El exsecretario de la JEP, Néstor Correa, respondió este jueves a la presidenta del Comité, Patricia Linares, quien lo acusó de haber accedido ilegalmente a correos en los que ella explicó cómo debía quedar establecida la JEP.

Correa rechazó la declaración y aseguró que en ningún momento empleó un medio ilegal "para acceder a una información que llegó a mis manos". Además, negó haberla chantajeado con hacer públicos los correos.

"Me permito señalar que no es cierto y no puede serlo, porque para enero del 2018 ya estaban aceptados por el Ministerio de Hacienda, con participación de Patricia Linares y Danilo Rojas, el número de cargos y la remuneración de la Secretaría Ejecutiva".

Asimismo, indicó que su interés siempre ha sido el de "defender los canales democráticos" y "los derechos de las víctimas", además de un "modelo racional de estructuración de la JEP y de la Secretaría Ejecutiva". Concluyó preguntándose por qué Linares no denunció desde antes el presunto acceso ilegal a los correos personales.

Por su parte, Linares dijo que “llama la atención que en lugar de rendir cuentas como se le ha solicitado de manera reiterada, haya procedido a plantear ante la opinión pública debates que carecen de fundamento y que desvían la atención sobre sus responsabilidades”.

La funcionaria agregó que "la magistratura no ha celebrado ni celebrará contrato alguno. Esa es función de la Secretaría Ejecutiva cuya estructura se mantiene intacta".

Además aseguró que Correa solo entregó cuentas de los 4.5 millones de dólares que administró desde que inició su labor cuando la Contraloría le hizo varios llamados y que su tarea durante 2017 no se ve reflejada, pues las condiciones mínimas que necesitan para funcionar no están dadas.

La carta de Correa

Este miércoles se conoció la carta de Correa en la que explicó sus verdaderos motivos de la salida de la JEP´. 

Según el exsecretario, los recursos para la paz no fueron un motivo de su salida. En la misiva el funcionario revela que una vez se posesionaron los 38 magistrados de la JEP, un grupo de nueve magistrados cambiaron el esquema con el que venía funcionando la Secretaría Ejecutiva para quitarle funciones y peso, y poder tomar decisiones burocráticas dentro de esa justicia.   

Correa manifestó que la presidenta de la JEP, Patricia Linares,  conformó  en un desayuno el 6 de octubre de 2017, un comité estratégico junto a otros 8 magistrados del tribunal, entre los que se encuentran Danilo Rojas, Catalina Díaz , Caterina Heyck, Rodolfo Arango, Iván González, Alejandro Ramelli, Eduardo Cifuentes y el exministro  de justicia Yesid Reyes,  con el fin de “incidir y hacer lobby para modificar las funciones que se habían conferido  al Secretario Ejecutivo (S.E) en el Acuerdo de Paz”.

Las funciones del SE, según Correa, era prestar asesoría jurídica, apoyo psicosocial, representación judicial y seguridad a las víctimas, prestar a los procesados el servicio de defensa y representación judicial, garantizar la presencia y seguridad de testigos, asegurar la vigilancia electrónica de los liberados, administrar la JEP, llevar la secretaría de la Sala Plena y del órgano de Gobierno. 

Sin embargo, dijo que ese grupo de nueve magistrados que se llamó Comité Estratégico  estimó que "ese esquema no llenaba sus expectativas y que era necesario modificarlo" para quitarle funciones al cargo que él desempeñaba.

“La idea concreta era quitarle esas funciones al S.E, pasárselas a los magistrados, apoderarse del diseño y nombramiento de la planta de cargos y excluir al S.E., del organismo de gobierno del tribunal para que no tuviera voto”, se lee en la carta de Correa.

Correa concluye la carta diciendo que “los magistrados que integran el Comité Estratégico no podían incidir para beneficio propio en la redacción de los textos que los iban a regular….Uno no puede tomar la ley en sus manos.” Señala que ellos “vieron en la JEP un botín burocrático y buscaron quedarse con él y excluir al SE del órgano de gobierno”.