- El régimen sobrepasa todos los límites
- Oposición no puede ‘legitimar’ el fraude
En el vecino país la democracia se ha convertido en una farsa electoral e institucional. Venezuela, desde el punto de vista de la teoría constitucional, es una democracia representativa, donde el pueblo elige a su Presidente, lo mismo que a sus representantes en el poder Legislativo para que formulen las leyes y las aprueben en beneficio del pueblo. La misma Carta Política consagra la separación de poderes y, sobre todo, la independencia de la rama judicial. También declara solemnemente el respeto por la vida, la dignidad humana y los derechos fundamentales. Asimismo el texto constitucional proclama un régimen federal. Pero todo ello, pese a que se trata de una Carta Política creada por el propio chavismo, no pasa de ser una mera ficción. No hay democracia, tampoco separación de poderes, ni respeto por las garantías fundamentales y menos se permite a los gobernadores aplicar sus programas… Un régimen dictatorial impera.
Al analizar el sistema político vigente, que rige desde 1999 cuando se proclamó la nueva constitución la República Bolivariana de Venezuela, se encuentra que este derivó en un esquema de poder personalista, donde el gobernante goza de poderes que no tuvieron ninguno de los dictadores del pasado y, como si ellos fuera poco, se vale además de leyes habilitantes para cumplir sus caprichos, pasando por encima de la Asamblea Nacional, más aún si como la actual tiene origen legítimo y con mayoría de la oposición. Por el contrario, el Gobierno no solo desconoce los dictados del Legislativo sino que convocó una constituyente forjada en unas elecciones espurias y que está bajo control absoluto del oficialismo. Así la Asamblea fue despojada de sus facultades y el gobierno ni siquiera acepta que le apruebe o impruebe el presupuesto nacional, cuestione a sus ministros o nombre, como lo manda la Constitución, a los magistrados de las altas cortes. Esas funciones, propias de un sistema democrático, las ha asumido de facto el gobernante, lo que lo convierte en un dictador que ha cooptado todas las jurisdicciones: ejecutiva, judicial, legislativa, electoral.
En medio de ello, cualquier proceder gubernamental es espurio. Por ejemplo, en Venezuela se realizan elecciones y existe una institución encargada de velar por la pureza del sistema. Dicho tribunal está a cargo de Tibisay Lucena, una de las principales fichas del chavismo y quien sostiene que torcer la voluntad popular expresada en las urnas es imposible por cuanto el sistema está digitalizado y blindado ante intentos de fraude. Sin embargo, nadie le cree y hasta la misma compañía contratada por el oficialismo durante años para facilitar el desarrollo del evento electoral reconoce que en no pocos casos impera la trampa. De lo contrario, si la voluntad popular se respetara, el chavismo habría salido del poder hace varios años por cuenta de la crisis política, económica, social, humanitaria e institucional sin precedentes en que sumió a la otrora rica nación.
Es claro, entonces, que en Venezuela no existen las mínimas garantías democráticas para efectuar unas elecciones libres y ello explica porque el grueso de la oposición decidió no presentarse a los comicios presidenciales convocados anticipada, abusiva e inconsultamente por la constituyente, en una burda maniobra para perpetuar a Nicolás Maduro. Apenas los llamados “enchufados”, esos sectores gobiernistas que se han infiltrado en la oposición y entre los independientes, aceptan participar en la farsa electoral, pese a que se corre el riesgo de ‘legitimarla’.
Conscientes de la trampa, varios gobiernos de nuestra región y de otras latitudes, incluida la Unión Europea, ya han proclamado que no reconocerán los resultados del anunciado fraude electoral que se avecina en Venezuela.
Incluso el Congreso de Estados Unidos se pronunció esta semana sobre la calamitosa situación del país suramericano, exigiendo que se efectúen "elecciones libres y justas". Al mismo tiempo, condenó los constantes ataques a la oposición. El Legislativo norteamericano se proclamó solidario con el pueblo venezolano y advirtió que los programados comicios, al no cumplir con las normas internacionales establecidas, se considerarán ilegítimos. Incluso se denunció la inaceptable táctica del régimen de usar el racionamiento de alimentos para influir en los comicios "durante un período de grave escasez de alimentos y hambre generalizada". Todo ello para terminar en que el Senado estadounidense le propusiera al gobierno Maduro posponer las elecciones presidenciales del 22 de abril hasta que se restablezcan las mínimas garantías democráticas. Caracas, sin embargo, prestó oídos sordos al clamor local e internacional y, por el contrario, el Presidente procedió ya a inscribirse ante un Consejo Nacional Electoral de bolsillo y cómplice.
Como se ve, el régimen dictatorial venezolano se encarrila a atornillarse en el poder, acudiendo para ello a una farsa electoral tan burda y evidente que ni siquiera sus propios parciales se la creen.