EL 13 de abril el presidente ecuatoriano Lenín Moreno confirmó el asesinato del fotógrafo Paúl Rivas, del redactor Javier Ortega y del conductor Efraín Segarra.

Los integrantes del equipo periodístico del diario quiteño El Comercio habían sido secuestrados el 26 de marzo por una banda criminal colombiana liderada por el ecuatoriano Walter Arízala, alias William Quiñónez o el ‘Guacho’.

Arízala comanda un grupo armado ilegal que se presenta como el frente Óliver Sinisterra disidente de las Farc, pero mientras el fiscal Néstor Humberto Martínez señala que se trata del brazo armado del narcotraficante cartel mexicano de Sinaloa, para el dirigente desmovilizado Luciano Marín, alias Iván Márquez, ‘Guacho’ "no pertenece a ningún grupo disidente y sí a un grupo paramilitar".

Además del equipo de El Comercio y tres infantes de marina que fallecieron durante un atentado con explosivos en Mataje, no hay balance claro de cuántas muertes de ecuatorianos lleva encima Arízala en los varios ataques que se le atribuyen, incluyendo un carrobomba detonado en San Lorenzo.

Aunque Arízala es ecuatoriano, no hay duda de que personifica el dolor que causa la delincuencia colombiana en la frontera norte de Ecuador.

Delincuencia fronteriza

A Colombia y Ecuador los separa (o los une, según como se lo mire) una línea continua de 586 kilómetros, que va desde el río Güepí, en el extremo oriental del límite, hasta la desembocadura del río Mataje en la bahía Ancón de Sardinas en el Océano Pacífico. A esta frontera terrestre hay que agregar 200 millas de tramo marítimo.

La frontera está delimitada por caudalosos ríos que cruzan los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo y las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, que figuran entre las más pobres y abandonadas de ambos países.

Desde hace décadas, esta porosa y selvática frontera, con numerosas trochas ilegales, es utilizada por las bandas que viven del tráfico de droga, de armas y de combustible, así como de la minería y de la tala ilegal. Ecuador ha sido históricamente un punto de tránsito o almacenaje de las mafias colombianas y sus socios mexicanos.

Ahora son doce grupos los que se disputan el control de los narcocultivos en Tumaco. No es "ninguna consecuencia directa de la desmovilización de las Farc. Es una consecuencia del descontrol que ocurre en las fronteras colombianas por el altísimo grado de criminalidad", señaló Mauricio Jaramillo, internacionalista de la Universidad del Rosario.

Los 10.000 soldados que ambos gobiernos dicen tener desplegados en cada lado fronterizo no han contribuido a resolver los problemas.

Por años, Ecuador rehusó realizar operaciones combinadas, y "este caso revela que cuando no hay buena coordinación" se abre "un espacio para que crezcan las actividades criminales", sostiene Jorge Restrepo, del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).

El viernes, la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución de apoyo a las acciones contra el crimen organizado en la frontera entre Colombia y Ecuador.

"Para Ecuador es fundamental en este momento tomar todas las medidas para que la calma regrese a nuestro país", dijo la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, instando a la región a trabajar en conjunto para "combatir el flagelo del narcotráfico".

"El terrorismo no tiene fronteras, el narcotráfico no tiene fronteras", dijo por su parte la canciller colombiana María Ángela Holguín, quien aseguró que detrás de esta situación están las "poderosísimas" estructuras de los carteles que controlan el tráfico de drogas en el continente.

"La única manera en que podemos acabar con estas estructuras es trabajando unidos, en coordinación", enfatizó, llamando a los países centroamericanos, así como a México y EU, a sumarse a estos esfuerzos.

"Como comunidad internacional y hemisférica no podemos mostrar debilidad ante el crimen organizado", coincidió el secretario de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quien dijo que solicitará un mayor despliegue de la Misión de la OEA de Apoyo al Proceso de Paz de Colombia (MAPP/OEA) en la zona fronteriza.

Operación Fénix

La conflictiva frontera se convirtió en tendencia noticiosa por las incursiones de Arízala en la zona más occidental de la frontera, limítrofe con Nariño, pero ya había saltado a las primeras planas de los periódicos en 2008 por un hecho ocurrido más al centro de la frontera, en límites con Putumayo.

Hace diez años, el 1 de marzo, se lanzó la Operación Fénix, incursión militar colombiana que el gobierno ecuatoriano denominó Bombardeo de Angostura.

Esta zona queda cerca de la población Santa Rosa de Yanamaru, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos. En ese territorio ecuatoriano, la Operación Fénix abatió 22 guerrilleros de las Farc, incluyendo a Luis Édgar Devia, alias Raúl Reyes, integrante del Secretariado de la organización armada ilegal. También murieron cuatro estudiantes mexicanos y un ciudadano ecuatoriano.

El ataque produjo una crisis diplomática regional por la violación colombiana de la soberanía territorial ecuatoriana y por la presencia ilegal de las Farc en Ecuador.

El entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa calificó la acción como una masacre, asegurando que “los aviones colombianos ingresaron al menos diez kilómetros a territorio ecuatoriano. Luego llegaron tropas en helicópteros que culminaron la matanza, incluso se hallaron cadáveres con tiros en la espalda”.

En consecuencia, las relaciones diplomáticas estuvieron suspendidas entre el 3 de marzo de 2008 y el 26 de noviembre del 2010, cuando Álvaro Uribe dejó la Casa de Nariño para que llegara Juan Manuel Santos.

En la Cumbre del Grupo de Río, realizada el 7 de marzo (ni siquiera una semana después del ataque) en Santo Domingo, se produjo el recordado intercambio verbal entre Correa y Uribe.

Al día siguiente del bombardeo se inició una investigación penal que les formuló cargos por homicidio a Santos, entonces ministro de Defensa, y a los generales Freddy Padilla, Óscar Naranjo, Mario Montoya, Guillermo Enrique Barrera y Jorge Ballesteros, así como al coronel Camilo Ernesto Álvarez.

El 21 de marzo de 2011 fueron llamados a juicio Padilla, Naranjo, Montoya, Barrera y Ballesteros como autores intelectuales, y Álvarez como autor material. Como los procesados no han comparecido (ni lo piensan hacer) el juicio quedó congelado.

El 13 de diciembre del 2013 el diario norteamericano The Washinton Post aseguró que la Operación Fenix fue una de las mayores acciones de inteligencia encubierta desarrollada por EU desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.​

El asunto volvió a las noticias el 5 de abril cuando el vicepresidente Óscar Naranjo fue llamado a comparecer ante la justicia ecuatoriana para ser juzgado por la muerte de los estudiantes mexicanos, luego de que la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos rechazara un recurso de la defensa para declarar nulo el proceso.

Aunque la delicada situación fronteriza se ventila en los medios por casos como los registrados, hay otro ángulo que escapa al foco noticioso.

Con corte a septiembre de 2016, Ecuador registra 60.329 personas refugiadas, el 95% de los cuales son colombianos en condición de desplazamiento que huyeron del conflicto armado. Entre 1989 y 2016, las autoridades en Quito recibieron 233.049 solicitudes de refugio, en su mayoría de Colombia.