Las voces que reclamaban el regreso de las aspersiones aéreas con glifosato para combatir los cultivos ilícitos en el país, que superan las 180 mil hectáreas, fueron acalladas por la Corte Constitucional que, al fallar una acción de tutela, las prohibió definitivamente.

Las fumigaciones fueron suspendidas en el país en mayo de 2014 a solicitud del Ministerio de Salud, luego de que la Organización Mundial de la Salud señalara que existían probables efectos cancerígenos del herbicida sobre los seres humanos.

Ese concepto fue controvertido recientemente por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, con lo que se avaló por parte de la Unión Europea su uso y abrió la posibilidad de que en Colombia volviera a ser la principal arma para combatir los cocales que, a decir de diferentes sectores, se dispararon desde el momento en que las aspersiones aéreas fueron suspendidas y se recuerda que habían bajado a unas 60 mil hectáreas.

El fiscal Néstor Humberto Martínez y dirigentes de algunos partidos, entre ellos el Centro Democrático, solicitaron al Consejo Nacional de Estupefacientes el reinicio de las fumigaciones con glifosato, pero éstas solo fueron autorizadas de manera manual.

Estados Unidos a través del embajador Kevin Whitaker, ha expresado respeto por la decisión del Gobierno nacional de no acudir a las aspersiones aéreas con este herbicida para erradicar los plantíos ilegales y especialmente después de que el presidente Juan Manuel Santos reafirmó que no volverían a hacerlo por esa vía.

Pero si quedaba alguna luz de esperanza de que ante el desmedido incremento de cultivos ilícitos se optara por volver a las aspersiones aéreas, ayer la Corte Constitucional, al proteger los derechos de la comunidad indígena Carijona, en Guaviare, determinó que no será posible, puesto que encontró que el glifosato la afectó severamente en el 2005.

La Corte aplicó el principio de precaución con el objetivo de prohibir que, en adelante, “se use o se retome el uso del herbicida glifosato en el programa de erradicación de cultivos ilícitos en forma de aspersión aérea”.

La decisión del alto Tribunal planteó, además, que se busquen medidas por parte del Gobierno nacional para que en la erradicación terrestre con glifosato que actualmente se realiza, “se busque una forma alternativa con otra sustancia química no tóxica, o bien esta se realice bajo estrictos controles y minimizando los potenciales efectos negativos que esta pueda llegar a tener sobre las comunidades étnicas”.

También planteó la Corte que el uso del glifosato en aspersión aérea puede afectar la salud humana y poner en peligro no solo a las comunidades en donde hay cultivos de hoja de coca, sino al medio ambiente en su conjunto.

Además, la Corporación exhorta al Congreso a expedir una nueva legislación que trate de manera integral el tema de la erradicación de cultivos ilícitos, más allá del reciente decreto del Gobierno, expedido por las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente, y que entregó a la Policía la contratación de grupos móviles para esta tarea.

Ese decreto está siendo revisado por la Sala Plena de la Corte Constitucional, concretamente es el magistrado Aquiles Arrieta, quien tiene plazo para entregar su ponencia hasta el 5 de mayo. Ya se había solicitado al Gobierno que explicara si realizó consulta previa con las comunidades que podrían verse afectadas y en caso de que no lo haya hecho, informar si lo hará en el futuro.

En ese mismo sentido, corresponde al Ministerio de Ambiente remitir a la Corte el Plan de Manejo Ambiental para la implementación del programa de erradicación de cultivos ilícitos y entregar copia de los protocolos de mitigación del riesgo y salud ocupacional del programa.

Recomendaciones

Al mismo tiempo, un grupo de organizaciones dirigió una comunicación en la que realizan un análisis sobre la forma en la cual se está avanzado en la implementación del Punto 4 del Acuerdo Final (Solución al Problema de las Drogas Ilícitas) y en particular al plan de sustitución de cultivos que está implementando el Gobierno, “el cual plantea riesgos a la posibilidad de asegurar las transformaciones profundas que requiere el campo colombiano de tal manera que se modifiquen las condiciones que han permitido que los cultivos de uso ilícito permanezcan en los territorios”.

De acuerdo con DeJusticia la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Excelencia en la Justicia, el Departamento de Derecho Constitucional, Universidad Externado de Colombia, el Fondo de Capital Humano para la Transición en Colombia - del Instituto para las Transiciones Integrales, la Fundación Ideas para la Paz, el Instituto de Ciencia Política, el International Crisis Group: Programa de América Latina y el Caribe, la Misión de Observación Electoral; Camila de Gamboa -Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Paz y Conflicto de la Universidad del Rosario; Catalina Botero Marino -Decana Facultad de Derecho, Universidad de Los Andes; Iván Orozco –Profesor de la Universidad de Los Andes; Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y René Urueña, del Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas (Cijus), Universidad de Los Andes, “es necesario garantizar que las medidas de sustitución de cultivos de uso ilícito hagan parte de la política de desarrollo rural en su sentido más amplio”.

También que es importante definir una política pública integral y sostenible para la sustitución de cultivos de uso ilícito.

“El enfoque territorial debe guiar la intervención, teniendo como centro de gravedad los corregimientos y las veredas, y no exclusivamente las familias, reduciendo así el riesgo de que los avances no sean sostenibles”, indican.

Consideran que una de las prioridades para el Gobierno es el manejo responsable y transparente de los recursos, de tal manera que el Estado no asuma compromisos que no están respaldados claramente por una asignación presupuestal.

Piden privilegiar la sustitución voluntaria y articular las actividades de sustitución y de erradicación manual forzosa.

Indican que “es urgente definir con claridad de qué manera las Farc van a cumplir con el compromiso suscrito de contribuir a solucionar el problema de las drogas ilícitas”.

Establecen que “es necesario garantizar la participación de las comunidades y asegurar que estos espacios sean amplios y transparentes” y que es urgente que el Gobierno presente ante el Congreso el proyecto para el tratamiento penal diferencial del que trata el Acuerdo Final.

“La sostenibilidad del plan de sustitución de cultivos de uso ilícito requiere medidas que garanticen la vida e integridad física de las comunidades”, concluyen.