Al término de una audiencia que duró más de 12 horas y en decisión de primera instancia, la Contraloría General de la República (CGR) profirió decisión con responsabilidad fiscal en cuantía de $71.674 millones, a título de culpa grave, en contra del exmandatario Alejandro José Lyons y otros funcionarios y exfuncionarios de la Gobernación de Córdoba, por cuenta del denominado ‘cartel de la hemofilia’.
A través de un comunicado, la Contraloría informó que en este caso se realizaron pagos irregulares por miles de millones de pesos con cargo al presupuesto departamental, por supuestos pacientes de hemofilia que en realidad gozaban de cabal salud.
Para perpetrar el fraude se presentaron soportes y documentos falsos como historias clínicas, órdenes médicas y exámenes de laboratorio, entre otros.
Entre los declarados responsables fiscales figuran, además, del exgobernador Lyons, secretarios de salud, auditores médicos, coordinadores y prestadores de servicios de salud (IPS).
De acuerdo con la decisión emitida por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, también fueron declarados responsables fiscales Alfredo José Aruachán, como secretario de Desarrollo de la Salud de Córdoba; Alexis José Gaines, como secretario de Desarrollo de la Salud de Córdoba; Edwin Preciado, como secretario de Desarrollo de la Salud de Córdoba; Juan Carlos Cervantes, como secretario de Desarrollo de la Salud de Córdoba; Alfredo Ignacio Ceballos, como coordinador del Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI); Adalberto Rafael Carrascal, como coordinador del CAM de la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba; Juan David Nader, auditor médico; Marcela Sofía Suárez, auditor médico; Mayda Gómez, auditor médico; la IPS Unidos por su Bienestar SAS y su representante legal Guillermo José Pérez; y la IPS San José de la Sabana SAS y su representante legal Rubén Darío Guerra.
Corrupción
Como lo registrado EL NUEVO SIGLO, el ‘cartel de la hemofilia’ se desarrolló durante las administraciones de Lyons y Edwin Besayle, con el apoyo del senador Musa Besayle, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).
Lyons ha acumulado más de 20 procesos por corrupción que acumularían recursos desfalcados por $107.000 millones. Sin embargo, en 2017 se fue a Estados Unidos con su familia, donde empezó a colaborar con las autoridades de ese país como informante, ayudando a descubrir la red de corrupción en la justicia conocido como el ‘cartel de la toga’.
En la maniobra de corrupción los gobernantes desviaron fondos provenientes de regalías del departamentales de Córdoba y los recursos públicos del Sistema General de Participaciones (SGP) -mediante sobrecostos o cobros por servicios inexistentes de o para tratamientos de la salud-, hacia IPS que luego usaban los dineros para pagar costos incurridos en campañas políticas o agrandar sus riquezas personales.
La Fiscalía General de la Nación determinó que el ‘cartel de la hemofilia’ fue una "alianza criminal" creada por Lyons y los hermanos Besayle para apropiarse ilícitamente de los recursos destinados a la salud de los más pobres".
A finales de 2019, el Ministerio de Salud aseguró que con los recursos desfalcados se le habría podido dar atención gratuita a unos 67.000 pacientes pobres de Córdoba.
Lyons
En junio de 2019 la Procuraduría General de la Nación sancionó a Lyons con destitución e inhabilidad por 13 años para ejercer cargos públicos por recibir dinero para mantener a un contratista como prestador de servicios de salud para pacientes con hemofilia.
El Ministerio Público halló responsable a Lyons de haber incrementado de manera injustificada su patrimonio, al haber recibido la suma de $4.000 millones de parte del gerente de la IPS Unidos por su Bienestar S.A.S, y apropiarse del 50% de dicha cantidad para que este contratista siguiera prestando servicios médicos asistenciales para pacientes con hemofilia, en los años 2013 y 2015.
Para el ente de control, el investigado actuó con total conocimiento de su responsabilidad, y usó su cargo para recibir dádivas a su favor y de terceros por realizar un acto propio de su cargo.
Un año después, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Córdoba condenó a 120 meses de prisión al ya mencionado funcionario Ceballos, excoordinador del PAI, luego que la Fiscalía lograra un preacuerdo al demostrar su responsabilidad en la apropiación de más de $1.500 millones destinados al suministro de medicamentos a pacientes con hemofilia.
En el proceso, Ceballos fue acusado de los delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros, los cuales admitió haber cometido en el marco del denominado ‘cartel de la hemofilia’ en Córdoba.
Los hechos que originaron la investigación están relacionados con el pago de $1.525 millones que realizó la Gobernación de Córdoba en mayo de 2016 a la IPS San José de la Sabana, por el supuesto suministro de medicamentos para el tratamiento de enfermos con hemofilia.
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Los supuestos favorecidos con los suministros serían 14 pacientes falsos, a quienes hicieron pasar como pertenecientes a la población pobre no cubierta con subsidios del departamento, sin que existieran los documentos que justificaran los pagos efectuados.
El entonces coordinador del PAI emitió actos administrativos falsos para justificar el desvío de los dineros públicos, hecho sobre el cual el despacho judicial señaló que “indudablemente se estaba ante un hecho grave y de impacto social”.