Suele escribirse sobre éxitos logrados, metas cumplidas, esfuerzos realizados positivos, no sobre fiascos y los dos lados arrojan lecciones útiles. Se expondrán conclusiones surgidas de experiencias desagradables con derivaciones convenientes para la comunidad colombiana. Corrían 1978 y 1984 y surgieron, en el diario El Tiempo, en primera página, referencias inconvenientes sobre conducta de quien escribe.
El primer caso consistió en reproducción del reportaje de un funcionario del Resguardo Nacional de Aduanas al periodista Fabio Castillo. Fue una “chiva” y ganó la competencia, en franca lid, el diario más importante del país, o sea, El Tiempo: se reconoce al triunfador. Hubo interrogatorio judicial prolongado, sin sanciones, durante el régimen presidencial de Turbay Ayala que creyó en la inocencia de quien escribe. Sin embargo, dicho régimen lo desplazó de la posición de Director General de Aduanas a la de Consejero en la Representación Permanente de Colombia ante la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc) en Montevideo, Uruguay: cambio del ministerio de hacienda al de relaciones exteriores. La razón probablemente consistió en la continuidad de comentarios periodísticos desfavorables.
Luego sobrevino, en 1984, la segunda aparición espectacular en El Tiempo y la administración presidencial Betancur declaró insubsistente el nombramiento de Guillermo Franco Camacho mediante la aplicación de facultades extraordinarias, es decir, la causa no se mencionó y permanece a oscuras hasta hoy. Sin embargo, incomoda la coincidencia entre la presentación mediática espectacular y el despido. ¿Hubo relación de causa y efecto? ¿Se utilizó el procedimiento indicado por carecerse de seguridad plena en el motivo? ¿Hubo motivación política? Debió realizarse una investigación formal para averiguar la verdad con aplicación de la metodología científica.
Tres personas, en el alto gobierno, conocieron del caso comentado: Belisario Betancur Cuartas, Rodrigo Lloreda Caicedo y Augusto Ramírez Ocampo y sobrevive el primero quien sería el único en capacidad de clarificar la causa del despido, aunque no está obligado ni legal ni constitucionalmente y sea una gestión inútil. ¿Lo hará? Se duda pero vale la pena intentarlo. El Tiempo rectificó y con tal claridad que ha merecido mi agradecimiento, al igual que Gerardo Eusse al darme uno de los mejores consejos que recibí en la vida: obtener documentación de apoyo de organismos judiciales decisorios y se acudió a la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General.