La discusión sobre lo que debe pasar con las plataformas digitales sigue viva. Todos los actores están de acuerdo con que hay que regularlas. Sin embargo, el problema es el cómo.

Llegar a una regulación satisfactoria que pueda colocar a todos los actores en igualdad de condiciones y que permita seguir operando a las plataformas parece una labor titánica, pero según los expertos en el tema es posible.

Erick Rincón, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, experto en el campo del derecho y las tecnologías de la información, le aseguró a EL NUEVO SIGLO que desde 1999 hay una norma habilitante que es la “ley 527 de 1999, conocida como Ley de Comercio Electrónico y tiene 20 años de desarrollo”.

Esa norma, agregó, “norma permite que estas manifestaciones que se realizan en medios electrónicos se hagan sin discriminación desde el punto de vista del medio que se realizan. Pero lo que es importante resaltar es que la economía colaborativa genera algunas asimetrías regulatorias con respecto a la industria tradicional, porque algunos de estos nuevos actores o modelos de negocio sin duda alguna no tienen que incurrir en licencias, autorizaciones, permisos que normalmente los actores tradicionales sí tienen que asumir. Allí es donde hay que equilibrar la cancha para saber si vamos con mínimos regulatorios o con máximos regulatorios. En otras palabras, si vamos a equilibrar la cancha por lo alto o por lo bajo”.

El profesor Rincón sostuvo que la regulación no solamente pasa por la discusión sobre si se debe permitir la operación de las plataformas. También es una discusión laboral: “Yo creo que el tipo de contrato laboral de los colaboradores depende de la reflexión que se haga desde el punto de vista de la política pública y la definición que el Gobierno haga de los modelos de negocio. Hay que ver si los trabajadores se consideran trabajadores independientes o colaboradores”.

Para Rincón, “la regulación ya está y es una regulación desde el Código Sustantivo de Trabajo que habla de estos trabajadores. En cambio, si se considera que los colaboradores dependen directamente de las plataformas, que puede ser una visión exagerada, tendría que definirse la dependencia que hay de esas plataformas, lo que me parece que no es conveniente. Hay que revisar cómo en el ordenamiento jurídico colombiano, para el tema del trabajador independiente, hay un marco jurídico que hay que aplicar”.

Según dijo, “estoy de acuerdo con que no se hable en Colombia de trabajo por horas, que puede precarizar a los trabajadores, pero sí figuras configuradas en el ordenamiento para regular el trabajo independiente y revisar muy bien el tema de cotizar por ingresos, que puede ser bastante importante de cara a estas iniciativas que hay en el Congreso”.

Por último, advierte que hay que ver como se equilibra la cancha: “Yo creo que si regulamos por lo alto vamos a desincentivar la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevos modelos de negocio a través de la innovación. Hay que revisar cómo a través de mínimos, desde el punto de vista regulatorio, la equilibramos. Por ejemplo, cómo regular los cupos para los taxis que la gente que presente el servicio de Uber tenga las mismas cargas de seguros y tributarios de los taxistas”.

Hoja de ruta

Germán Rueda, viceministro de Economía Digital, sostuvo que desde el Gobierno “apoyamos el emprendimiento, el desarrollo de la innovación, la competencia, las ideas innovadoras y lo que planteamos frente al desarrollo de la reglamentación es un trabajo específico frente a las necesidades que tenemos hoy, pero también pensando a futuro construir una hoja de ruta para que cuando lleguen nuevas necesidades, soluciones y emprendimientos tengamos un camino claro para abordarlos”.

El funcionario le aseguró a este Diario que en materia legislativa los congresistas tienen la potestad de avanzar en las que consideren pertinentes: “Es algo que se va a dar orgánicamente el debate de las ideas que necesitamos a nivel de reglamentación en Colombia”.

Rueda expresó que el Gobierno está comprometido, pues “en el Plan Nacional de Desarrollo tenemos un artículo que va enfocado a regular la parte laboral de las economías colaborativas. Es una regulación que se viene dando. Desde hace más de un año hay mesas de trabajo que se vienen dando sobre esta discusión que es transversal, independientemente que sea el sector de transporte o de turismo. Es un trabajo muy importante desde el punto de vista laboral. Además, tenemos un capítulo de transformación digital”.

Negocios viables

Para Juan Sebastián Rozo, director de Asuntos Públicos de Rapi en Colombia, “es importante dejar a un lado los debates de cada una de las compañías y pensar en Colombia frente a una industria que genera muchos beneficios. Hay una legislación que ya está determinada. Estas nuevas economías retan permanentemente no solo a la ley sino a la regulación para desarrollar especificaciones que permitan que estos modelos de negocio sean viables y se transfiera el valor agregado a la economía y la sociedad”.

A su turno, Paula Bernal Sanint, directora Asuntos Gubernamentales de Didi en Colombia, indicó que “es importante para nosotros que haya una reglamentación que entienda el esquema de las transformaciones digitales, que entienda las economías colaborativas, que entienda que se presta un servicio de transporte entre un socio conductor y un usuario pasajero, y por el otro hay un servicio de conectividad que es el que presta la aplicación. Es importante revisar qué tipo de tecnología puede estar al servicio de los taxis para mejorar su ingreso y eficiencia, y de esa forma pueden generarse mejores condiciones para todos”.

Así mismo, sostuvo que Didi quiere una regulación de esto lo más pronto posible: “Creemos que una ley dejará clara las condiciones para todos y va a superar unos puntos que a hoy no tenemos una claridad absoluta para los que operamos en este mercado”.

Por último, el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, aseguró que en marzo presentará un proyecto de ley que tiene varios criterios básicos: “Primero, hace una ley para todos los sectores. Que los taxis sean un servicio público, que es una categoría de economía. Además, las condiciones laborales de los conductores deben ser las mismas: derechos laborales plenos para todos los que trabajen allí. Este debate apenas está iniciando”.