• ¿Unificar mandatos de Presidente, gobernadores y alcaldes?
• Cortocircuitos entre los distintos planes de desarrollo

En el alud de propuestas que se escuchan en medio de la campaña presidencial, hay algunas que no tienen eco alguno, sea por su poca novedad o la inviabilidad manifiesta, y otras que dado su sustento argumental generan debates serios y profundos sobre las implicaciones que tendría llevarlas a la práctica para enfrentar problemáticas o falencias evidentes. Uno de los principales aspirantes a la Casa de Nariño propuso esta semana la posibilidad de unificar los mandatos del Presidente de la República con los de gobernadores y alcaldes. Aunque ambos tienen periodos cuatrienales, el proceso electoral del primero se realiza 16 meses antes que el de los segundos. Si bien en muchos países las elecciones de orden nacional (llámese Jefatura de Estado y Congreso) se realizan en fechas y años distintos a los comicios regionales, es claro que en Colombia esa circunstancia se ha venido convirtiendo, con el pasar de los años, en un problema que dificulta la buena gobernanza, más aún después de que se abolió la reelección en todos los cargos uninominales de elección popular, es decir para los titulares de la Presidencia de la República, las gobernaciones y las alcaldías.

Sería ingenuo desconocer que los esquemas de descentralización administrativa, ordenamiento territorial y coordinación efectiva de políticas del orden nacional, regional y local se ven alterados por el hecho de que a mitad de sus periodos los respectivos mandatarios tienen que enfrentarse a cambios de gobierno en las otras jurisdicciones. Así, un titular de la Casa de Nariño se posesiona cuando a los gobernadores y alcaldes actuales les quedan menos de año y medio para terminar sus periodos. Y, de igual forma, los mandatarios departamentales y municipales comienzan a interactuar con un gobierno nacional que ya lleva una tercera parte de su periodo y tiene en marcha la mayoría de sus políticas públicas, que en algunos casos no encajan con lo prometido en campaña por quienes salieron electos para los ejecutivos regionales y locales.

Por ejemplo, cuando un Presidente asume el poder,  tarda casi un año para que el Congreso le apruebe su respectivo Plan de Desarrollo.  Este, como se sabe, fija una serie de énfasis en materia de políticas, programas y destinaciones presupuestales que tiene estatus legal y, por lo mismo, si no encajan con los planes de desarrollo que ya están aplicando los gobernadores y alcaldes vigentes, obligan a estos a ir a sus respectivas asambleas departamentales y concejos municipales para tramitar la respectiva armonización. Es allí en donde la gobernanza se impacta en cuanto a lo que tiene que ver con la aplicación de políticas públicas en los distintos niveles de la administración pública. Es evidente, por demás, que las prioridades cambian de un gobierno a otro, ya sea por los énfasis de gestión que se asuman o por las reformas que se apliquen para implementar el respectivo Plan de Desarrollo.

Un ejemplo aún más sencillo: el país tiene pendiente una reforma al Sistema General de Participaciones, que es el esquema que define todo lo relativo al giro y distribución presupuestal desde el gobierno nacional central a los departamentos y municipios. Si no existe un mínimo de coordinación entre los planes de desarrollo de los distintos niveles, es claro que se produce un cortocircuito en el manejo de lo público.

Obviamente hay dudas razonables frente a la posibilidad de que el Presidente, los gobernadores y alcaldes (lo que se podría extender a diputados, concejales y ediles) se elijan en una misma fecha o, al menos, se posesionen con tiempos de diferencia más cortos para acompasar mejor sus mandatos. Separar las elecciones nacionales de las regionales permite un mayor dinamismo político, con el consecuente empuje a la renovación de liderazgos personales o el surgimiento de nuevas alternativas partidistas. También permite un permanente interés de la ciudadanía en la importancia de asistir a las urnas como mecanismo de control político a los gobernantes.

Lo importante es que se abra el debate al respecto y se estudien a profundidad sus pro y contra. Un país que en menos de 16 años pasó de viabilizar la reelección presidencial inmediata (contemplando incluso la posibilidad de aprobarla para gobernadores y alcaldes) a prohibirla en todos los niveles de la administración pública debe reacomodar su sistema de gobernanza. La nación es un aparato sistémico y estructural por el que fluyen no sólo los recursos y la definición de las facultades y roles oficiales, sino la asignación de responsabilidades del orden nacional, regional y local para hacer realidad la premisa de un estado social de derecho. Si se presentan cortocircuitos u obstáculos en la funcionalidad de ese sistema, es necesario aplicar los correctivos del caso. Visualizarlos o plantearlos es, por encima de todo, lo que se espera de quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño para regir los destinos de todo el país. Ese es el objetivo final de la campaña.