Sin haber conocido el texto definitivo de la futura reforma tributaria, la tercera que presentaría este gobierno en cuatro años, debería ser la final de una historia de normas tributarias que empezaron en el año 2018 con la Ley de Financiamiento. El cuerpo normativo que fuera declarado inconstitucional por la Corte Constitucional por probados errores de procedimiento dando paso a la Ley de Crecimiento Económico, la cual en su preparación no contó, por obvias razones, con el efecto económico que traería en el país la pandemia del covid-19.

El Gobierno que había apostado a una política económica sustentada en más empleos, más ingresos, menos tributos a raíz de la pandemia falló. 

Pero ¿qué economía podría crecer con una crisis de estas? ¿Que país podría generar más puestos de trabajo y mejores salarios? Por el contrario, la pandemia desaceleró el crecimiento económico en porcentajes que aún no están calculados pues habrá que esperar a que todo esto pase. Pero en lo que llevamos arroja una caída del 6,8% en la economía y más de cuatro millones de empleos perdidos, situación que sin lugar a dudas marcó un punto de quiebre. 

Son más de 500 mil pequeñas y medianas empresas cerradas. La política de inversión en infraestructura para generar empleos tuvo que ser sustituida por medidas sociales que garantizaran el mínimo sostenimiento de las familias que quedaron a merced de la pobreza y la imposibilidad de generar el sustento diario. Además de inversiones en salud para afrontar esta crisis. 

Un año después la economía pasó la cuenta de cobro y al gobierno no le queda más opción que recaudar más de 15 billones de pesos que le faltan, a través de impuestos directos e indirectos, lo cual deberá garantizar la continuidad de atención a los más de 4,6 millones de personas en condiciones de pobreza extrema, los 8,5 millones en pobreza moderada y los 7,9 millones de vulnerables. 

Según el DANE hoy en nuestro país más de diez millones de personas no logran garantizar las tres raciones de comida diarias necesarias. Ese dato por sí solo duele.

Ante este panorama el mensaje sería legítimo si alterno a la reforma tributaria se presentara una reforma fiscal que haga que las cuentas del Estado ya desbarajustadas encuentren el equilibrio y la organización necesaria para que el gasto disminuya y con ello se liberen los recursos que se necesitan. Pero por ahora no nos queda más opción en el Congreso que jugarnos nuestros restos políticos en esta reforma sabiendo, de antemano, que la balanza política se inclinará hacia la impopularidad no solo por el momento histórico que atraviesa el país, sino porque todo apunta a que serán más gravámenes para las personas naturales, a la canasta familiar, a los asalariados y se tocaran fibras sociales sensibles económicamente. 

No obstante, algo se debe hacer en este periodo toda vez que a este gobierno se le está acabando el tiempo y a la vez los recursos económicos con los que presentó su presupuesto.