Secuestros de las Farc: radiografía del infierno | El Nuevo Siglo
LA FOTO de la infamia. Los militares plagiados por las Farc en la década de los noventa eran mantenidos en ‘campos de concentración’ tipo nazi
Foto archivo ENS
Jueves, 28 de Enero de 2021
Redacción Nacional
  1. Imputados por plagios

La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó a ochos miembros del antiguo secretariado de las extintas Farc crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del caso 01, ahora denominado “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad". Fueron imputados: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. La responsabilidad individual varía según los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado.



También se les imputó otros crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en relación con los secuestros como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado. Los comparecientes que no reconozcan su responsabilidad individual podrán ser condenados hasta a 20 años de cárcel.

       2. ¿Cuántas víctimas?

Después de hacer un cruce y depuración de distintas fuentes oficiales y no gubernamentales, la JEP indicó que 21.396 víctimas de secuestro fueron identificadas con nombre y cédula en el periodo 1990 a 2016. La mayor parte de plagios se realizó entre 1998 y 2002, coincidiendo con la Zona de Distensión del Caguán en su mayor número. La Sala también identificó no solo que hay un subregistro, sino también una alta probabilidad de un registro errado de la responsabilidad de los hechos. ¿Las razones? Secuestradores que se hacían pasar por las Farc y la tendencia a atribuir plagios indeterminados a frentes que operaban en la zona. Además, la organización armada no llevaba un sistema de registro centralizado y confiable de estos hechos.

       3. Más hombres

Aproximadamente el 79% de las víctimas fueron hombres y el 21% mujeres, y 5% tenían 17 años o menos. La mayor proporción de la victimización era de adultos, principalmente los que estaban entre las edades de 35 a 44 años (23% de los que reportan edad) mientras que el 19% tenían más de 55 años.

Cuando la víctima era menor de edad, el porcentaje de mujeres sube a 47%, es decir, que las Farc, si bien privaban de la libertad más a los hombres que a las mujeres adultas, cuando se trataba de menores de edad el sexo no tenía mucha relevancia y las víctimas podían ser niños o niñas. 14 años fue el máximo de tiempo en que una persona estuvo en cautiverio.

      4. Desaparecidos o muertos

La Sala encontró muchas dificultades para determinar el número real de personas muertas o desaparecidas a raíz de los secuestros. Sin embargo, se cruzó el nombre y cédula de las 21.396 víctimas de secuestro por parte de las Farc con el Registro Único de Víctimas del conflicto armado, que reporta cerca de 180.000 víctimas de desaparición forzada y más de un millón de víctimas de homicidio.



De esas 21.396 personas plagiadas, 12.197 aparecen registradas en el RUV, es decir, el 57%. De ellas, 1.860 aparecen registradas como víctimas de desaparición forzada (8,7%) y 627 aparecen registradas como víctimas de homicidio (2,9%). Estos números pueden no reflejar el patrón estadístico real de la violencia letal asociada a los secuestros, sin embargo la Sala consideró que una proporción significativa de las víctimas fue asesinada o desaparecida por los captores.

       5. El más secuestrador

El Bloque Oriental fue la estructura que cometió el mayor número de privaciones de la libertad para cobrar por la liberación, lo cual corresponde también a su tamaño y cubrimiento nacional, ya que fue la estructura más grande de la antigua guerrilla, con el mayor número de combatientes, al operar en parte de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés y el Caquetá. Una modalidad usada por los frentes del Bloque Oriental fue detener vehículos en las vías que conectan a Bogotá con el resto del país y plagiar a sus ocupantes, en las llamadas “pescas milagrosas”.

       6. Las zonas más afectadas

Como se dijo los departamentos con mayor afectación de secuestros fueron Guaviare, Vaupés, Caquetá y Vichada en la Amazonía, y los Llanos orientales (Meta, Arauca y Casanare). En un segundo grupo de afectación per cápita aparecen algunos de los departamentos en los que tuvo presencia el Bloque Noroccidental: Antioquia y Chocó. Cesar está en nivel medio de victimización. El nivel más bajo de víctimas por cien mil habitantes estuvo en la región Andina, Pacífica sur y algunos de los departamentos del Caribe. Relativamente la más baja tasa de víctimas por cien mil habitantes se dio en Atlántico, Bogotá y Quindío.

      7. Perfil de las víctimas

Aunque la política de las Farc era utilizar el plagio para financiar la organización armada, la directriz contemplaba un perfil particular de víctima (a quienes denominaron, por ejemplo, “enemigos de clase”, “oligarquía”, etc.). Sin embargo, los frentes y unidades victimizaban a personas de todas las capacidades económicas. Se supone que no se podía plagiar a las personas más vulnerables, especialmente niños y niñas, pero es repetitivo el plagio de estos. En otras palabras, el secuestro era indiscriminado.



       8. ¿Más extorsivos o políticos?

Solo se logró identificar el tipo de secuestro en el 80,5% de las víctimas, es decir, en 17.223 víctimas. Sin embargo, en este 80%, una vez más hay una diferencia muy grande entre los motivos que reportan los sistemas misionales de la Fiscalía y las demás. En los sistemas de la Fiscalía, la mayoría de las víctimas fueron de secuestro simple, es decir, no se pidió nada a cambio de su libertad.

Sin embargo, en otras bases de datos se reportó que cerca de las tres cuartas partes (73% a 77%) de las víctimas sufrieron secuestro extorsivo (se pidió algo a cambio de su libertad.) Las 5 fuentes coinciden en que menos del 2% de los hechos son toma de rehenes. La Sala no pudo determinar cuál fenómeno tuvo mayor afectación en los territorios, si el secuestro extorsivo o el llamado simple. Sin embargo, sí pudo concluir que ambos tuvieron una gran incidencia por la cantidad de registros.

       9. Barbarie y vejámenes

En cuanto al trato que se les dio a los secuestrados, la Sala determinó que, aunque había una orden de “buen trato”, en la práctica esta se concentraba en mantener al secuestrado con vida, y las consideraciones sobre la dignidad humana quedaban en manos del comandante o guardia de turno.

Para describir este trato, la Sala recurrió a los detallados relatos de las víctimas y sobrevivientes de los hechos, donde dan cuenta de los vejámenes y malos tratos, para concluir que se cometieron además crímenes relativos a los malos tratos como torturas, tratos crueles e incluso casos de violencia sexual. La Sala resalta además la vulnerabilidad especial de niños y niñas, y de las mujeres, que estuvieron secuestradas y que vivieron el miedo y la desprotección de manera diferenciada, por la minoría de edad, y por ser mujeres.

       10. Daños directos y colaterales

No solo fue la privación sino que hubo otros daños directos e indirectos cometidos por las Farc: el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los cautivos, la venta de cadáver, doble pago de rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo. Las familias enfrentaron un intenso sufrimiento emocional y moral, que persistió incluso cuando pudieron reencontrarse con sus seres queridos.



Estos hechos marcaron un antes y un después en la vida de las personas, incluyendo estrés postraumático. En cuanto a la investigación penal, en lo que se refiere a la impunidad, en la gran mayoría de los hechos (72% y 81% de las denuncias según si los hechos se cometieron antes o después del 2000) nunca se logró identificar a los autores individuales.

Se deterioró la calidad de vida no solo de las víctimas, sino de las comunidades campesinas. La afectación a los ganaderos y agricultores empobreció a las regiones, afectando especialmente a ganaderos y agricultores que vivían en fincas apartadas de la protección de las autoridades. La Sala tiene razones para concluir que esta afectación a las comunidades fue también moral.