Más de 20 mil niños y jóvenes al año, se ven involucrados en delitos como hurto y homicidio

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El próximo 20 de julio será radicado un importante número de proyectos en la instalación del nuevo Congreso, entre los cuales, uno que seguramente generará polémica es una iniciativa para judicializar a los menores de edad involucrados en hechos delincuenciales. En la actualidad según el Código del Menor y la Infancia, los jóvenes entre los 14 años y los 18 no pueden ser juzgados, declarados responsables penalmente, ni internados en cárceles.

La Ley establece que los menores transgresores entre los 14 y 16 años, pueden ser sometidos a medidas de protección, como amonestaciones e internamientos.

Únicamente podrán ser privados de la libertad los menores entre los 16 y 18 años que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena según el Código Penal exceda los seis años de prisión o cuando sean hallados responsables de los delitos de homicidio doloso, secuestro o extorsión, en todas sus modalidades.

Sin embargo, la privación de la libertad es en un Centro de Atención Especializada y tiene una duración máxima de ocho años.

En ese sentido la senadora María del Rosario Guerra anunció a EL NUEVO SIGLO que “tengo ya un paquete de 10 proyectos que voy a radicar el 20 de julio, dentro de los cuales se destaca la judicialización de los menores de edad infractores”.

La Parlamentaria del Partido Centro Democrático indicó que “hoy los menores de edad por el Código de Infancia y Adolescencia y por el Código Penal, por ser menores de edad, no pueden ser juzgados como adultos ni tener cárceles como los adultos. Pero sí fueron capaces de asesinar a una persona con 14 años; pues tienen que ser capaces de ser juzgados, de que se les condene y paguen su pena. Lo que pasa es que tienen que pagarla en sitios especializados donde se puedan resocializar, donde puedan estudiar y mejorar en su comportamiento”.

Añadió Guerra de la Espriella “lo que queremos es que puedan ser judicializados, que hoy no lo son, que puedan ser condenados y puedan pagar cárcel en condiciones especiales para ellos; pero no pueden seguir siendo tratados como menores de edad”.

“El tema que estoy proponiendo es que sea entre los 13 y hasta que cumplan los 18”, explicó la Parlamentaria del Centro Democrático.

Guerra indicó que las penas que contempla su proyecto para los menores de edad que sean judicializados serán similares a las que se tienen establecidas a los adultos.

“Ahí lo que estoy considerando es que ellos deben tener penas similares y fuera de eso, los que los induzcan a la criminalidad, mucho más severas. Porque es que hoy hay que atacar también los que los inducen a la criminalidad y que sean mucho más severas esas penas”.

Guerra de la Espriella señaló también que “por eso el país tiene que construir mínimo 30 cárceles y ojalá como colonias agrícolas en zonas rurales donde pueda haber un ejercicio de formación, de trabajo y de capacitación “.

Cifras

A mediados del año pasado, el representante a la Cámara del Partido MIRA, Carlos Eduardo Guevara, dijo que hay un incremento significativo en la cifra de menores infractores de la ley, que asciende a 21.900 al año por delitos como hurto, lesiones personales, homicidio, tráfico de estupefacientes, entre otros.

Indicó en esa ocasión que a diario ingresan 62 menores al Sistema de Responsabilidad del Adolescente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bogotá lidera esta cifra con trece casos diarios, Medellín con ocho, Bucaramanga con cuatro, Cali, Buga y Cundinamarca con tres.

En diciembre pasado, el ICBF presentó un esquema de trabajo articulado con todos los departamentos del país para consolidar un modelo integral de resocialización de los adolescentes y jóvenes que han infringido la ley.

En este sentido, la Directora General del ICBF, Karen Abudinen Abuchaibe, destacó que “este primer encuentro con todos los representantes de los comités departamentales del SRPA, sirvió como escenario para lograr una buena atención en todos los territorios, discutir las problemáticas comunes, compartir experiencias exitosas y plantear los retos para consolidar un modelo integral de atención de los jóvenes que hacen parte del Sistema”.

Por esos días el SRPA atendía un total de 11.883 adolescentes y jóvenes, 3.843 de ellos estaban privados de la libertad en los Centros de Atención Especializada (CAE) y los restantes 8.040 contaban con medidas no privativas de la libertad, pero deben prestar servicio social en sus comunidades y asistir a los centros de protección donde trabajan en reforzamiento escolar y acompañamiento psicosocial.