La situación que vive hoy Colombia por cuenta del fenómeno de la corrupción que invade las esferas oficiales es, según algunos, parecida a la que afrontaron las repúblicas del Perú y Venezuela en la década del 90, que produjo el intento fallido de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, que lideró en Venezuela el entonces teniente-coronel Hugo Chávez Frías, y el autogolpe de Estado que protagonizó el presidente del Perú, Alberto Fujimori, el 5 de abril del mismo año. En ambos casos se invocó como argumento justificativo de tales acciones la corrupción y el despilfarro que se vivía en tales países.

En lo que corresponde a Venezuela, el periodista Jhon Sweeny sostiene: “los golpistas tenían el convencimiento que eran más perfectos que los demás en la sociedad venezolana , y que los dirigentes civiles de su Nación eran estúpidos, corruptos  y responsables de la crisis que ha venido sufriendo Venezuela desde hace años…..Todos sus integrantes compartían el convencimiento de que su deber bolivariano consistía en liberar a Venezuela de la dirigencia política corrupta y reparar el empañado honor de la Nación.”

En cuanto al Perú, Alberto Fujimori anunció que “había cerrado el Congreso y suspendido la Constitución para detener el caos y la corrupción”.  Del mismo modo adujo que la ingobernabilidad de su país se debía a la “actitud negativa del Congreso y la politización y corrupción de la rama judicial.”

En nombre de la corrupción se instalaron en el gobierno de los dos países citados regímenes autocráticos que terminaron negando los valores del sistema democrático del que se valieron para hacerse al control de los poderes del Estado. Fujimori se convirtió en un dictadorzuelo que utilizó la corrupción como forma de gobierno e incurrió en graves violaciones de los derechos humanos, por lo que purga una larga condena. Y Venezuela no ha podido salir de la aventura populista que acabó con la división de poderes, destruyó las instituciones democráticas al extremo de anular por completo la soberanía de la Asamblea Nacional y corrompió el estamento militar, que es la fuerza política dominante en el vecino país. El vicepresidente actual Tareck El Aissami acaba de ser incluido en la lista Clinton acusado de tráfico de drogas.

No creo que en Colombia estemos llegando a esos extremos porque, aún en medio de las dificultades, contamos con instituciones que, a pesar de la pérdida de la confianza pública, todavía funcionan. Pero es un campanazo de alerta. Debemos reconocer que la corrupción que nos invade y la falta de legitimidad del sistema político  pueden abrir las compuertas a la irrupción del populismo cuya experiencia nunca ha demostrado ser la mejor forma de conducir a nuestras sociedades y la organización del Estado.

A este estado de cosas y de crisis en los valores morales hemos llegado por cuenta del poder corruptor del narcotráfico, de la falta de respeto y acatamiento de la ley y a la estructura del funcionamiento de nuestro régimen político. Hay urgencia de promover una reforma política integral.