La Procuraduría trata de establecer si la exministra de Transporte y también de Comercio, Cecilia Álvarez Correa, pudo incurrir en un conflicto de intereses en sus actuaciones respecto al otrosí y el contrato de la vía Ocaña-Gamarra, así como frente al contrato de la recuperación del río Magdalena.

EL NUEVO SIGLO conoció en exclusiva el auto de apertura de investigación disciplinaria contra la exministra, a quien también la Corte Suprema de Justicia investiga, junto a la exministra de Educación, Gina Parody.

Según el auto, la Comisión Especial Disciplinaria adelantó diferentes  actuaciones en las cuales “se han  recaudado pruebas testimoniales y documentales, de las que se desprende unas presuntas irregularidades de orden  disciplinario en las que ha podido incurrir la ex ministra” cuando estuvo como titular de la cartera de Transporte,  al  haber  actuado en la  aprobación y decisión  del Conpes 3817 de 2014, en la decisión del Conpes 3758 de 2013  así como en la ejecución del contrato de concesión  # 001 de 201O,  al ordenar la creación de dos peajes sobre la ruta  Ocaña-Gamarra  y el incremento de los peajes existentes en la concesión Ruta del Sol sector II.

Los recursos

Como se sabe, en el marco de las investigaciones de la Fiscalía por los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht en Colombia para hacerse con contratos de obra pública,  uno de los casos tiene que ver con los 4,5 millones de dólares que se le habrían girado al exsenador Otto Bula –hoy preso- para que ‘gestionara’ ante las entidades gubernamentales un otrosí al contrato de la Ruta del Sol sector II, con el fin de construir la vía Ocaña-Gamarra, entre Norte de Santander y Cesar, por un valor de 900 mil millones de pesos. 

Entre el acervo probatorio recaudado están las declaraciones de la propia exministra y una visita administrativa al Ministerio de Transporte,  junto con la documentación  recaudada, en lo concerniente a los peajes de la Ruta del Sol II. Igualmente las declaraciones ante dicha comisión de Juan Sebastián Correa Echeverry,  Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, Harbey José Carrascal Quintero, Yezid Augusto Arocha Acosta y Eder Paolo Ferracuti. También se anexaron las declaraciones del director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade.

Asimismo, se realizó una visita al Ministerio de Hacienda para indagar lo concerniente al Confis que autorizó las vigencias  futuras para el contrato de concesión Ruta del Sol II.

Uno de los documentos más importantes es un oficio de la Presidencia  de la República,  en el cual hace alusión  a un concepto emitido  por dicha Secretaría relacionado  “con la no manifestación” de la entonces ministra Álvarez-Correa “de un impedimento  en una decisión  a su cargo”.

Las dudas

Según el auto, con base en esas pruebas trasladadas por la Comisión Especial para el caso Odebrecht, se pudo  determinar  que la exministra se había declarado   impedida “para conocer y decidir sobre todos los asuntos relacionados con las Sociedades Portuarias Regionales  de  Cartagena y  Buenaventura”,  tal como consta en el Decreto 0120 de 2010.

Esto, según lo que se ha publicado en los últimos meses, porque en dichas empresas tendría intereses la familia de la entonces ministra Gina Parody, con quien Álvarez Correa tiene una relación de pareja.

Según la Procuraduría, también se observa que Álvarez Correa, en calidad  de Ministra  de Comercio, suscribió el Conpes 3817 de 2014 que trató sobre  la “Modificación al documento de  Importancia estratégica del proyecto vial autopista ruta del sol, tramo 2”, el cual  permitió, al  parecer, la habilitación para la ejecución de otrosíes que adicionaron el contrato de concesión # 001 de 2010 Ruta  del Sol II. Este es el relacionado con la concesión Ocaña-Gamarra.

Con base en ello, la Procuraduría considera que “es necesario investigar la posible participación por parte de la exministra en el trámite de los mencionados otrosíes, el cual implicaba adicionar una carretera  que,  aparentemente, conectaría con un puerto en Gamarra,   relacionado, al parecer, con la Sociedad Portuaria de Cartagena”.

Agrega el Ministerio Público que Álvarez Correa, como ministra de Transporte, intervino  en la creación  de dos peajes y en el incremento  del valor de las tarifas para  los existentes,  con razón del contrato  de concesión  Ruta del Sol II y en la aprobación y decisión del Conpes 3758 de 2013 que se refería al “Plan para restablecer la  Navegabilidad del río Magdalena”, el cual sirvió de base para que Cormagdalena suscribiera el contrato con el consorcio Navelena, “cuestiones,  que al parecer, estaban relacionados con la Sociedad  Portuaria  de Cartagena”.

En ese orden de ideas, el auto sostiene que “los anteriores  hechos podrían ser irregulares  teniendo en cuenta que con la intervención  de la exministra puede haber  incurrido  en conductas con incidencia  disciplinaria,  pues, posiblemente, se encontraba  en  un conflicto  de intereses o impedida para actuar dentro de las decisiones  que se adoptaron”.

Pruebas a practicar

Ahora la Procuraduría procederá a practicar varias pruebas, empezando desde certificaciones laborales de la exministra en las carteras de Transporte y Comercio; un análisis del decreto de enero de 2013 mediante el cual a Álvarez Correa se aceptó su impedimento, junto con todos los antecedentes y documentos  argumentados. También se pedirá a Planeación Nacional entregar toda la documentación relacionada con los documentos Conpes 3758 de agosto 6 de 2013 y 3817 de octubre 2 de 2014.

Asimismo, se pedirá a Cormagdalena información sobre la construcción de un puerto en el municipio de Gamarra  por parte de la Sociedad  Portuaria de Cartagena. Corpocesar, a su turno, deberá informar sobre licencias ambientales, permisos y concesiones para la construcción de dicho puerto.

Igualmente la Cámara de Comercio correspondiente deberá certificar la existencia y representación legal, así como la conformación accionaria de la Sociedad Portuaria de Cartagena. .

Uno de los aspectos más clave del auto, es que se solicitará a la Concesionaria Ruta del Sol que aporte el concepto rendido por la oficina Martínez Neira Abogados (de la cual hizo parte el hoy fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira). En dicho concepto, según lo que ha trascendido, se manifestó que no era posible la adición del contrato para la vía Ocaña-Gamarra.

Como se ve, las razones de la Procuraduría para investigar a la exministra Álvarez (quien siempre ha negado que haya cometido irregularidad alguna), son de fondo y es claro que la exfuncionaria tiene mucho que aclarar ante el Ministerio Público, so pena de verse enfrentada al riesgo de una sanción disciplinaria bastante drástica.