El debate político de ahora por el poder provoca  inquietudes. Una de las más destacadas, indudablemente, es la estimulación emocional que impacta la atracción de los ciudadanos por los aspirantes a la Presidencia. Esa manifestación, observada con suspicacia, enseña que  la causa íntima no es, precisamente, compartir la propuesta del candidato. No, la atracción del elector es una afinidad sencillamente física. Y la conclusión no es imaginativa, comprobarlo es fácil. Basta interrogar al adepto sobre las razones de su adhesión al fulano para advertir que no hay  análisis político racional relacionado con las proposiciones, ni mucho menos un juicio de valor. Únicamente  hay un sentimiento visceral inconsciente, igual a lo que ocurre con los admiradores de los equipos de fútbol.

¿Cómo rectificar ese gravísimo defecto del derecho político a elegir? La respuesta es sencilla: educando políticamente a la ciudadanía. Pero esta enseñanza no conviene a los detentadores del poder, no les interesa que el pueblo escoja razonadamente a sus dirigentes, pues  de ser así muchos perderían sus privilegios de “estirpe” y ralea popular.

La afirmación no es una conjetura infundada. Durante 20 años y un poco más, en la televisión se realizó un programa que se llamaba “Consultorio Jurídico Popular”. Su objetivo era trasmitirle al populacho principios elementales que les vencieran su ignorancia, pues quien no conoce su derecho, en síntesis, ninguno tiene. Fue precisamente el presidente Andrés Pastrana quien impartió la orden de que se cancelara ese espacio de televisión.

Siguiendo esa misma filosofía, de educar al ciudadano si se quiere corregir el desorden y el caos que el país vive, se acaba de aprobar en el Congreso un proyecto de ley en virtud del cual se intenta garantizar la enseñanza del derecho para que no sea exclusivamente una profesión para satisfacer necesidades económicas, sino una vocación ética para luchar por la justicia. Por tanto, la novedosa reglamentación ha sido objeto de severas críticas;  algunos  “ilustres juristas” alegan que es una norma que viola el derecho constitucional fundamental de “escoger profesión u oficio”.

Quienes así opinan “confiesan”, sin escrúpulo, que el derecho es una libre profesión y que como libre que es cada quien la ejerce conforme a sus necesidades, sin que preocupe  la interpretación que  estos “tinterillos” hagan de la ley.  Por eso no extraña que  se suplante a un fiscal para obtener la libertad de un delincuente que ha defraudado al erario público o se firmen contratos oficiales con el amante. O que algunos candidatos estén haciendo propuestas constitucionales enderezadas  no a resolver las causas de raíz que patrocinan la corrupción, sino todo lo contrario, se piensa en la ley y también en la trampa. Esa ha sido la moral y ética pública  general de la historia colombiana. Para reinar hay que mantener el vicio alegando que es una virtud democrática, la garantía de un derecho fundamental.  Será la razón en un futuro para reelegir al “Chalán del Ubérrimo”