Gasto, una camisa de fuerza

  • Preocupante diagnóstico de comisión de expertos
  • Candidatos deben aterrizar programas económicos

Resulta evidente que es posible mejorar el gasto público en Colombia con eficiencia y eficacia cuando se trata de lograr los resultados deseados pero, también, que dicho gasto no contribuye lo suficiente a una mejor distribución del ingreso. Esas es una de las conclusiones del informe de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública presentado ayer por el Gobierno. Un estudio que diagnosticó los programas de subsidios y de asistencia pública, los criterios de priorización de la inversión, las inflexibilidades presupuestales, las rentas de destinación específica así como los efectos sobre la equidad y la eficiencia de las decisiones de gasto.

La tarea se les encomendó a los reconocidos economistas Raquel Bernal, Jorge Iván González, Juan Carlos Henao, Roberto Junguito, Marcela Meléndez, Armando Montenegro, Juan Carlos Ramírez, José Darío Uribe y Leonardo Villar. A ello se sumaron el director del Departamento Nacional de Planeación y el ministro de Hacienda.

Tras diez meses de análisis, el informe estuvo listo en diciembre y ayer fue presentado bajo la tesis de que esta radiografía realista sobre la situación fiscal, de gasto e inversión pública provee un escenario objetivo al próximo gobierno para delinear la hoja de ruta económica del cuatrienio. Aunque los candidatos presidenciales son prolíficos en explicar sus respectivos planes en la materia, hay en ellos muchos supuestos y proyecciones sobre el deber ser. Por el contrario, el diagnóstico de la Comisión plantea escenarios reales sobre el verdadero margen de acción para fortalecer la equidad,  inclusión productiva, formalización y convergencia del desarrollo entre zonas urbanas y rurales, así como para mejorar la redistribución del ingreso, y la eficiencia de la gestión pública y el fortalecimiento del Estado.

¿Qué encontró la Comisión? Primero que el escenario actual es complejo. Según los expertos, la abrupta reducción de los precios internacionales del petróleo y de otros productos básicos golpeó de manera importante el crecimiento económico, los ingresos externos y los del Gobierno entre 2013 y 2016. Esa circunstancia obligó a aplicar ajustes en materia de ingresos y gastos. Para los primeros hubo dos reformas tributarias (2014 y 2016) y en cuanto a los segundos, se recortó la inversión, todo con el fin de cumplir con los requerimientos de déficit total estructural exigidos por la regla fiscal. Sin embargo, pese al esfuerzo los niveles de deuda con comparación con el PIB se vieron afectados por el aumento en el déficit efectivo y la devaluación en los últimos cuatro años.

Tras realizar los diagnósticos sectoriales, se encontró que si el objetivo de la regla fiscal es llegar a un déficit total estructural del 1% del PIB en 2022, el panorama fiscal no está despejado y serán necesarios más ajustes, de nuevo, tanto en gastos como ingresos. Por ejemplo, la Comisión alerta que el mayor recaudo producido por la última reforma tributaria se diluirá por la reducción de la actual tarifa del 40 por ciento del impuesto de renta corporativa al 33 por ciento el próximo año. A ello se suma que las proyecciones gubernamentales en el Marco Fiscal de Mediano Plazo formulado el año pasado, que muestran un aumento persistente en el recaudo, dependen en forma crítica de los ingresos provenientes de la formalización de la economía y los esfuerzos de gestión de la DIAN. Pero si estos no se concretan, entonces el ‘apretón’ en gastos tendría que ser más fuerte. Incluso se da otro campanazo: una trayectoria fuertemente decreciente de los gastos de funcionamiento y de inversión como porcentaje del PIB tendría serias repercusiones sobre el crecimiento económico y afectaría las condiciones de la población más vulnerable, al obligar a recortar programas sociales. Es más, si los ingresos proyectados fueran menores a los esperados, entonces la situación sería más crítica. Y a todo ello hay que sumarle la extrema inflexibilidad del gasto público en Colombia.

Lo importante es que, desde ya, los candidatos a la Casa de Nariño comiencen a pronunciarse sobre las recomendaciones de la Comisión en aspectos trascendentales como el gasto público en pensiones, salud, educación, defensa y los subsidios a personas y el sector productivo. También sobre las principales limitaciones del proceso presupuestal, empleo público, sistema de compras y contratación oficiales así como el riesgo por los millonarios litigios contra el Estado. Por igual debe analizarse el nivel de gasto, funcionamiento e inversión a nivel regional, así como impulsar el uso eficiente de los recursos de las regalías.

Tenemos, entonces, una radiografía de gasto e inversión muy realista, a la cual deben acomodarse los programas económicos de las distintas campañas para que el debate se haga sobre las realidades y no los supuestos y el promeserismo gratuito.