SGP, la reforma que no llegó

  • Gobernadores y alcaldes desoídos
  • Reingeniería a distribución presupuestal

 

A medida que se agota la cuenta regresiva para que el gobierno Santos entregue el poder, la lista de tareas pendientes o que quedaron a medias va en aumento. La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) es, precisamente, uno de los asuntos que ya no se concretaron en este doble mandato, pese a que desde 2016 los gobernadores y alcaldes venían urgiendo que se presentara el respectivo proyecto al Congreso, dado que trataba de ajustar nada menos y nada más que el esquema de transferencias presupuestales de la Nación para que los departamentos y municipios pudieran financiar la salud, educación, servicios públicos domiciliarios, agua potable, saneamiento básico, ahorro en el Fondo de Pensiones Territoriales, apoyo a resguardos indígenas y otros programas sociales. No es un asunto menor, y prueba de ello es que el año pasado el sistema movilizó 36,5 billones de pesos, en tanto que para el presente la cifra ascendió a 36,7 billones.

Aunque en varias ocasiones desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y otras entidades se reiteró que la reforma sería llevada al Congreso, lo cierto es que ya faltan menos de dos meses para que acabe la última legislatura y la iniciativa nunca llegó. Los llamados de las respectivas federaciones nacionales de Departamentos y de Municipios cayeron en terreno infértil pese a que advertían que si esta modificación no se aplicaba el volumen de giros presupuestales de esas jurisdicciones se vería fuertemente afectado, sobre todo a partir de 2017 porque del esquema desaparecían ajustes anuales por inflación causada y crecimiento real de la economía. El Gobierno, sin embargo, siempre replicó que aunque era necesaria la reforma en cuestión, no había riesgo de un desfinanciamiento a nivel regional y local, en gran parte porque la última reforma tributaria permitía un incremento de recursos, a tal punto que por cada 100 cien pesos recaudados por cuenta del ajuste impositivo, a las entidades territoriales irían 30 pesos.

Sin embargo, los gobernadores y alcaldes consideran que sin el ajuste constitucional y legal, no sólo al monto sino al sistema de distribución de los recursos, la brecha de pobreza y necesidades básicas insatisfechas seguirá creciendo, tanto en lo relativo a las diferencias de calidad de vida en áreas  rurales y urbanas, como en el aspecto regional. Para sustentar esa tesis traen a colación algunas de las conclusiones de un estudio de la Contraloría General sobre el SGP, según el cual así como existen territorios en Colombia con índices de desarrollo humano parecidos a países de medio-alto desarrollo europeo, también hay regiones, entre ellas las más apartadas y rurales, que registran índices similares a los que sufren varios de los países más pobres en Asia y África.

Es claro, en todo caso, que por más que las cifras oficiales resalten un aumento constante en la cantidad de personas que han salido de las franjas de pobreza e indigencia, también es indudable que el país continúa arrastrando altos índices de inequidad socio-económica.

Es allí, entonces, en donde la reforma al SGP cobra una mayor urgencia. Es necesario entender que por más que se avance en materia de descentralización con temas como la  Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, el nuevo Sistema Nacional de Regalías, los llamados “Contratos Plan” y el enfoque regional y local más marcado en la construcción y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, entre otros cambios en los últimos años, todo ello podría quedarse en el papel si el esquema de transferencias presupuestales no se ajusta con un énfasis progresivo y social. Por ejemplo, es imposible solucionar crisis como las de la salud pública en departamentos y municipios o el rifirrafe constante con los docentes oficiales, sin que el Congreso apruebe una modificación a la ley 715 de 2001 que fija los criterios de giro de los recursos que la Nación transfiere a las regiones por mandatos de los artículos 356 y 357 de la Constitución. Una prueba de la necesidad de tal ajuste normativo es que uno de los puntos más fuertes de discordia entre el Gobierno y Fecode -que citó un nuevo paro de maestros para mayo- es lo relativo a la reestructuración de SGP.

Está visto que el saliente Ejecutivo le quedó debiendo esa reforma al país. Los candidatos presidenciales han realizado algunas propuestas al respecto, pero no de la forma puntual y detallada que se esperaría para un asunto de tanta sensibilidad para la gobernabilidad y superación de las falencias socio-económicas en las regiones. A los distintos partidos que tendrán el dominio del próximo Congreso poco se les escucha al respecto, pese a que sus votaciones provienen de esos departamentos y municipios que hoy urgen modificar el SGP. Habrá que seguir esperando.