LOS Carabineros de Chile, acusados de uso excesivo de la fuerza y de violaciones a los derechos humanos durante la dispersión de las protestas sociales, serán sometidos a una profunda reforma, anunció el presidente Sebastián Piñera.

"La reforma y modernización de Carabineros es algo urgente, indispensable y necesario", planteó el mandatario, en una ceremonia en el palacio presidencial.

Con 60.000 efectivos, la policía militarizada chilena ha sido fuertemente cuestionada por un uso excesivo de la fuerza en la contención de las protestas sociales que estallaron en Chile con una violencia inédita desde el 18 de octubre.

La gestión policial durante esta ola de protestas sociales que ha sacudido el país sudamericano, dejó una treintena de muertos y miles de heridos, entre ellos más de 350 personas con heridas oculares por balines y perdigones disparados por los efectivos.

Varios informes de organismos internacionales, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, certificaron los abusos policiales tanto en detenciones como en el uso excesivo de elementos disuasivos como el gas lacrimógeno, el gas pimienta o los chorros de agua.

El decreto que da origen a la comisión que reformará esta institución, hasta hace tres años una de las más respetadas en Chile, "fija una hoja de ruta para la necesaria y urgente modernización" de la policía chilena.

El objetivo es mejorar el control del orden público, el respeto de los derechos humanos y cercanía con la población, explicó Piñera.

Desde el retorno de la democracia en Chile, en 1990, e incluso antes, la policía chilena era una de las instituciones con más prestigio del país. La población destacaba por sobre todo su carácter de insobornable a diferencia de otros países latinoamericanos.

Pero un millonario caso de corrupción y su actuar en las últimas protestas derrumbaron su respaldo ciudadano.

El Gobierno chileno ya venía "trabajando en una modernización, pero a partir del 18 de octubre se nos hizo necesario revisar este trabajo e incorporar otras variables fundamentales, como el resguardo del orden público con pleno respeto a los derechos humanos", indicó por su parte el ministro del Interior y Seguridad, Gonzalo Blumel.

Postergar referendo

De otro lado, ante el avance del coronavirus en Chile, con 201 casos hasta ayer, diferentes fuerzas políticas y autoridades médicas exploran la posibilidad de postergar un referendo para decidir si se reforma la Constitución, previsto para el 26 de abril, y considerado clave para frenar la protesta social.

"Estamos dispuestos a revisar reforma constitucional para el plebiscito del 26 de abril, incluyendo su eventual postergación para una fecha fija, concreta. La salud de la gente está primero", escribió en su cuenta Twitter Heraldo Muñoz, exmilitante socialista, presidente del Partido por la Democracia (PPD) y ex canciller del gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018).

El plebiscito fue acordado por el gobierno y las fuerzas políticas como una de las fórmulas de salida a la aguda crisis social que enfrenta a Chile desde octubre pasado y que se ha traducido en manifestaciones, ataques al comercio, saqueos y violentos enfrentamientos que se saldan con una treintena de muertos y miles de heridos.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que en las últimas horas el balance de casos confirmados con Covid-19 subió a 201 y ninguna persona está en riesgo vital.

Cuando recién se conoció el primer caso de coronavirus en el país, el 3 de marzo, Mañalich advirtió que esta pandemia podría trastocar los planes de llevar a cabo el plebiscito, que busca cambiar una Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).