Lupa a “chequera de la paz”

  • Campanazo de Fiscal sobre contratación
  • En vilo confianza internacional en proceso

Desde el mismo momento en que Colombia inició toda la estrategia para concretar la financiación internacional de la implementación del acuerdo de paz con las Farc y el arranque de la política del posconflicto, desde no pocos sectores se lanzó una alerta temprana en torno a que el manejo de todos esos recursos debería tener la máxima transparencia. Y no era para menos, ya que se hablaba de conseguir alrededor de dos mil millones de dólares, tanto en donaciones de países y entes multilaterales como en créditos blandos y a largo plazo. Es más, empezó a hacer carrera el término la “chequera de la paz”, en alusión al alto monto a manejar y su importancia para el futuro del país.

Luego, cuando se estructuró todo lo relativo a las distintas cuentas que recaudarían y manejarían los aportes, reunidas la mayoría bajo el “Fondo Colombia en Paz”, uno de los elementos en que más se hizo énfasis por parte del gobierno colombiano fue en el relativo a que el giro e inversión de los millonarios presupuestos estaría regulado por eficientes mecanismos de seguimiento para garantizar transparencia, eficacia y buena ejecución de la cooperación recibida. Fiscalía, Procuraduría y Contraloría harían auditorías permanentes. Incluso, como una garantía adicional, se explicó que una parte de las donaciones y compromisos de financiación externa seguiría siendo direccionada y monitoreada por los países y entes aportantes, con el objetivo de que los proyectos e iniciativas de inversión postuladas y aprobadas en las distintas zonas del país, cumplieran con ayudar a superar los lesivos efectos políticos, económicos y sociales e institucionales dejados por el conflicto armado.

Aunque no en el monto esperado ni tampoco con el número de aportantes que se preveía, lo cierto es que en los últimos dos años la estrategia de buscar y concretar la cooperación internacional logró canalizar una cantidad importante de recursos, con destino a invertirse tras la firma del acuerdo de paz, el desarme y el proceso de desmovilización de los exguerrilleros. Es sabido que los embajadores y representantes de entes multilaterales aportantes siempre han insistido en que la inversión de los millonarios recursos debe estar debidamente planificada, con proyectos estudiados y viables que contribuyan realmente al arranque y cimentación de la política eficaz de posconflicto.

Sin embargo, lo ocurrido en las últimas semanas pone en duda la forma en que se han manejado en esta etapa inicial los recursos de cooperación internacional. Primero se conoció una carta de los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza en Colombia pidiendo algunas claridades sobre procesos administrativos, de inversión y manejo de los recursos del Fondo Colombia Sostenible. Luego hubo más cuestionamientos de distintos sectores nacionales sobre los fondos para la financiación y activación de toda la estructura de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) así como del manejo del “Fondo Colombia en Paz”. No faltaron tampoco las denuncias, muchas anónimas, sobre presuntas irregularidades en contratación, posible politización y hasta pulsos de poder entre las cabezas visibles de todo el organigrama institucional para la implementación del acuerdo de paz.

Tras todo ello, los encargados de esas instancias replicaron que no había anomalía alguna, aunque admitieron cierta demora en el arranque de proyectos para el posconflicto y de la financiación de iniciativas productivas para excombatientes y víctimas. Incluso el propio Presidente de la República indicó que estaba garantizado el manejo transparente de los recursos y que no había ningún cuestionamiento de los países aportantes al respecto.

Sin embargo ese parte de tranquilidad gubernamental no se compadece con lo advertido por los entes de control. La Fiscalía indicó que hay “evidencias concluyentes” de anomalías en el proceso de contratación de proyectos productivos para el posconflicto. Irregularidades como direccionamiento de contratos, acceso ilegal a información privilegiada, injerencia indebida de particulares y fallas en la escogencia de las interventorías. La Contraloría General, a su turno, tiene la lupa puesta sobre la contratación de la JEP -cuyo secretario ejecutivo renunció esta semana- y exigió un informe detallado sobre soportes normativos, financieros, técnicos, de bienes y logística administrativa. Entretanto, el Procurador General, que también adelanta ya las respectivas pesquisas disciplinarias sobre el manejo de todos los recursos del posconflicto, advirtió tajantemente que “… no vamos a permitir que se haga fiesta con los recursos del Estado”.

¿Qué está pasando, entonces, con la “chequera de la paz”? El viernes se reunió el Presidente con más de una treintena de embajadores para analizar el tema. De nuevo el Ejecutivo reiteró que no hay anomalías. Sin embargo, ahora la palabra la tienen los entes de control. Sería ingenuo negar que la sola sombra de sospecha sobre el manejo de los recursos de cooperación internacional para el posconflicto es muy grave, pues no solo afecta el flujo de aportes, sino que impacta la confianza sobre el proceso de implementación del acuerdo con las Farc a nivel regional y local, que es en donde debe cimentarse una paz estable y duradera.