¿Y la seguridad, qué?

  • Cobarde asesinato de policías en Urabá
  • El “Clan del golfo”, amenaza creciente

 

El asesinato ayer de ocho integrantes de la Policía cuando patrullaban en zona rural de San José de Urabá (Antioquia) es un hecho de extrema gravedad que evidencia que la situación de orden público en Colombia se está deteriorando otra vez. Todo hace indicar que esta nueva tragedia que enluta a la Fuerza Pública y a todo el país tiene como responsables a facciones del llamado “Clan del golfo”, la banda criminal más extendida y peligrosa a nivel nacional, contra la que se desarrolla desde hace tres años “Agamenón”, una de las operaciones militares y policiales más intensivas de las últimas décadas que ha dejado, tras casi 580 acciones de asalto y 870 allanamientos, cerca de dos mil de sus integrantes capturados o abatidos, entre ellos varios de sus principales cabecillas. Incluso hace dos semanas el tercero al mando de esa “Bacrim”, que era conocido con el alias de “El indio”, fue dado de baja por la Policía en Córdoba.

Si bien no es la primera vez que esta banda criminal, al mando de Darío Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, atenta contra la Policía, a tal punto que tras la captura o abatimiento de sus cabecillas ha implementado los llamados ‘planes pistola’ para asesinar uniformados de forma indiscriminada, un ataque con explosivos como el que se perpetró ayer no se había registrado. Fue una acción terrorista de alto calado, muy superior incluso a los ‘paros armados’ que ha tratado de impulsar en distintas regiones en los últimos años. Aunque es evidente que “Agamenón” ha permitido golpear de forma contundente tanto la estructura como la cúpula del “Clan del golfo”, lamentablemente esa banda criminal ha demostrado tener una alta capacidad de reciclaje de mandos medios y altos.

Por otra parte es obvio que tras una acción tan grave como la perpetrada ayer se complicaron en forma sustancial las posibilidades de aprobación del proyecto de ley que presentó el Gobierno semanas atrás al Congreso en busca de crear un marco legal flexible para que esta clase de “grupos armados organizados” se sometan de forma colectiva a la justicia. La iniciativa en cuestión plantea un procedimiento especial para la judicialización de bandas criminales que “bajo la dirección de un mando responsable, ejercen sobre una parte del territorio, un control tal que les permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”. Hoy por hoy esta clase de sometimientos sólo es posible de forma individual, pero como varias de las “bacrim” han manifestado su intención de que el Estado les dé una salida jurídica para desactivarse, entonces se pensó en crear ese marco legal, que ofrece algunas rebajas de pena a quienes se acojan al mismo a cambio de la confesión de todos sus crímenes y la entrega de bienes para reparar a sus miles y miles de víctimas.

Aunque el Gobierno siempre ha insistido en que no se reconocerá ningún tipo de estatus político a estos “grupos armados organizados” y que sólo se ofrece un esquema flexible para forzar su sometimiento a la justicia, es claro que lograr su desactivación colectiva no es nada fácil. De un lado porque se trata de estructuras ilegales que no son verticales y tienden a ser muy atomizadas en las regiones, en donde ‘enganchan’ a bandas delincuenciales locales que se alquilan al mejor postor. De otra parte, estas bandas funcionan como ‘carteles’ que se dedican al negocio del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando de armas, el secuestro, la extorsión y tienen a su servicio peligrosas ‘oficinas de cobro’…  Es más, mientras que en algunas zonas se disputan con el Eln, las disidencias de las Farc y bandas rivales el dominio de la actividad delictiva, en otras se asocian a las mismas. Las propias estadísticas del Ministerio de Defensa señalan que al sólo “Clan del golfo” se le han decomisado más de 200 toneladas de cocaína que puestas en las calles de Estados Unidos bien podrían valer más de 6.000 millones de dólares. Incluso, se han ocupado bienes con destino a extinción de dominio que tendrían un valor superior a los 200 millones de dólares.

Visto todo lo anterior, es claro que esta banda criminal está convertida, hoy por hoy, en una de las mayores amenazas -sino la mayor- a la seguridad y el orden público en Colombia. Aunque el esfuerzo de las autoridades en su contra ha sido importante y con muchos golpes certeros en tres años, hechos como el ocurrido ayer en Urabá evidencian que la estrategia tiene que redoblarse antes de que las víctimas de la Fuerza Pública y los civiles continúen aumentando día tras día.