidad de pago. Hoy no tenemos una ley de endeudamiento, es lamentable lo que está pasando, pero esas deudas siguieron creciendo, aumentaron su pasivo y hoy muchas de las EPS no tienen con qué cumplir sus obligaciones, pero mal haríamos nosotros como Gobierno en no tomar ninguna decisión, dilatándolas y estos pasivos aumentando”.

Aristizábal comentó que la entidad había aumentado sus pasivos en $200 mil millones en los primeros 11 meses de 2021, “eso genera una crisis más profunda en la red pública y privada del país. Por eso hay que tomar las decisiones para poder corregir el rumbo del país, que los usuarios pasen a otras EPS, que es en última mi función, lo que estoy haciendo con esta decisión es ir protegiendo la vida de los colombianos, la salud de más de 1,2 millones de colombianos”, afirmó.

Según un informe de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, más de 20 EPS tendrían que ser liquidadas en 2022.

Intervención

A finales de septiembre del año pasado, la Supersalud había ordenado una intervención forzosa a la EPS, que se encontraba con medida de vigilancia desde marzo del 2021 por problemas operacionales que han afectado a sus usuarios.

La entidad se quedaría con las propiedades, haberes y negocios de la empresa prestadora de salud, afirmando que busca garantizar la buena prestación del servicio a los afiliados en todo el país.

El director de Medidas Especiales para las Entidades Administradoras de Servicios de Salud, de la Superintendencia, Henri Philippe Capmartin, habló sobre la razón para la nueva intervención a la EPS.

“No ha logrado disminuir sus obligaciones con la red de prestadores de servicios en los niveles proyectados en el Plan de Ajuste Financiero y, por el contrario, se observa un aumento exponencial de sus acreencias, generando incremento del riesgo de embargos con prestadores, condenas en contra, multas e intereses de mora y, sobre todo, en la prestación de servicios de salud de la población afiliada”, afirmó Capmartin.

La intervención forzosa que duraría un año para aplicar el plan de salvamento de recuperación de la EPS, con un plan de pago a los acreedores y mejoramiento de la prestación del servicio, no rindió frutos y por consiguiente esta semana fue ordenada su liquidación.