- ¡Una definición pendiente en Colombia!
- Ojo a la focalización del posconflicto
No pocas preguntas ha producido el anuncio que hiciera esta semana la Procuraduría General de la Nación en torno a que por mediación suya se logró que el gobierno nacional y organizaciones sociales del país acordaran una ruta de concertación para definir qué es ser campesino y cuál debe ser el instrumento estadístico para contabilizar cuántos hay en el país, dónde están ubicados y cómo viven. Según el Ministerio Público, el acuerdo se logró durante la Mesa de Diálogo y Concertación para la Conceptualización y Caracterización Estadística del Campesinado Colombiano, convocada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras.
Al ya de por sí llamativo hecho de que todavía no esté claro en Colombia qué es ser campesino y cómo se contabiliza cuántos hay, dónde y cómo viven, se suma la advertencia en torno a que la falta de esa definición hizo que este sector de la población esté excluido del censo poblacional que adelanta el DANE actualmente.
Mientras se espera que la recién creada mesa, que tendrá la presencia de un comité de expertos y que se instituyó como el único espacio válido para discutir y lograr acuerdos sobre este tema, avance en la construcción del concepto de qué es un campesino, hay varios asuntos que es dable ponerlos sobre la mesa.
En primer lugar resulta paradójico que no haya claridad sobre la caracterización de la población rural, precisamente cuando el sector agropecuario está convertido en el principal motor de la alicaída economía colombiana, siendo el sector que más creció el año pasado.
De otro lado, en todos los escenarios que se han planteado respecto a las políticas para el posconflicto en Colombia se supone que la población que vive en el campo tiene prioridad, toda vez que fue en las zonas rurales en donde la confrontación militar fue más cruenta y cobró el mayor número de víctimas, tanto en materia de combatientes como de población civil. De los más de ocho millones de colombianos afectados por la guerra, la gran mayoría vivía en el campo y de allí que sea en las zonas de periferia en donde se estén enfocando las acciones y compensaciones relacionadas con reparación a víctimas y restitución de tierras.
A todo lo anterior debe sumarse que una parte amplia de la opinión pública consideraba que la radiografía de la ruralidad en Colombia ya estaba muy definida a partir de los resultados del Tercer Nacional Agropecuario de 2014, el mismo que en su momento se mostró, de los tres realizados en el país, como el “más incluyente” pues tuvo una cobertura operativa del 98.9 por territorio, cubriendo los 1.101 municipios, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 32 departamentos, 20 áreas no municipalizadas, 773 resguardos indígenas, 181 tierras de comunidades negras y 56 parques nacionales naturales.
Si bien es cierto que dicho censo se enfocó más en la tenencia de la tierra, el uso y la cobertura del suelo, la evolución de las unidades de producción agropecuaria así como los factores y la sustentabilidad para la producción, también proyectó importantes resultados acerca de las características de la población residente en el sector rural disperso. Frente a ello es más que lógico preguntarse cómo es posible que se haya realizado semejante ejercicio estadístico sin que estuviera claro el concepto de qué es un campesino, cuántos son, en dónde están ubicados y cómo viven.
Por último pero no menos importante habría que pedir explicaciones en torno a cómo se han estado direccionando los subsidios, ayudas crediticias y todos los programas de inversión social que genéricamente se considera que tienen como población objetiva al “campesinado colombiano”. Es más, precisamente en los próximos días están por conocerse los resultados de la pobreza monetaria y multidimensional en Colombia durante el año pasado. En este indicador hay una segmentación muy marcada en torno a la ubicación rural o urbana de las personas pobres y aquellas en situación de pobreza extrema, así como de su clasificación en cuanto a estratos socioeconómicos y necesidades básicas insatisfechas.
Visto todo lo anterior, debe concluirse que definir qué es ser campesino y cuál debe ser el instrumento estadístico para contabilizar cuántos hay en el país, dónde están ubicados y cómo viven, se impone como una prioridad en un país que no sólo tiene en el campo su principal motor económico, sino que es allí en donde debe enfocarse la política de posconflicto, que se supone el mayor reto estatal tras cinco décadas de guerra abierta con las Farc. Ojalá las respuestas pronto estén sobre la mesa.