- Aplicar rápidamente nueva regulación
- Muchos flancos en la seguridad vial
Las nuevas reglas del juego para la detección electrónica de infracciones de tránsito, como cámaras y radares, deberían llevar a que, por fin, termine la gran cantidad de anomalías e inconformismo ciudadano con respecto a los operadores de estos sistemas.
Lo importante es que la regulación del Ministerio de Transporte empiece a aplicarse de forma automática y sin ambages. Para que ello sea posible no sólo es necesario que los operadores de los sistemas de fotomultas y las administraciones municipales implementen la normativa rápidamente, sino que la ciudadanía, en especial los conductores, se familiaricen con ella.
Hay que ser claros: las fotomultas son una herramienta útil para controlar la velocidad y el cumplimiento del Código de Tránsito en todo el país. Sin ellas los índices de accidentalidad vial serían mayores, al tiempo que el tráfico automotor en muchas ciudades y municipios más caótico que el actual. No hay que olvidar que el año pasado 6.479 personas perdieron la vida en accidentes en la carretera, entre ellas 1.718 peatones, 895 conductores y 356 ciclistas. Las motociclistas continúan a la vanguardia en materia de víctimas fatales y heridos.
Sin embargo, los vacíos en la anterior normatividad y el que las multas de tránsito hubieran terminado convertidas en una fuente más de ingresos para los municipios y un negocio muy lucrativo para los operadores de estos sistemas de detección electrónica de infractores, terminaron por desdibujar el objetivo inicial. Además, era muy restringida la posibilidad de que los sancionados pudieran tener un mecanismo ágil y eficiente para apelar algún comparendo. A ello se suman las múltiples denuncias por ubicación caprichosa y hasta secreta de las cámaras y radares, ausencia deliberada de señalización e incluso protestas de los conductores y los gremios del transporte porque en algunos tramos de las dobles calzadas se estaban poniendo topes de velocidad muy bajos. No se trata de un asunto menor. Según el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), en los últimos ocho años se impusieron en Colombia, por fotodetección, 7,5 millones de comparendos. Incluso en el primer mes de este año hubo 88.617 ‘partes’ por esta vía.
Ahora la cuestión debe ser distinta. Las cámaras y radares tendrán que ser visibles 500 metros antes de su ubicación en las vías nacionales y estar identificados para los conductores. Sólo se instalarán en las zonas con mayor índice de accidentalidad, previo concepto de la Dirección de Transporte y Tránsito, así como de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) o el Invías, según sea el caso. También se precisó lo relativo a los tiempos de notificación, apelación y pago.
Pero para que estas nuevas reglas del juego funcionen son necesarias otras medidas complementarias. Por ejemplo, no es alentador lo denunciado días atrás por la Agencia de Seguridad Vial en torno a que 653 alcaldes no tienen un cuerpo de guardas de tránsito propio o en convenio con la Policía en sus jurisdicciones. Si esta falencia se superara, la disminución de la accidentalidad vial sería mayor al 4,8 por ciento registrado en 2017.
Otro campanazo de alerta respecto a las situaciones preocupantes en materia vial lo dio semanas atrás la Superintendencia de Puertos y Transporte, según la cual la evasión en la Revisión Técnico-Mecánica (RTM) fue del 54 por ciento el año pasado en Colombia. Según las estadísticas, de 13,5 millones de vehículos que conforman el parque automotor nacional, 10,9 están obligados a presentar la revisión, de los cuales 5,9 millones no fueron llevados a ninguno de los 421 Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) para evaluar su estado técnico-mecánico. De los vehículos que deberían realizar la RTM, los que más la evaden son las motocicletas, luego los carros particulares y por último los de servicio público.
Es evidente que urge atacar todos esos flancos débiles para mejorar la seguridad vial en el país. Ya se tomaron algunos correctivos con respecto a mayores exigencias para poder obtener una licencia de conducción así como para elevar la calidad de las empresas de enseñanza.
También es claro que el uso de la tecnología en el control de la seguridad vial es muy importante. Prueba de ello es que en marzo del próximo año todos los peajes en el país deberán ser electrónicos y los vehículos contar con un dispositivo o identificador abordo (TAG). Se trata de un avance sustancial, toda vez que en la actualidad de los 141 que hay en el país, solo 40 son electrónicos.
Lo importante, como se dijo, es que todos pongan de su parte. Autoridades, conductores, entes de vigilancia y control así como operadores y concesionarios privados. Solo así el tráfico será ordenado y, sobre todo, seguro.