La Constitución no penaliza el incumplimiento de las promesas del  candidato ganador, al final de su gobierno. En cambio, la ciudadanía sí lo debe hacer,  excluyéndolo del escenario político, por ineficiente en actividad pública.

Así se consolidaría rigor ciudadano, exigido en cuanto a respaldo o rechazo, con la debida advertencia que debe cumplir con responsabilidad en su periodo legislativo.

El análisis se desprende, ahora que la política partidista está revolcada y la  independiente, desconcertada y dudosa de la destreza de quien gane. Más de media masa electoral reclama reestructurar el país.

Cobra valor y actualidad plantear que si hay segunda vuelta, los finalistas  suscriban, cada uno, su -Acta de Compromiso- con la ciudadanía para los cuatro años.  

Sería un documento ejemplar para arbitraje público, a cargo de Organizaciones  no Gubernamentales, sobre justicia, política, economía, educación, salud, seguridad y cultura, entre otros, para verificar si el nuevo mandatario cumple

Así el Acta es exigencia precisa de proyectos, sin amalgama teórica, sino con lo básico para reestructurar lo fundamental que espera el país con apoyo constitucional.

Junto al elegido, el debate de propuestas en el Congreso, requiere cabeza fría, hablando, no gritando ni ofendiendo; mejor que sea vía libre de opinión con todas las corrientes políticas, sobre lo prioritario.    

Por ejemplo en Justicia, se espera acuerdo urgente para despejar lo  planteado entre Corte Suprema de Justicia y Fiscalía, alrededor de porte de dosis mínima. ¿Es blanco o es negro el tráfico con droga? De lo contrario, ese comercio, aprovecha la dosis, para ocultar venta y ampliar mercado.  

La reestructuración es oportuna para el nuevo Gobierno. Puede establecer modelos similares en el país para eliminar tramitología con intermediarios.  

Tampoco pasa inadvertido el pedido de expertos para que Salud Pública sea política de Estado; el sistema vive emergencia permanente por presupuestos pobres, carencia de medicamentos y deficiente servicio a usuarios.           

El desorden reina en otros frentes: ¿Quién chequea honradez, en facturas por cobro de energía, gas y telefonía, en capitales, municipios y medianas poblaciones?  El viejo “clavijazo”  está en el consumo en facturas.

Pululan empresas piratas, supuestamente autorizadas para instalaciones y reparaciones en residencias, oficinas y locales comerciales. Y ha crecido esa oferta telefónica.  

Ojalá el próximo gobierno ajuste protección social y se comprometa a que, dentro de dos años, ningún municipio carezca de energía limpia, iluminación pública y acueducto en funcionamiento.

A grandes rasgos, esta es acta, no lejana de la realidad, para comprometer a candidatos con seriedad y decisión responsable; Si hay, o no robo de ideas,  cada uno seguirá adelante. Lo importante, sería aplicar lo propuesto.

El beneficiado sería el Derecho Público, para confrontar que las promesas de candidato-ganador, no se vuelven cuento de Presidente.