- Visiones encontradas de candidatos al Congreso
- Un mismo diagnóstico con soluciones distintas
A escasos días de las elecciones parlamentarias, uno de los temas que ha generado debate entre los candidatos a Senado y Cámara de Representantes es el relativo a cómo enfrentar la creciente problemática del consumo de drogas, sobre todo en la juventud. Y, como siempre ocurre, la controversia termina enfocándose en qué hacer con la llamada dosis personal de estupefacientes, cuyo porte está autorizado, o al menos no penalizado desde 1994 por una sentencia de la Corte Constitucional que generó una amplia polémica a nivel nacional; más aún en un país que lleva varias décadas teniendo al narcotráfico y sus delitos conexos como los principales generadores de violencia, dejando una larga estela de muertes, dolor y tragedias.
Paradójicamente los candidatos que tienen distintas ópticas frente al tema de la dosis mínima de drogas, parten de las mismas cifras para tratar de sustentar sus respectivas posturas. Por ejemplo, un estudio muy completo del Departamento Nacional de Planeación, dado a conocer a finales de 2016, indicó que el negocio del ‘narcomenudeo’ en Colombia, movió en 2015 a través de las organizaciones criminales del microtráfico más de 6 billones de pesos, equivalentes al 0,75 del Producto Interno Bruto (PIB), como consecuencia del aumento del consumo de drogas ilícitas en el país. El mismo estudio recalcó que de ese valor estimado de mercado, más de 300 mil millones corresponden a las ganancias de la red dedicada al cultivo y producción, 2,5 billones de pesos a la banda delincuencial que la distribuye y 3,2 billones de pesos a los expendedores de droga que la ponen en las calles para el consumo. Es decir, que el microtráfico es un negocio billonario que va más allá del problema del jíbaro de esquina que vende dosis a estudiantes de escuelas y colegios. Planeación Nacional concluyó que la transformación de grandes carteles de la droga en organizaciones fragmentadas y el crecimiento del mercado interno de sustancias como la cocaína, marihuana y bazuco, llevó a que el país pasara en los últimos años a ser no solo productor sino consumidor, a tal punto que es el cuarto a nivel suramericano en esta última problemática. Cuatro últimos datos: en Colombia había, según el estudio en cuestión, cerca de 1,5 millones de consumidores. El 56 % de ellos vivía en las ciudades capitales. La mayor parte consume marihuana, seguido de cocaína, éxtasis y basuco. En los últimos años hubo un notorio el aumento de drogadicción en municipios y en áreas rurales.
Para algunos candidatos al Congreso es claro que semejante aumento del microtráfico y el consumo de drogas, sobre todo entre los jóvenes, debe llevar al Estado a tomar decisiones drásticas y de fondo. De un lado, están los aspirantes que sostienen que debe volver a prohibirse el porte de la dosis mínima de drogas, ya que su no penalización ha sido una de las causas de que más niños, jóvenes y adultos hayan caído en las garras de la drogadicción. Incluso traen a colación que una sentencia de la Corte Suprema de Justicia amplió ese riesgo al señalar que la dosis mínima de estupefacientes no es estándar, sino que depende de la cantidad de narcóticos que necesita cada drogadicto en particular.
En la otra orilla se ubican los candidatos que sostienen que el aumento del consumo de drogas no se combate con una mayor penalización a los narcodependientes, ya que esta problemática debe asumirse como un asunto de salud pública. También argumentan que en todo el planeta la discusión sobre la necesidad de redireccionar la lucha contra el narcotráfico se ha tomado los escenarios, tanto en lo relativo a la no penalización como a la legalización gradual. Ello ante la evidencia de que las políticas represivas no han dado los resultados esperados y el flagelo simplemente se recicla con el pasar de las décadas. Incluso ya hubo una sesión de la ONU al respecto y se han proyectado los primeros documentos de alto nivel en esa dirección.
Como se ve, el qué hacer con el porte de la dosis mínima de drogas en Colombia no es un debate fácil de resolver. Las posturas de quienes urgen volver a penalizarla para frenar el auge del narcotráfico y de aquellos que consideran que la drogadicción es un asunto de salud pública, y por lo tanto, debe abordarse desde las ópticas de prevención y rehabilitación, no parecen tener un punto medio. Les corresponderá a los colombianos decidir en las urnas qué opción les parece más adecuada.