Remate legislativo

  • Una agenda prioritaria que no admite distracciones
  • Ojo al campanazo sobre ausentismo parlamentario

 

Arranca hoy en forma, el último tramo de la legislatura de este cuatrienio gubernamental. No son muchas las esperanzas que se tienen sobre la productividad de senadores y representantes a la Cámara durante  escasos tres meses que restan para el remate legislativo. De un lado, porque estamos en la recta final de la campaña presidencial y la atención de los congresistas está puesta sobre la definición del relevo en la Casa de Nariño. Y, por otra parte, para nadie es un secreto que más de un treinta por ciento de la nómina parlamentaria no seguirá en sus cargos terminada esta legislatura, razón por la cual, su interés por los debates en las comisiones y plenarias puede que no sea el mayor. Sin embargo, son muchos los temas que hay pendientes en la agenda y cuyo trámite es urgente para hacer frente a distintas problemáticas y circunstancias políticas, económicas, sociales e institucionales. Por ejemplo, uno de los retos del siguiente Congreso es debatir el proyecto de ley que define el reglamento para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz, normativa que es urgente dado que las salas y los magistrados empezaron a funcionar la semana pasada de forma oficial.

Otro de los temas a ser evacuados antes de junio tiene que ver con la autorización que debe dar el Senado a la convocatoria de una consulta popular anticorrupción, cuyas firmas de respaldo y estados contables ya fueron avalados por las autoridades electorales. Si bien hay unos términos legales para dar vía libre a esta iniciativa, es claro que la cita a las urnas no puede darse antes de que se defina la elección presidencial, pues los impulsores de la consulta hacen parte de una de las fórmulas que están compitiendo por la Casa de Nariño.

De igual manera, le corresponderá al Congreso saliente abocar proyectos de alto calado como el de la posibilidad de quitarle tres ceros al peso colombiano, medida que no solo busca una simplificación monetaria, sino también asestarle un duro golpe a las fortunas de origen ilícito y redes de testaferrato.

No menos importante en los próximos tres meses de trabajo parlamentario será la posibilidad de lograr un acuerdo entre las distintas bancadas con el fin de confeccionar y aprobar, al menos en su primera vuelta, un acto legislativo que permita crear dieciséis curules en la Cámara de Representantes con destino exclusivo a las víctimas del conflicto armado. Según lo prometido por las distintas colectividades a finales del año pasado, cuando se hundió una iniciativa en esa dirección que se tramitaba bajo el esquema de ‘fast track’, la idea es que antes de que termine este año, se pueda estar llamando a las urnas para escoger esos dieciséis escaños, que son más que urgentes dado que a partir del próximo 20 de julio, el partido creado por la guerrilla desmovilizada de las Farc, tendrá diez curules automáticas en el Parlamento.

Según lo informó este Diario la semana pasada, en la mayoría de las comisiones y las dos plenarias hay un amplio menú de iniciativas, tanto de origen gubernamental como parlamentario, que están esperando a ser tramitadas para poder convertirse en leyes y reformas constitucionales antes de que termine el actual periodo legislativo. Por ejemplo, hay mucha expectativa por lo que pueden ser las modificaciones al régimen de regalías, el Fondo de Ciencia y Tecnología, así como el Sistema General de Participaciones, entre otros proyectos nuevos o en trámite.

Lo importante, como se dijo, es que la campaña electoral y el relevo en julio de senadores y representantes, no copen la agenda política y el Legislativo deje pasar las semanas sin mayor trabajo medianamente eficiente. No hay que olvidar que, además, ya están agendados varios debates de control político sobre temas tan coyunturales como la oleada migratoria venezolana, el accidentado proceso de paz con el Eln, la lupa sobre varios escándalos de corrupción y otros temas que requieren la intermediación urgente y efectiva del Parlamento.

Si bien es cierto que la productividad del saliente Congreso a lo largo de sus casi cuatro años de funcionamiento no fue la mejor, y que en apenas tres meses no va a enderezar la página, hay una agenda prioritaria que debe ser tramitada. Función que se hace más obligatoria ahora que el Consejo de Estado dio un campanazo sobre el riesgo cierto de perder la investidura parlamentaria por ausentismo reiterado y no justificado.