* Los pilares de la reforma institucional
* Urge más efectividad y transparencia
Un expresidente colombiano solía decir que el ciudadano promedio se hacía una idea de lo que era el Estado con base en la forma en que esa persona interactuaba con el agente policial más cercano. La tesis iba en la dirección de que ese uniformado era la instancia de autoridad más inmediata y cercana a la que accedía un habitante y si recibía del hombre en armas un trato amable, proactivo, dirigido a hacer respetar los deberes y derechos de cada uno, entonces ese ciudadano empezaba a percibir el Estado como una institución confiable a la que podía derivársele la potestad de aplicar las leyes y acudir al mismo cuando se necesitara protección ante quienes las violaban. Si, por el contrario, el trato del agente policial con las personas con las que interactuaba en el entorno local era despectivo, abusivo o desaprensivo, esa era la imagen que la ciudadanía empezaba a formarse del Estado y toda figura de autoridad oficial.
En Colombia han sido múltiples las reformas que se han aplicado a la Policía Nacional. De hecho, bien podría decirse que cada gobierno de turno ha realizado alguna modificación en la organización, funcionalidad, régimen de carrera y mecanismos de transparencia y eficiencia de una institución que, a lo largo de las décadas, ha visto caer a miles de sus hombres y mujeres en defensa de la vida, honra y bienes de sus compatriotas. La semana pasada, por ejemplo, el país reaccionó indignado por el asesinato en Bogotá de un agente de 24 años que interceptó a dos personas sospechosas, una de las cuales accionó cobardemente un arma contra el uniformado.
El Ministerio de Defensa anunció ayer las bases de una nueva reforma a la institución, dentro de una estrategia denominada “Plan integral de innovación, transparencia y efectividad del servicio de la Policía Nacional”, cuyo propósito es lograr enfrentar con mayor contundencia las nuevas dinámicas criminales, reducir la comisión de delitos y garantizar el cumplimiento de estándares en el servicio que se presta a los ciudadanos a partir del uso legítimo de la fuerza, garantía de derechos humanos y correcto ejercicio de procedimientos de la Fuerza Pública.
Dicho Plan comprende cuatro pilares. En primer lugar se reforma el régimen de carrera, mediante un ajuste al proyecto de ley que cursa en el Congreso en pos de mejorar las condiciones de ascenso y progreso de grado, el sistema de incorporación de personal, impulsar su profesionalización y el otorgamiento de distinciones y reconocimientos salariales por buen servicio. En segundo término se llevará al Parlamento una iniciativa para adoptar un nuevo Estatuto Disciplinario Judicial dirigido a profundizar la vigilancia de los uniformados, su apego a las normas con estándares internacionales de derechos humanos y la resolución efectiva y contundente de las denuncias y quejas por su accionar. También se plantea una reforma a la estructura de la institución, creando algunas jefaturas como las del servicio al ciudadano y derechos humanos, con el objetivo de mejorar los estándares de cumplimiento de las reglas sobre uso legítimo de la fuerza y de las armas, procedimientos policiales y correcta atención a la población. Todo ello unido a un cambio en los uniformes y mejora en la dotación del pie de fuerza. La suma de estas cuatro estrategias debe redundar en un personal policial mejor formado, con valores institucionales más afincados, un régimen de carrera justo y equilibrado, absoluto respeto a los derechos humanos así como una capacidad de acción y reacción más efectiva y diligente para neutralizar de forma integral las múltiples amenazas de la delincuencia común y organizada contra la ciudadanía.
Todo cambio dirigido a incrementar la operatividad y transparencia policial es bienvenido. Es claro que se requieren, como en toda institución compuesta por miles de hombres y mujeres, la mayoría de ellos valientes colombianos que arriesgan sus vidas por sus conciudadanos, constantes ajustes para aumentar los márgenes de protección de la población y detectar rápidamente a las ‘manzanas podridas’.
Es innegable que en algunas regiones se está presentando un preocupante reciclaje de la violencia armada y el crimen organizado que requiere una respuesta más contundente de la Fuerza Pública, la Fiscalía y la justicia. También lo es que hay un pico de algunos delitos de alto impacto, aumentando los índices de inseguridad urbana y rural. No menos evidente es que suben los decesos y heridos por riñas callejeras, casos de intolerancia y violación a las normas de convivencia. Se requiere, por igual, mejorar las capacidades de inteligencia de las autoridades y acelerar la modernización tecnológica de sus equipos y la velocidad de reacción ante las denuncias y crímenes en flagrancia. En la medida en que se avance sustancialmente en cada uno de esos frentes, Colombia podrá, por fin, empezar a disminuir de forma contundente y permanente la incidencia delictiva.