Cuando están por cumplirse dos años y medio del periodo de los actuales mandatarios regionales, son cuatro los departamentos con gobernador encargado porque los titulares están encartados.
Ayer el presidente Juan Manuel Santos designó a Sandra Howard Taylor, actual viceministra de Turismo, para que se ocupe de San Andrés y Providencia, luego de que la Procuraduría suspendiera por tres meses a Ronald Housni, investigado por presuntas irregularidades en contratación en el sector salud.
También hay en la actualidad gobernadores encargados en Córdoba, Amazonas y La Guajira. Una situación parecida viven desde hace meses dos ciudades capitales de departamento: Riohacha (La Guajira) y Cartagena (Bolívar).
Esta situación pone en dificultades el cumplimiento de los planes de desarrollo que en estas regiones del país presentaron los mandatarios elegidos en los comicios regionales el 25 de octubre de 2015, porque la función de los gobernadores encargados, designados por el Presidente de la República, o los alcaldes encargados, nombrados por el respectivo mandatario departamental, se limita a que las entidades territoriales funcionen administrativamente mientras que se resuelve la situación del titular.
En los casos de Cartagena y Amazonas, ya se ve luz al final del camino porque en el primer caso, el alcalde Manolo Duque renunció por las investigaciones que hoy lo tienen privado de la libertad en centro carcelario; mientras que en el segundo, se produjo una vacancia absoluta en el cargo después de que Manuel Antonio Carebilla fuera condenado por corrupción mientras fue representante a la Cámara.
En San Andrés y Córdoba la vacancia se da por la suspensión de los titulares; por tanto, hay que esperar que se cumpla el término que fijó la Procuraduría General de la Nación para que retornen a despachar. Mientras que lo referido al gobernador de La Guajira es más complicado, porque está en la cárcel investigado por corrupción al elector, y hay que esperar a que la justicia defina su situación jurídica.
Las situaciones
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses al gobernador de San Andrés, Ronald Housni Jaller, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos para la operación del servicio de salud y entrega de medicamentos al Hospital Clarence Lynd Newvald.
La investigación también cobija al actual secretario de Salud del departamento Adolfo Lambis, a la exgobernadora Aury Socorro Guerrero y a los exsecretarios de Salud, Miguel Alfredo May y Heyder Enrique Avendaño.
El procurador Fernando Carrillo cuestionó la operación de la IPS Universitaria, contratada para gestionar el hospital, por su deficiente servicio, falta de especialistas, escasez de insumos, medicamentos y de personal para la atención. “Estamos hablando de la vulneración de los derechos a la salud en un territorio tan estratégico y tan fundamental para la defensa de nuestra soberanía”.
La Procuraduría cuestionó que pese a que el gobernador Housni Jaller conocía la deficiente prestación de los servicios de salud, celebró nuevamente un convenio con la IPS Universitaria (1134 de 2017), sin tomar las medidas para superar el caos institucional.
En tanto que hace ocho días el Ministerio Público prorrogó por tres meses la medida cautelar de suspensión provisional del gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, investigado por su presunta responsabilidad en el cartel de la hemofilia.
El Ministerio Público señaló que la prórroga de la suspensión provisional está justificada, teniendo en cuenta que se mantienen los elementos de juicio que permiten acreditar la probable interferencia del gobernador en el trámite del proceso.
La investigación disciplinaria busca esclarecer los hechos y presuntas irregularidades en el pago de más de 1.500 millones de pesos a la IPS San José de La Sabana S.A.S., para la atención de catorce falsos pacientes presuntamente diagnosticados con hemofilia. Mientras tanto Sandra Devia seguirá como gobernadora encargada de Córdoba.
En el caso de la Gobernación de Amazonas, el próximo domingo habrá elecciones atípicas después de que en noviembre pasado la Corte Suprema de Justicia condenó a catorce años siete meses de cárcel a Carebilla.
En días pasados, la Casa de Nariño nombró como gobernador encargado al ingeniero Omar Sánchez en reemplazo de César Lugo, que llevaba dos años despachando.
En La Guajira a principios de 2017 fue elegido en comicios atípicos Wilmer González, después de que el Consejo de Estado anulara la elección de Oneida Pinto. Sin embargo, cuando llevaba apenas cerca de seis meses en el cargo, el Tribunal Superior de Bogotá lo envió a la cárcel por presuntamente haber entregado mercados, tejas y hasta chivos a población de escasos recursos en este departamento a cambio de votos en las elecciones que ganó en noviembre de 2016.