El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, ha pedido disculpas sobre sus palabras acerca de un supuesto plan por parte del Congreso para derrocar al presidente Pedro Castillo, quien se enfrentará el próximo 8 de marzo a un nuevo voto de confianza.
"A todos los congresistas, mis disculpas por las expresiones que haya manifestado en el fragor de esta contienda", ha señalado Torres, en rueda de prensa, según recoge el diario peruano 'La República', en el marco de nuevas tensiones en el recién estrenado gabinete.
El primer ministro peruano ha coincidido con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, sobre el propósito de "encontrar consensos" para "enrumbar" al país hacia "el bienestar de todos los peruanos".
Estas palabras se refieren a las declaraciones de la presidenta del Congreso sobre "el diálogo y la concertación": "Queremos decirle al ministro Torres que queremos seguir reuniéndonos para definir acciones de consenso. Seamos respetuosos y demos un respiro a Perú", ha dicho, según ha informado el 'El Comercio'.
María del Carmen Alva ha fijado para el 8 de marzo el voto de confianza del nuevo y recién estrenado gabinete de Torres, que es el cuarto del presidente peruano, Pedro Castillo, en apenas medio año de mandato.
"Queremos anunciar que lo recibiremos a Castillo para oírlo el 8 de marzo. Tiene más de 20 días para reflexionar, para plantear y ver qué hacemos juntos por nuestro país. Lo esperamos. El Perú espera sus respuestas", ha dicho la presidenta.
El anuncio ha tenido lugar durante una declaración ante la prensa dos días después de que el primer ministro denunciara al Congreso por urdir supuestamente un plan con el que intentar derrocar al presidente Castillo.
En concreto, Torres había denunciado una reunión "secreta" dentro del seno del Congreso cuyo objetivo era trazar un plan para generar un golpe de Estado a través de diversos mecanismos como "la vacancia presidencial".
"El Congreso siempre está permanentemente buscando allanar el camino a la vacancia mediante la modificación a la Constitución mediante normas inconstitucionales", protestó, llegando incluso a alertar a la comunidad internacional del plan secreto.
Como consecuencia de estas supuestas maniobras, la ministra de Trabajo de Perú, Betssy Chávez, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Alva, insistiendo en que a través de dicho encuentro el Congreso habría cometido un delito de "conspiración" para una rebelión.
Por su parte el juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Tribunal Supremo de Perú, ha dictado doce meses de restricciones al viaje contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el marco de un caso sobre corrupción en relación con el proyecto de construcción concedido a la brasileña Odebrecht.