JEP y el reto de la legitimidad

  • Corte Penal Internacional con la lupa encima
  • Justicia excepcional no debe llevar impunidad

 

El arranque de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) plantea tres retos muy importantes.  El primero se enfoca en la misma credibilidad del acuerdo de paz, ya que si bien es cierto que se aprobó un amplio margen de justicia transicional para todos los involucrados en el conflicto armado que hayan cometido delitos graves, atroces y de lesa humanidad, ello no puede significar, en modo alguno, impunidad general, como tampoco puede terminar esta jurisdicción siendo un ‘rey de burlas’ a los principios básicos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

Afortunadamente el fallo de la Corte Constitucional, meses atrás, señaló los derroteros que los magistrados y las distintas salas de la JEP deben aplicar para garantizar que quienes se sometan y sean admitidos en ese procesamiento excepcional confiesen toda la verdad de sus delitos, develando completamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar, especialmente los móviles, autores intelectuales y materiales, víctimas y su localización, en caso de que se trate de personas en situación de desaparición forzada.

Como en repetidas ocasiones lo hemos indicado en estas páginas, la JEP no es ni puede entenderse, ni mucho menos funcionar, como si fuera una justicia paralela a la ordinaria o, peor aún, con supremacía sobre el orden legal y constitucional vigentes. La sentencia histórica de la Corte Constitucional sobre el acto legislativo que creó esta jurisdicción fue enfática en señalar que este modelo de justicia transicional, por más excepcional que sea, está sometido y subordinado a la Carta Política y, de allí, que sea objeto de controles y posibilidad de revisión de sus decisiones en casos en donde se estén subvirtiendo los principios básicos de la justicia penal.

En ese orden de ideas, es claro que los casi ocho mil postulados a la JEP deben estar advertidos en torno a que para acceder a la pena de cero cárcel tienen que cumplir con todos los requisitos antedichos y que los beneficios jurídicos no son automáticos, irreversibles ni mucho menos un derecho adquirido. Como bien lo advirtió el Fiscal General de la Nación hace tres semanas, cuando puso al descubierto bienes por más de 650 mil millones de pesos que testaferros de las Farc no habrían entregado para reparación de víctimas, cualquier incumplimiento en este aspecto o en el de la verdad y confesión de los delitos, implicará la salida automática del infractor del este esquema de justicia transicional y su paso a la jurisdicción ordinaria, en donde se expondrá a penas de hasta sesenta años.

En segundo lugar es evidente que los fallos que emita la JEP estarán bajo la lupa automática de la Corte Penal Internacional (CPI), que sigue vigilante no solo a que en Colombia se aplique una justicia proporcional que implique castigo efectivo, así  sea reducido, a los culpables de delitos atroces, sino que, además, la sanción o pena debe contribuir a resarcir los derechos de las víctimas y enviar a la sociedad un mensaje de arrepentimiento sincero por parte del infractor.

No hay que olvidar que la CPI tiene abierta una indagación preliminar sobre varios casos colombianos relativos a actuaciones de barbarie de la guerrilla así como a los llamados ´falsos positivos’  cometidos presuntamente  por integrantes de la Fuerza Pública´.

En tercer lugar, pero no menos importante, está el hecho de que la viabilidad del acuerdo de paz en Colombia se encuentra en estos momentos en una encrucijada,  ya que tanto por el contenido del pacto como por el accidentado proceso de implementación, las encuestas reflejan que la mayoría de la opinión pública tiene un alto grado de desconfianza alrededor de los reales beneficios para el país.

Si el grueso de los colombianos llega a concluir que todo este procesamiento jurídico y toda esta estructura creada para la JEP resultó en “justicia aparente” y con altas dosis de impunidad,  no solo este proceso de paz sino el que está en marcha con el Eln o cualquiera otro que se emprenda en el futuro, carecerá de la legitimidad trascendental que le da el apoyo de las mayorías a dichos esfuerzos por buscar salidas pacíficas a las confrontaciones militares.

Como se ve, el arranque de la Jurisdicción Especial de Paz va más allá de la mera activación de las Salas y los magistrados, así como del inicio de la revisión de las casi ocho mil postulaciones que hoy existen.  Ese es un trabajo importante pero mecánico. Lo verdaderamente trascendental es que la administración de justicia en este esquema excepcional sea efectiva y ejemplarizante, por más reducidas que estén las penas. Solo así se logrará la legitimidad, que es principal reto a superar.