Un total de 829 compañías y personas domiciliadas en el país figuran actualmente en los registros de sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por lo cual la Superintendencia de Sociedades les advirtió a los empresarios que deben conocer e identificar a sus clientes y proveedores, y verificar si se encuentran en esta u otras listas semejantes.     

La mayor cantidad de reportados se encuentra en Cali (270), Bogotá (178), Medellín (118) y Barranquilla (63). Estas firmas están clasificadas en muy diversos sectores económicos. “Por citar solo algunos, pueden mencionarse los de la construcción, la minería, la agricultura, la ganadería, el comercio, el turismo, el transporte y la logística, la industria automotriz y las autopartes, el cambio de moneda, restaurantes y los textiles, entre otros”, dijo el superintendente Francisco Reyes. 

Explicó que al cruzar la información, se verificó que algunas de esas empresas figuraban también en los archivos de la Superintendencia  porque han sido sometidas a procesos de liquidación, después de ser intervenidas por las autoridades colombianas.

Reyes afirmó que “el organismo  en cumplimiento de su política de supervisión por riesgos, ha identificado que entre las contingencias a las que están expuestas las compañías sujetas a su inspección, vigilancia y control, está la probabilidad de participar directa o indirectamente en actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo”.

La llamada ‘Lista Clinton’ es elaborada y administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC (por su sigla en inglés), organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

A través de este mecanismo, la OFAC se ocupa en aplicar las sanciones financieras e impone una especie de veto a las empresas o personas relacionadas con el narcotráfico y la financiación del terrorismo.

La Superintendencia expidió normas actualizadas a finales de 2017, en las que estableció las pautas que deben cumplir las sociedades vigiladas para reportar movimientos sospechosos y evitar prácticas ilícitas.

El superintendente Reyes agregó que “de acuerdo con las normas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la Superintendencia de Sociedades les advierte a las compañías colombianas, a sus revisores fiscales y administradores el deber que tienen de efectuar una debida diligencia respecto de sus empleados, clientes y proveedores”.

Las sociedades que están obligadas a implementar el capítulo X, de la circular Básica Jurídica sobre la prevención de lavado de activos son las que  están vigiladas o sujetas a control de la Superintendencia de Sociedades, las que registran altos ingresos y las que están clasificadas en ciertos sectores económicos, de la siguiente manera: Las sociedades dedicadas al comercio de vehículos, sus partes, piezas y accesorios, con ingresos superiores a $101.000 millones hasta 31 de diciembre de 2017; las constructoras de edificios con ingresos iguales o superiores a $78.100 millones; las del sector inmobiliario y de explotación de minas y canteras  que obtuvieran ingresos totales o superiores a $46.800 millones a diciembre de 2017, y aquellas de cualquier otro sector, sujetas a la vigilancia o control permanente de la SuperSociedades y cuyos ingresos superen los $124.900 millones. 

Se calcula que por su tamaño y volumen de negocios, más de 1.200 empresas en Colombia están obligadas a adoptar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como de reporte operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Entre tanto, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que Colombia apoyará con firmeza todas las líneas de investigación financiera que se realicen a los cuatro ciudadanos venezolanos recientemente incluidos en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC).

“El Gobierno ha iniciado inmediatamente labores de verificación para determinar las posibles relaciones de estos ciudadanos en Colombia”, explicó el ministro, quien agregó que el país continúa sus esfuerzos para impedir que las criptomonedas, como el Petro, sean utilizadas para el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo.

La Superintendencia Financiera de Colombia reiteró que las entidades vigiladas no están autorizadas para usar, negociar, operar o brindar asesoría sobre criptomonedas, incluido el Petro, ni permitir el uso de sus plataformas para negociaciones con esta clase de activos.

“Insistimos en el llamado a la ciudadanía frente a los riesgos inherentes a las operaciones que se realicen con las denominadas criptomonedas o monedas virtuales, toda vez que no son vigiladas por la Superfinanciera, ni se encuentran amparadas por ningún tipo de garantía privada o estatal y tampoco son susceptibles de cobertura por parte del seguro de depósito”, recalcó el Superintendente Financiero, Jorge Castaño Gutiérrez.