A pesar de que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, pretendía inicialmente un recaudo total de $25,4 billones con la reforma tributaria que presentó al Congreso, finalmente este total se corrigió y se dejó en $23,4 billones.

Sin embargo, varias fuentes consultadas por EL NUEVO SIGLO consideran que, de este total, que es cercano al 2,1% del Producto Interno Bruto, si se logra alcanzar al menos el 1,5% el Gobierno se podría dar por bien servido.

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, tras el impacto de la pandemia de la covid-19 en la población, sobre todo en la más pobre, la política fiscal colombiana presenta retos cuya gestión es inaplazable.

Según el ministro Carrasquilla, “lograr una combinación de medidas que mejoren la equidad, fortalezcan la política de lucha contra la pobreza y sean propicias para el crecimiento económico y la generación de empleo, con criterios de solidaridad, en un marco de sostenibilidad fiscal que garantice su permanencia, podrá generar un círculo virtuoso en que el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal y la mayor equidad se retroalimenten, incrementando el bienestar de la población colombiana".

Citando datos del DANE, el Ministerio de Hacienda subraya que al analizar los ingresos reportados por los hogares en la encuesta entre los meses de agosto y diciembre de 2020, se observa que el ingreso monetario de un hogar promedio se ha reducido 12,9% frente al mismo periodo del año anterior.

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Cambios

Sobre este proyecto de tributaria, Renzo Merino, analista de Moody’s Investors Service, señaló que “el Gobierno de Colombia presentó su propuesta de reforma fiscal, que incluye cambios en los sistemas tributarios y de transferencias sociales del país, así como en la regla fiscal. La propuesta es solo el punto de partida para el debate político y técnico que tendrá lugar durante los próximos meses. La opinión de Moody's ha sido que las autoridades actuarían para incrementar los ingresos estructurales del Gobierno con el fin de apoyar la consolidación fiscal y crear espacio para aumentar el gasto social. Esto último es relevante dada la prevalencia de una alta desigualdad de ingresos, condición que se agudizó como resultado de la pandemia y que expone al perfil crediticio de Colombia a mayores riesgos sociales”.

Asegura el experto que “el anuncio de restricciones al gasto corriente sumado a modificaciones a la regla fiscal son factores que, de implementarse efectivamente, reforzarían la credibilidad del proceso de consolidación fiscal. Una vez que se apruebe la reforma, Moody's evaluará hasta qué punto estas medidas mejorarán la fortaleza fiscal de Colombia y su perfil crediticio general”.

Objetivos

Por su parte, Felipe Klein, economista del banco BNP Paribas para Colombia y Chile, dijo que la reforma tributaria va a ser aprobada en el Congreso de la República, pero de manera diluida. “No alcanzará el objetivo. No va a alcanzar para recaudar el 1,5% del PIB, sino algo inferior al 1% o cercano a ese porcentaje”.

Klein sostuvo que, si ese es el caso, el Banco de la República va a tener espacio para mantener la tasa de interés de política monetaria en el nivel actual. “Si es peor a lo que imaginamos, como 0,5%, la reacción del mercado será negativa y el Emisor tendrá que subir las tasas”, aseguró.

El analista advirtió que, si no se aprueba una reforma, el Emisor se verá obligado a “subir las tasas de manera rápida y pronunciada”.

El economista reafirmó que la reforma no será de la magnitud de lo que las autoridades quieren y dio a entender que la actividad económica retomará su ritmo previo a la pandemia, pero hacia finales del 2022.

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Aseguró que “las calificadoras de riesgo están buscando razones para ser pacientes con Colombia, es lo que percibe el mercado”.

Además, apuntó que, si se aprueba una reforma tributaria del 0,7 al 1% del PIB, es motivo para que las calificadoras consideren que las finanzas públicas de Colombia van a ser sostenibles y mantengan la calificación.
Aseguró que la calificación se mantiene este año, pero habrá riesgos el otro año.

El economista del BNP Paribas consideró que la deuda como porcentaje del PIB seguirá incrementándose hasta 2023 y luego disminuirá, pero a un menor ritmo.

Indicó que “estimamos un crecimiento superior en el PIB, pues habíamos pronosticado que este año sería de 5% y ahora la previsión es de 5,5%. No va a haber preocupaciones con la inflación. Las preocupaciones vendrán con lo que suceda en el frente fiscal”.

Preocupación

De otra parte, algunos sectores que van a resultar impactados con la reforma dejaron entrever su preocupación.

El presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores, Jorge Enrique Bedoya, dijo que “encarecer el costo de producir los alimentos es indolente con cientos de miles de productores del campo que le han cumplido a Colombia y vulnera la alimentación de millones de colombianos”.

En su cuenta de Twitter, el dirigente gremial señaló que “ojalá el Gobierno reflexione o que el Congreso actúe. No entiendo la necedad del Gobierno de encarecer la canasta de colombianos".

Asimismo, Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, señaló que "resulta positivo el enfoque de economía circular en la no causación del impuesto a empaques y envases de plástico por parte de las empresas que demuestren resultados de reciclaje. Sin embargo, su aplicación quedaría condicionada a la discrecionalidad en la reglamentación por parte del Gobierno, lo cual representa un riesgo alto”. 

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El presidente del gremio agregó que "para poner un ejemplo, si la no causación solo aplica con el cumplimiento del 100% de reciclaje, ninguna empresa se podría acoger al beneficio y los consumidores terminarían pagando, vía un incremento en el precio de alimentos, bebidas y productos de aseo, alrededor de $1,4 billones al año en impuestos. Por ello la importancia de establecer claramente en la ley la condición de economía circular para la no causación del impuesto".

Lo que no se incluyó

Una de las iniciativas que no se incluyó en el texto final fue la del senador conservador David Barguil, quien propuso que los bancos paguen una sobretasa permanente del 6% en el impuesto de renta. Como a partir del año 2023 la tarifa general va a quedar en 30%, plantea que su aporte sea del 36% sin disminuciones en los siguientes años.

Según sus estimaciones, el recaudo adicional será aproximadamente de $1 billón al año. Propone que la destinación de esos recursos durante los próximos 10 años se distribuya en un 50% para las vías rurales y el otro 50% para la infraestructura educativa del país. 

Otra propuesta que no se añadió en el proyecto es la de la representante Katherine Miranda sobre el impuesto de renta para las iglesias, las cuales tienen ingresos brutos superiores a los $5,4 billones y patrimonios líquidos avaluados por más de $13 billones. Y la del impuesto a las bebidas azucaradas del 20%, la cual le significaría al Estado al menos $1,4 billones al año.