La posición del Gobierno es establecer un marco legal para que exista la alternativa de la entrega colectiva mientras arremete la fuerza pública.

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OCHO POLICÍAS muertos el miércoles en Urabá, mientras escoltaban a un juez, dos fiscales y funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, conmocionaron esta semana al país.

“No hay duda de que el Clan del Golfo está tras el ataque”, declaró categóricamente el general Carlos Ernesto Rodríguez, comandante de la Región 6 de la Policía Nacional.

Esta certeza de que el atentado es responsabilidad de una banda criminal (Bacrim), puso sobre el tapete la pregunta que viene haciéndose hace algún tiempo el país: ¿qué hay que hacer con estas organizaciones: aplicarles mano dura como única opción o, además, proponerles un sometimiento flexible a la justicia?

La posición del Gobierno es establecer un marco legal para que exista la alternativa del sometimiento colectivo mientras la fuerza pública arremete contra las Bacrim.

El ministro de Justicia, Enrique Gil, ha explicado que el proyecto de ley presentado no se puede entender como una “negociación” y reiteró que es una iniciativa para el sometimiento o acogimiento de esos grupos.

“Lo que busca el proyecto de ley es dar herramientas para que no se produzca un desbordamiento y se desarrollen mecanismos que sean expeditos”, ha dicho.

Al radicar el proyecto el 20 de marzo, el ministro Gil indicó que tiene 58 artículos en los que se estructura “una política de sujeción y el sometimiento al poder del Estado” en la que los integrantes de “los grupos armados que colaboren con la justicia, que entreguen los menores, entre otras cosas, tendrán derecho a una rebaja del 50% de la pena”, reiterando que no se crean “actos de impunidad ni acuerdos políticos”.

Bacrim

Pero, ¿cuál es la dimensión del problema? La Fundación Ideas para la Paz (FIP) presentó en julio un estudio titulado ‘Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición’, del que se extractan a continuación algunos datos pertinentes.

Lo primero que hay que precisar es que aunque la opinión pública sigue hablando de Bacrim, las autoridades ya no utilizan ese término, sino que hablan de GAO (Grupos Armados Organizados) y GDO (Grupos Delincuenciales Organizados). Podría decirse que mientras los GAO son nacionales, los GDO son locales.

Cabe anotar que estas denominaciones están dentro del debate sobre si estos grupos son paramilitares. Los funcionarios del Estado dicen que no. Otras voces, como por ejemplo, los voceros del partido Farc, dicen que sí.

En el estudio, la FIP aclara que más allá de estas discusiones “pensamos que estamos ante un conflicto en transformación y de transición diferenciada que no se puede limitar a la discusión irreconciliable entre si hay o no paramilitarismo”.

Aquí es pertinente citar (y dejar el tema para otro espacio) al equipo del economista Luis Jorge Garay que en su libro ‘La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia’ plantea que “mientras que en el país existan grupos poderosos ilegales, como son las estructuras mafiosas, persistirán las condiciones propicias para la reproducción de procesos tendientes a la captura y reconfiguración cooptada del Estado”.

Se reconocen tres GAO. En total tienen aproximadamente 2.100 integrantes con algún tipo de presencia en 132 municipios de trece departamentos del país. Estos grupos han tenido un proceso de evolución o cambio durante los últimos diez años con algún tipo de presencia en aproximadamente el 10% de los municipios del país. El año en que más concentraron integrantes fue 2011 con 5.711. Según cifras oficiales, en 2006 había 33 grupos y en 2007, 23. Hoy, el fenómeno está reducido a tres, lo que no necesariamente significa que se han desarticulado 30 estructuras, sino que algunas de esas fueron cooptadas, absorbidas o se aliaron con otras más fuertes.

Clan del Golfo

En primer lugar está el ‘Clan del Golfo’ (anteriormente llamado Clan Úsuga o Los Uraneños, pero que se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC).

Cuentan con 1.900 integrantes que hacen presencia en 107 municipios del país, según cifras oficiales.

Para lograr presencia nacional, tiene un componente armado, ubicado principalmente en Urabá, sur de Córdoba y Bajo Cauca, y un componente de subcontratación, distribuido en otras regiones del país, con lo que el número de integrantes subiría a 3.000 o 3.500.

Los Pelusos

Otro GAO es ‘Los Pelusos’ (que insisten en llamarse a sí mismos Ejército Popular de Liberación, EPL).

En 1991 el grueso del EPL se transformó en el partido Esperanza, Paz y Libertad, pero el Frente Libardo Mora se declaró en disidencia y se negó a desmovilizarse, mutando en los que hoy son ‘Los Pelusos’ con presencia en una región que abarca zonas de diez municipios del Catatumbo, en Norte de Santander.

Los Puntilleros

El tercer GAO es el de ‘Los Puntilleros’ (que en realidad son dos estructuras: el Bloque Meta, BM, y el Bloque Libertadores del Vichada, FLV).

Hacen presencia en quince municipios de los Llanos Orientales, de acuerdo con cifras oficiales.

A diferencia de las cifras oficiales, el seguimiento de la FIP muestra que el Bloque Meta estaría en al menos once municipios y el Libertadores del Vichada en cinco, lo que indicaría, respecto al segundo, su pérdida de influencia y capacidad de coerción.

Libertadores del Vichada se limita a ejercer control en puntos estratégicos de la vieja ruta del narcotráfico que va desde la margen norte del Meta hasta la frontera con Venezuela. El Bloque Meta controla corredores que hacen parte de la ruta que sale por el Sumapaz, para llevar la droga hacia el Pacífico.

El Bloque Meta opera en el Meta y Guaviare. El Bloque Libertadores del Vichada en Meta y Vichada.

Grupos locales

A éstos se suman grupos de menor envergadura, los cuales se constituyen en una seria amenaza para las subregiones y los ámbitos locales, ya sean urbanos o semiurbanos. Estos son los GDO y operan como subcontratistas de organizaciones mayores –GAO e incluso grupos guerrilleros–, generan un alto impacto humanitario –desplazamiento intraurbano, utilización y reclutamiento de niños y jóvenes, confinamiento de poblaciones– y tienen vínculos con organizaciones de tercer nivel como oficinas de cobro y estructuras sicariales.

Actualmente hay 24 GDO. Ocho propiamente dichas (Los Caqueteños, Los Botalones, Los Rastrojos, Los Costeños, La Cordillera, Los Pachenca, La Empresa y el Clan Isaza), cinco oficinas de cobro (Boliqueso, Avestruz, El Seco, Fresa & Lobo y Dimax) y diez organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico (Las Chatas, La Sierra, La Unión, Picacho, Los Triana, Robledo, San Pablo, Trianón, Terraza y Caicedo).