En pleno pico de la pandemia del covid-19 y cuando quedan once meses para las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas para escoger candidatos presidenciales, se dio luz verde para reactivar el proceso de revocatoria del mandato que se ha planteado contra más de 70 alcaldes y algunos gobernadores. Esto implica, entonces, que se podrá reanudar la etapa fundamental de la recolección de firmas, lo que dada la coyuntura implica riesgos políticos y hasta sanitarios.

Este mecanismo de participación ciudadana si bien es uno de los más importantes en materia de control político del constituyente primario a sus gobernantes, también es muy complicado de concretar. De hecho, a 30 años de existencia del procedimiento solo ha logrado mandar para la casa a un alcalde. Fue en 2018, cuando los pobladores de Tasco (Boyacá) sacaron del cargo a Nelson Javier García, de la Alianza Verde.

En medio de la pandemia, al comienzo del año este alud de solicitudes de revocatoria del mandato se suspendió, pero, como se dijo, la semana pasada se descongeló el procedimiento.

Inicialmente la Registraduría le pidió al Ministerio de Salud fijar las reglas del juego sanitarias para adelantar la recolección de firmas.

Tras ello, esa cartera le hizo a la Registraduría 20 preguntas al respecto. Aquí algunos de los interrogantes: ¿Cuáles son los métodos o tecnologías que se pueden utilizar para la recolección de firmas? ¿Cómo será la organización de las personas que tendrán a cargo la recolección de firmas: se hará individual o grupal? ¿Qué lugares se utilizarán para la recolección de firmas, se hará en lugares específicos del espacio público o en lugares cerrados?

La Registraduría, incluso, encontró que algunas de esas 20 preguntas sí le correspondía responderlas porque son de su competencia, pero otras no, por lo que decidió darles traslado a los cerca de 70 comités ciudadanos.

Finalmente, el pasado 22 de marzo la Registraduría envió al Ministerio de Salud la información y con base en la misma el ministro Fernando Ruiz le envió una misiva al registrador delegado en lo Electoral, Nicolás Farfán, en la que señaló que “para el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandatos, se pueden aplicar las medidas de bioseguridad contenidas en la Resolución 666 de 2020, modificada por las resoluciones 223 y 392, ambas de 2021”.

Estas resoluciones establecen, entre otras, “las medidas de bioseguridad y los cuatro componentes generales para disminuir el riesgo de contagio: el lavado y desinfección de manos, el distanciamiento físico (2 metros entre persona y persona), los espacios con adecuada ventilación y el uso correcto de tapabocas de manera obligatoria”.

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Los peros

Esta semana los comités promotores podrán reiniciar la recolección de las firmas que deben servir para convocar la respectiva votación, pese al riesgo sanitario que ello implica en pleno pico de contagios y decesos por el covid-19.

Como se sabe, los respaldos ciudadanos deben conseguirse de forma física y presencial, porque este proceso no se puede realizar de forma virtual. No hay que olvidar que en la mira de este mecanismo de participación ciudadana están varios alcaldes de ciudades capitales, como los de Medellín o Bogotá, dos de las ciudades con mayor alerta por el impacto del coronavirus.

De hecho, algunos comités promotores creen que ya no hay tiempo suficiente para superar todas las etapas necesarias antes de citar a las urnas.

Como se dijo: queda menos de un año para los comicios parlamentarios del 13 de marzo de 2022, fecha en la que, además, se harán al menos tres consultas interpartidistas para la contienda presidencial. Esto implica, entonces, que las campañas para las revocatorias se cruzarán con las de Congreso y la Casa de Nariño.

Algunos promotores de sacar del cargo a gobernadores y alcaldes consideran que esa circunstancia les restará espacio político a las intenciones de pasarles cuenta de cobro a los mandatarios que han incumplido sus promesas. Y en la otra orilla están quienes piensan todo lo contrario: que hay riesgo de que se usen las revocatorias como fachada e incluso trampolín para impulsar candidaturas a la Cámara y el Senado.

Demora y vigilancia

Pero no es el único interrogante. También está el asunto financiero, pues en un comunicado de febrero la Registraduría calculó que para adelantar las 70 iniciativas de revocatoria de mandato inscritas le debe solicitar al Ministerio de Hacienda cerca de $200.000 millones. Obviamente en medio de la difícil situación fiscal (que incluso tiene al país al borde de una reforma tributaria) un gasto de esas proporciones genera debate.

Igualmente hay alertas tempranas sobre la vigilancia que requerirá este alud de intentos de revocatoria del mandato.

Por ejemplo, ya la semana pasada la Misión de Observación Electoral (MOE) le pidió al Gobierno convocar a la mayor brevedad una comisión de seguimiento electoral del orden nacional, a fin de generar garantías a este ejercicio de participación en suspenso.

A través de una carta, la directora nacional de la MOE, Alejandra Barrios, le solicitó al ministro del Interior, Daniel Palacios, que se convoque “con carácter de urgencia la Comisión Nacional para el Seguimiento y Coordinación de los Procesos Electorales, a la que se invite a todos los comités promotores inscritos y al Ministro de Salud”.

La MOE hizo la mencionada petición al Gobierno ante la incertidumbre del calendario que aplicará a los procedimientos de revocatoria de mandato, la desconfianza generada por la organización electoral a causa de los cambios hechos por vía administrativa sobre dicho proceso, y las denuncias de intervención de las distintas administraciones locales y de riesgos a la seguridad de los promotores.

La MOE llamó la atención en torno a la demora en la fijación de los protocolos sanitarios para iniciar el proceso de recolección de firmas.

Anotó la MOE que encuentra completamente injustificadas las demoras. Dijo que desde que se declaró el primer estado de emergencia por la pandemia del covid-19, en marzo de 2020 hasta el primero de enero de 2021, la organización electoral no adelantó acción alguna de previsión de las condiciones que debían tenerse en cuenta para estos procesos, generando una afectación al derecho de la participación ciudadana y al ejercicio de control político a la gestión de sus gobernantes.

Incluso, el jueves la MOE se reunió con más de 30 comités promotores de revocatoria de mandato, quienes hicieron graves denuncias en torno a las afectaciones a su seguridad física y laboral, en el marco de las iniciativas que están promoviendo. También pusieron sobre la mesa presuntas actuaciones indebidas por parte de las administraciones que pretenden revocar, con el fin de desincentivar la utilización de este mecanismo de participación ciudadana.

Así las cosas, a partir de esta semana se espera que en decenas de ciudades y municipios los recolectores de firmas se lancen a las calles a cazar respaldos. Será, entonces, un trimestre muy movido que implicará desde riesgos políticos para comités promotores y gobernantes en la mira, así como riesgos sanitarios en medio de una pandemia que no da señales de debilitarse.

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Reglas clave

Según la Constitución, para que haya citación a las urnas se necesita recoger el apoyo de un número de ciudadanos que hagan parte del censo electoral territorial respectivo, de al menos el 30% de los votos obtenidos por el mandatario al momento de su elección.

En cuanto a la votación, por tratarse de un mecanismo de participación ciudadana, debe cumplirse con el umbral de participación y el umbral de votación, que corresponde a la mitad más uno de los votos ciudadanos que participen en la respectiva convocatoria, siempre que el número de sufragios no sea inferior al 40% de la votación total válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario.