Este lunes el Consejo de Ministro firmó el decreto 380, por el cual se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, atendiendo los condicionamientos ordenados por sendas sentencias y autos de la Corte Constitucional.

Con esto el Gobierno dio paso más hacia el retorno de la fumigación de cultivos de coca con el herbicida glifosato, quedando pendientes otros puntos, como lo precisó el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien explicó que el decreto "no reactiva automáticamente el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea y para el efecto es necesario que el Consejo Nacional de Estupefacientes verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos".

Con el texto se cumplen dos de los requisitos que en 2017 impuso la Corte Constitucional: tener una reglamentación independiente, elaborada por un órgano distinto al ejecutor del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con Glifosato (Pecig) y crear un mecanismo para recibir y tramitar las quejas ciudadanas por causa del programa.

El decreto define cómo serían esas fumigaciones y recuerda las condiciones para que el Consejo Nacional de Estupefacientes les dé vía libre a las fumigaciones.

Por ejemplo, prevé una constante revisión de riesgos en salud y afectaciones del medioambiente, confirma a la Policía como ejecutora del Pecig y crea lineamientos para recibir quejas, entre otros puntos.

Además, establece que el Consejo Nacional de Estupefacientes, para evaluar la eficiencia y eficacia de las medidas y la protección de la salud y el medioambiente, puede ordenar pilotos de aspersión para establecer la procedencia de su ejecución en todo el país.

El texto establece que cuando la ejecución del programa pueda afectar directamente a comunidades étnicas debe adelantarse el proceso de consulta previa.

La Policía deberá enviar un informe mensual sobre las áreas en las que haya asperjado a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda).

"El programa estará enfocado a cultivos industrializados y tecnificados, y cultivos nuevos con injerencia de grupos armados organizados, residuales y grupos criminales narcotraficantes", destacó el ministro de la Defensa, Diego Molano.

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Estrategia antidroga

Mientras se daba a conocer el decreto, una prueba de fuego afrontaba el Gobierno en Viena (Austria), donde arrancó el 64° Periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes, de la Organización de Naciones Unidas. Se trata de un evento clave, no solo porque allí se evalúa de forma integral la estrategia antidroga de cada país sino porque el nuestro aprovechará el calificado escenario para presentar su estrategia de reanudación de la fumigación aérea con glifosato a los narcocultivos.

De hecho, la delegación colombiana liderará mañana, conjuntamente con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad/OEA) y Costa Rica, un evento paralelo virtual denominado “Estrategias de reducción de cultivos ilícitos frente a la protección del agua, la biodiversidad y el medio ambiente”.

En este escenario, el ministro Ruiz expondrá las bases del decreto, que llevaba más de un año en estudio y cuyo borrador fue publicado a comienzos de 2021 para comentarios.

Según trascendió, en el evento de mañana Colombia reiterará la importancia global de la protección del medio ambiente y la afectación que sufren a diario los ecosistemas por el problema del narcotráfico, especialmente por el daño que causa la proliferación de los cultivos ilícitos en áreas protegidas.

De igual manera se analizará la experiencia de nuestro país y otros actores hemisféricos, así como los esfuerzos de los gobiernos nacionales para la protección y conservación de la riqueza ambiental, tomando en cuenta aspectos sociales y económicos.

A pesar de que el Gobierno nacional ha logrado un avance en la lucha contra los cultivos ilícitos, al pasar de 169.000 hectáreas en el 2018 a 154.000 a diciembre 31 de 2019 (según la medición del Simci de la ONU), el presidente Duque ha sido enfático en la necesidad de retomar la aspersión aérea con glifosato para lograr reducir los sembradíos de coca en por lo menos un 50%.

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Largo camino

Como se sabe, las aspersiones con glifosato fueron suspendidas desde octubre de 2015 por el gobierno Santos en atención a un informe de una agencia adjunta a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alertó sobre los posibles riesgos cancerígenos del herbicida.

La restricción luego sería ratificada por la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-236 de 2017, en donde advirtió que, bajo el principio de precaución, no se podía retomar las aspersiones aéreas pues no había evidencia científica concluyente que comprobara que el químico no era lesivo para la salud humana, las fuentes hídricas y los cultivos legales.

Sin embargo, desde agosto del 2018 el gobierno Duque inició una gestión ante la Corte para que revisara el tema, bajo la tesis de que existían estudios que verificaban que el glifosato no era cancerígeno y también se podían implementar mecanismos para disminuir los daños colaterales, preservando la salud de las personas, las fuentes de agua y el entorno natural.

Tras una audiencia a comienzos del 2019, en julio de ese año la Corte reiteró su jurisprudencia sobre la restricción a las fumigaciones aéreas con el glifosato, pero aclaró que podían retomarse si el Gobierno cumplía con un estricto protocolo sanitario y ambiental de seis condiciones, que debía ser aprobado por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE).

Desde entonces el Ejecutivo viene trabajando en un protocolo para desarrollar de manera segura, el Pecig, atendiendo los requerimientos de la Corte, especialmente lo que tiene que ver con la protección a la salud de las personas y el medioambiente.

En febrero pasado, el Ministerio de Justicia publicó el borrador del decreto respectivo para conocimiento de los colombianos y recibir los comentarios y recomendaciones de ajuste al texto. Solo quedaban pendientes los informes y certificaciones del Instituto Nacional de Salud y de la ANLA sobre los respectivos protocolos.

Dicho protocolo también establece que el ICA y Fonvivienda “o cualquier otra entidad competente para tramitar y verificar quejas por posibles afectaciones que se deriven de los efectos del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, deberán entregar trimestralmente al CNE un informe que contenga los resultados cualitativos y cuantitativos de las quejas, para que adopte las decisiones pertinentes a fin de mantener, modificar o suspender la ejecución del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea”.

Según el decreto, antes de proceder a la aspersión el Consejo Nacional de Estupefacientes debe definir el ámbito territorial donde se ejecutarán los programas y, en todo caso, debe excluir las áreas del Sistema Parques Nacionales Naturales y los Parques Naturales Regionales, los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales categoría Ramsar y manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados.

Se requerirá un concepto previo del Instituto Nacional de Salud (INS)y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

La ejecución del programa estará a cargo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN).
Para hacer un control independiente respecto de los parámetros operacionales del programa, el Ministerio de Justicia, por decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes, puede celebrar contratos o convenios.