Las pensiones están en la mira de cambio hace ocho años, mientras la fuerza laboral que ha construido país para riqueza y productividad solo ha encontrado debates repetidos y discriminatorios ante Gobierno y Congreso. Es una abierta inequidad económica y social.

Ahora que se preparan aspirantes a Senado y Cámara, la ciudadanía reclama proyectos concretos, razonables y guante limpio para ejecutar ideas. Pese a críticas, se reconoce que hay propuestas legítimas de estudiosos del tema.

Lejos de apasionamientos partidistas, pero muy cerca de justos anhelos sociales, esta columna sopesa por valor y beneficio humanitario, iniciativas que contengan derechos adquiridos.

El abogado Oscar Iván Palacio, aspirante al Senado por el Partido Conservador (51) en tarjetón, sostiene su oposición, a quienes pretenden aumentar las semanas para reconocer pensiones, incrementar monto de cotizaciones y más edad.

En contraste positivo, en foros comunitarios argumenta el proyecto dirigido al  fortalecimiento de Colpensiones, como empresa patrimonial, con ampliación para más ciudadanos próximos a pensionarse, muchos en condiciones de discapacidad y vejez.

Plantea Pensión Asistencial para mayores de 70 años, que estén en el Sisben, 1 o 2, y no tengan ingreso económico. Para el efecto, el Estado asignaría una pensión equivalente a tercera parte del salario mínimo mensual.

También es plausible la iniciativa de crear Pensión Campesina, para mayores de 70 años que habitan y laboran en zonas rurales, y más, si están en condiciones precarias; Tendría reconocimiento  equivalente a  tercera parte del salario mínimo legal vigente.

Otro elemento adjunto es la Pensión Familiar para esposos o compañeros que sumen 1.300 semanas cotizadas. Explica que se haría efectiva si se elimina el requisito de 670 semanas cotizadas entre los dos, antes de 45 años de edad.

Ojalá el incremento anual de pensiones fuese igual al aumento en salario mínimo vigente, y no con el lánguido índice de costo de vida.

No queda fuera protección para trabajadores en  área de servicios; por ejemplo, agentes de tránsito estarían en régimen especial, similar al de la Fuerza Pública, considerados ambos como oficios de alto riesgo.

Responde una petición reclamada con insistencia para cubrir  al propietario y conductor de taxi con su grupo familiar. Precisa que de 400 mil taxistas en el país, solo 25 mil son propietarios.

El amparo incluiría crédito blando de bancos, en todas las ciudades,  para que  actuales conductores se conviertan en propietarios de su fuente de trabajo.

Agrega el proyecto, apoyo complementario, al disponer que las cooperativas de vigilancia garanticen pago de prestaciones de Ley a  vigilantes, durante vinculación y en terminación de contrato.

Observa que las universidades, para obtener acreditación institucional, estarían obligadas a conseguir prácticas laborales a los estudiantes y primer empleo a egresados.    

Estas propuestas configuran Pensión digna con integración social. Es un aporte valedero para llegar al Senado de la República y, desde luego, el jurista Palacio, quien propone, debe estar en la escena legislativa.