Reingeniería universitaria

  • Nunca llegó reforma a educación superior
  • Redimensionar el concepto de autonomía  

                                                                       

Más allá de crisis puntuales como la que afecta a la Universidad Autónoma de Caribe, que desembocó en la renuncia esta semana de su rector, tras varios meses de denuncias sobre presuntas anomalías en esa alma máter, una de las grandes deudas del saliente gobierno es, precisamente, que nunca concretó la reforma a la educación superior que se planteó desde el comienzo como una prioridad.

Los expertos en la materia sostienen que al no existir esa reingeniería integral a todo el marco normativo, las crisis en varias universidades del sector público y privado se han afrontado con una legislación que tiene muchos vacíos, en especial en lo relativo a cuáles son los límites de la autonomía universitaria y cuál el margen de acción del Estado para poder vigilar su funcionamiento y garantizar la calidad de la educación que se imparte.

Si bien es cierto que a partir de la ley 1740 de 2014 se le dieron al Ministerio de Educación más herramientas legales y precautelativas para poder vigilar a las instituciones de educación superior, hay analistas que consideran que la norma en cuestión se ha quedado corta frente a la debacle que se vive en distintas universidades que, lamentablemente, terminaron, algunas, como fortines de dirigentes políticos y, otras, cooptadas por administraciones absolutistas que se enquistan en todos los niveles de poder y decisión. Esos dos lastres han llevado no sólo a que varios claustros en distintas zonas del país estén atravesando graves problemas financieros, con múltiples denuncias de corrupción y desgreño administrativo, sino a que la calidad de la instrucción que se da a los estudiantes sea muy deficiente.

Desde el Ministerio de Educación se afirma que esa dependencia ha actuado con la diligencia del caso frente a las problemáticas que han ido surgiendo y que prueba de ello es que varias instituciones que fueron intervenidas o sometidas a procesos de vigilancia especial, ya han logrado superar las crisis que las aquejaban. Sin embargo, en las regiones la visión es otra. Se considera, de un lado, que el Gobierno nacional en muchos casos termina siendo un factor minoritario en los consejos superiores de las universidades públicas, razón por la cual en la designación de los rectores priman los intereses políticos de los gobiernos departamentales y locales, cuando no los de las administraciones vigentes a través de los votos de los representantes de los estudiantes, los profesores, egresados y otros. Algo muy similar a lo que pasa con las corporaciones autónomas regionales, en donde la voz del Ejecutivo central queda relegada.

No menos alarmante resulta que por un desviado concepto sobre los alcances de la autonomía universitaria, varios rectores y los órganos de gobierno en estas instituciones de educación superior modifican caprichosamente los estatutos, organigramas burocráticos, reglamentos laborales, procedimientos administrativos y académicos, planes de adquisiciones y todos los elementos que les permitan tener un manejo casi absoluto de los millonarios recursos, bienes muebles e inmuebles de esos claustros.

Visto todo lo anterior, se evidencia que la reforma a la educación superior era urgente y el haberla retirado en 2011, bajo la presión de un prolongado paro estudiantil, resultó erróneo, no tanto porque la iniciativa que discutía el Congreso no necesitara ajustes, sino porque pese a las promesas gubernamentales el proyecto no se reestructuró y menos se volvió a presentar al Legislativo.

Nadie niega que en el gobierno saliente la educación superior ha tenido avances. Las estadísticas oficiales señalan que desde el 2010 el índice de jóvenes que entra a la universidad pasó de 38 a 52 por ciento y que la meta es llevarlo, como mínimo, a un 57 por ciento cuando termine este segundo mandato. Por igual, se calcula que el 60 por ciento de los nuevos estudiantes proviene de hogares cuyos ingresos no superan los dos salarios mínimos mensuales. Programas como “Ser pilo paga”, “Colombia científica” y otros han contribuido a un mayor acceso y cobertura, pese a muchas críticas sobre sus alcances y enfoques.

Sin embargo, la otra cara es la preocupante. Muchas universidades públicas se quejan constantemente de una progresiva desfinanciación estructural, pese a que el Ejecutivo insiste en que la educación es ahora el rubro más alto del presupuesto general anual. Las tasas de deserción estudiantil también crecen. A ello se suma que no pocos analistas señalan que hay un rezago en materia de inversión para modernización tecnológica, renovación de la planta física, capacitación del recurso humano docente, fomento a la investigación, apoyo a especializaciones, maestrías, doctorados, alianzas e internacionalización…

Hecho ese diagnóstico, se constata que la reforma a la educación superior debe ser, desde ya, otra de las grandes prioridades que tendrán que asumir los próximos Congreso y Gobierno nacional. Más aún si la meta continúa siendo que en 2025 Colombia llegue a ser el país mejor y más educado del continente, con una cobertura en materia universitaria cercana al 70 por ciento.